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Mal y de malas la actual Legislatura

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Lo que ayer vivieron los actuales diputados locales que asistieron al Salón Verde del Congreso del Estado a la reunión previa a la sesión donde sería electo su representante ante el Consejo de la Judicatura fue un hecho bochornoso y vergonzoso, porque quedó demostrado que nueve legisladores carecen de valor para honrar su palabra y respetar los acuerdos que los ayude a ganar un poco de prestigio.

Al no avanzar en la construcción del consenso para llevar a cabo el mencionado nombramiento y el nulo avance de las negociaciones que existían sobre el tema, los diputados decidieron reunirse en el lugar antes citado para acordar que la propuesta que obtuviera más votos sería la que finalmente contaría con el respaldo mayoritario en el pleno a fin de agotar el procedimiento legislativo.

Una vez que llevaron a cabo ese ejercicio tras el acuerdo alcanzado y pactado, el ex consejero electoral Raymundo Amador García que realmente era impulsado por José Luis Ángeles Roldán, mejor conocido como “El Patrón”, fue el que obtuvo trece votos sobre otra propuesta que sumó doce votos y que era respaldada por los morenistas Víctor Manuel Báez López y María del Rayo Netzahuatl Ilhuicatzi.

Sin embargo, cuando el tema fue tratado en la sesión ordinaria de ayer jueves, resulta que Raymundo Amador logró los mismos trece votos que obtuvo en el Salón Verde, por lo que se optó por un receso a fin de conocer las razones por las cuales algunos diputados no cumplieron con lo pactado.

Fue entonces que la dupla de legisladores integrada por Víctor Manuel Báez y el indefinido Miguel Ángel Covarrubias Cervantes desconoció el acuerdo para elegir al representante del Congreso del Estado ante el Consejo de la Judicatura, acción que también habría sido respaldada por la convenenciera perredista Laura Yamili Flores Lozano, la oportunista panista Leticia Hernández Pérez, la limitada e intrascendente María del Rayo Netzahuatl y otros legisladores más que al comprobar la tibieza del torpe y sonso diputado presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Jesús Rolando Pérez Saavedra, decidieron no honrar su palabra.

Sin alcanzar un nuevo acuerdo durante el receso, los diputados locales reanudaron la sesión y sometieron a una segunda ronda de votación la elección del representante del Congreso ante el Consejo de la Judicatura, obteniendo el mismo resultado de la primera votación, salvo que en esta ocasión la gris y manejable diputada del PT, María Félix Pluma Flores, recibió la instrucción de salirse de la sesión al igual que Jesús Rolando Pérez.

Raymundo Amador sólo sumó trece de los diecisiete que requería para obtener el cargo. Su nombre ya no será incluido y ahora los diputados locales deberán analizar otras opciones.

El hombre y la mujer valen por el cumplimiento de su palabra.

La negociación para nombrar en las próximas horas al representante del Congreso del Estado ante el Consejo de la Judicatura será complicada y dura. Báez López junto con su inseparable colega Miguel Ángel Covarrubias cree que tienen la fuerza para imponer a Pablo Cadena Romero y la soñadora María del Rayo Netzahuatl piensa que cuenta con los atributos necesarios para lograr esa posición para su inexperta recomendada de nombre Edith Alejandra Segura Payan.

Si el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Jesús Rolando Pérez Saavedra, pusiera más interés y dedicación a su trabajo quizá ese procedimiento no se hubiera complicado ni hubiera alentado más la división entre los diputados que integran la Cuarta Transformación, pero como ese mediocre político sólo tiene tiempo para enfocarse a su maestría y en atender asuntos ajenos a la actual legislatura, permite que todos metan las manos y se entorpezca una resolución.

La actual legislatura no da una y hasta el procedimiento más sencillo suele complicársele, lo cual es absurdo porque su trabajo, actuación y proceder es decepcionante.

Se caen los favoritos al Consejo de la Judicatura

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Los aspirantes que se mencionaban como favoritos para ocupar la representación del Congreso del Estado ante el Consejo de la Judicatura se cayeron y finalmente los diputados locales decidieron armar dos ternas una de mujeres y otra de hombres. De esas seis propuestas saldrá el elegido que en poco tiempo formará parte de la burocracia dorada del Poder Judicial.

Tras intensas negociaciones, los legisladores decidieron que a la final de ese proceso merecían llegar Edith Alejandra Segura Payan, la ex consejera electoral Claudia Acosta Vieyra y Luz María Vázquez Ávila.

La terna de los varones está conformada por Raymundo Amador García, Pablo Cadena Romero y Alberto Herrera Vázquez, quien hasta hace unos días se venía desempeñando como secretario proyectista del actual magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE), Fernando Bernal Salazar.

Edith Alejandra Segura y Raymundo Amador resultan ser una sorpresa porque sus nombres no aparecían en la lista de los 23 aspirantes que cumplieron con la primera base de la convocatoria que regula el proceso de selección.

Para muchos resultó extraño que ahora ese par hayan sido incluidos en las ternas, porque pareciera que alguno de los dos ya tendría la bendición que se requiere para llegar al disputado puesto.

Se dice que los diputados morenistas Víctor Manuel Báez López y María del Rayo Netzahuatl Ilhuicatzi son los más interesados en el proceso, pues el primero impulsa a Raymundo Amador que es su asesor jurídico y un recomendado del magistrado Mario de Jesús Jiménez Martínez y la segunda hace todo lo posible por dejar en ese cargo a su secretaria particular Edith Alejandra Segura, quien no tiene más mérito que ser empleada de la presidenta de la Comisión de Finanzas y Fiscalización del Congreso del Estado.

Aunque la decisión de nombrar al representante del Congreso del Estado ante el Consejo de la Judicatura corresponde a los 25 legisladores tlaxcaltecas, la realidad apunta que dos magistrados del TSJE han extendido sus intereses hasta el Poder Legislativo para tratar de influir en ese nombramiento que representa poder en ese organismo que se encarga de administrar los recursos y el personal del Poder Judicial.

Las negociaciones entre diputados se reanudarán esta mañana en que se espera alcanzar el consenso para definir quién será el nuevo representante de los legisladores ante el Consejo de la Judicatura.

Ninguna de las propuestas que se mencionan ha logrado reunir los 17 votos que se necesitan para ser avalada ante el pleno, pese a las súplicas que llevan a cabo a sus compañeros los morenistas Báez López y Netzahuatl Ilhuicatzi.

En unas horas más se verá quién fue el ganador y el beneficiado con ese nombramiento.

Camachito limpia la casa y rescata a marianistas

Urgido de dar resultados y superar las metas que otros ex funcionarios hicieron demostrando su buen trabajo, el director del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Tlaxcala (Icatlax) y coordinador del Sistema Estatal de Promoción del Empleo y Desarrollo Comunitario (Sepuede), Manuel Camacho Higareda, decidió correr al personal heredado por el gris Florentino Domínguez Ordoñez, porque después de seis meses de haber asumido su puesto comprobó que no saben del tema y que se dedicaban a cobrar sin dar frutos.

El cuasi poeta que suele presumir de ser un eficiente y aplicado funcionario que se desvela para firmar documentos oficiales y revisar el cumplimiento de metas, optó por rescatar a ex empleados del Icatlax y del Sepuede que trabajaron durante la administración del hacendado gobernador Mariano González Zarur, mismos que saben y conocen las entrañas de esos dos organismos y que ayudarán a cumplir con los objetivos luego que el año pasado se cayeron los indicadores de ambas dependencias.

Los marianistas que fueron rescatados y que trabajaron con las ex directoras del Sepuede-Icatlax Beatriz López Rojas y Maricela Cuapio Cote son Luis Pérez, quien ya despacha como nuevo director del Servicio Nacional de Empleo, personaje que llegó gracias a la venia de la primera ex funcionaria que por cierto enfrenta un proceso por desvío de recursos.

El otro nombramiento fue el de Ernesto Miramoso, de quien se dice sólo cuenta con prepa y gracias a sus encantos llegó a esa posición. Este personaje se incrustó en el Sepuede en los tiempos de Maricela Cuapio.

Estos cambios formarían parte de la lucha intestina entre funcionarios menistas. Se dice que tanto Camachito como Florentino se andan disputando la candidatura del PRI al gobierno del estado y de paso el afecto de su jefe, de ahí que el primero decidió barrer de su área de influencia todo lo que huela al “Profe”.

Finalmente le cuento que si alguien dudaba del poder e influencia de Luis Hernández López, ex Secretario General de Acuerdos del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala y futuro representante del Poder Ejecutivo ante el Consejo de la Judicatura, cheque los nombramientos que ayer se hicieron en el TSJE y comprobará que su esposa Maricela Enriqueta Carmona Huerta escaló una posición y ahora es la titular de la Unidad de Igualdad de Género.

A los diputados se les hizo bola el engrudo

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Un procedimiento legislativo que a simple vista no resultaba nada complicado porque Morena y sus aliados el PT y el PES que son mayoría en el Congreso del Estado podrían haberse quedado con la posición que implica nombrar al representante del Poder Legislativo ante el Consejo de la Judicatura, se ha enredado y los diputados locales se encuentran más divididos que nunca al grado que no saben cómo concluirá esa designación y menos quién será el beneficiado o beneficiada.

De la enorme lista de 23 aspirantes a ocupar el mencionado cargo, hasta ahora ninguno ha logrado el consenso y mucho menos los 17 votos que se requieren para ser nombrado por el Congreso del Estado, aunque hay que mencionar que algunos siguen siendo impulsados pese a no tener buenos antecedentes.

Al interior del Poder Legislativo no existe un criterio o un argumento definido para llevar a cabo la designación de ese funcionario, pues si bien se hablaba de la posibilidad de favorecer a un varón, ayer hubo diputadas y diputados que apelaron a la cuestión de equidad de género y se empezó a manejar la versión que la futura representante del Congreso del Estado el Consejo de la Judicatura sería mujer, ya que el actual es hombre y responde al nombre de Álvaro García Moreno.

Se dice que Erick Hernández Xicohténcatl, ex funcionario municipal de la administración panista de Adolfo Escobar Jardínez, Carlos Eduardo Jiménez Casco, pariente del magistrado Mario de Jesús Jiménez Martínez y del ex magistrado Justino Hernández Hernández, así como Claudia Acosta Vieyra, ex consejera electoral son algunos de los aspirantes que tiene más posibilidades de ser designados.

Sin embargo, hasta anoche no había nada definido y tampoco se tenía claro quiénes conformarían la terna de aspirantes que será presentada al pleno para que los diputados voten y designen a su futuro representante.

Morena, el PT y el PES no terminan por entender que tienen la mayoría en el Congreso del Estado y que podrían ejercerla para impulsar su propuesta, pero como están divididos y confrontados permiten que la chiquillada integrada por el PAN, PRD, PRI y otros diputados de diferentes partidos presionen y entre al juego del reparto de posiciones, lo que al final complica la toma de decisiones.

El proceso de aprendizaje de los actuales diputados locales pareciera que nunca terminará porque conforme pasan las semanas se observa que su actuar es errado y que sus decisiones son improvisadas.

Ojalá alguien ilumine a los legisladores para que asuman la decisión correcta, porque las últimas han dejado mucho que desear.

El conflicto que viene

La publicación de las reformas a la Ley de Comunicaciones y Transportes donde se legaliza la operación de las plataformas digitales de transporte ofrecido por particulares amenaza con convertirse en un conflicto que pondrá a prueba al gobierno de Marco Antonio Mena Rodríguez que deberá ejercer su autoridad para evitar que los transportistas tlaxcaltecas generen caos e inestabilidad una vez que se publiquen esas modificaciones legales y entren en vigor.

Los concesionarios de unidades del servicio público de pasajeros que fueron engañados por los diputados locales que al final si autorizaron la operación en Tlaxcala de empresas como Pronto y Uber, ahora encaminan su malestar y presión contra el gobierno del estado para que éste evite la publicación de esas reformas, para lo cual amagaron con cerrar las principales carreteras de la entidad y proceder a detener a las unidades que ofrezcan sus servicios a través de aplicaciones de internet.

Si los transportistas lanzaron esas amenazas es porque están dispuestos a recurrir a la presión para lograr su objetivo, sobre todo porque en los encuentros que han tenido con el secretario de Gobierno, José Aarón Pérez Carro, ya comprobaron que se trata de un funcionario blandengue que le falta carácter y tamaños para imponerse.

El gobernador Mena ya declaró que publicará las reformas, por lo que seguramente ya tiene medidos a los transportistas y la forma que empleará para disolver en el menor tiempo posible su inconformidad.

En los próximos días veremos si el gobierno del estado se preparó bien para enfrentar el malestar de los transportistas o si éstos se ponen rudos y son capaces de presionar a las autoridades.

Siguen destapando la cloaca de la USET

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Conforme pasan los meses y los años se comprueba que una dependencia estatal que opera con anomalías, esconde y fomenta la corrupción y solapa múltiples irregularidades administrativas y financieras es la Unidad de Servicios Educativos de Tlaxcala (USET), donde cada responsable que llega a la titularidad lejos de corregir esas aberraciones se aprovecha de ellas para obtener beneficios y apapachar a sus allegados.

No hay auditoría que se practique a la mencionada dependencia estatal y que ésta no incluya observaciones que presuman un daño patrimonial.

Hace unos días se documentaron las presuntas anomalías al interior de la USET sobre el pago y protección a funcionarios de esa dependencia que cobran horas clases y plazas sin trabajar, las cuales estarían siendo investigadas por la titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP) federal, Irma Eréndira Sandoval Ballesteros.

A esas inconsistencias hay que sumar los resultados de la revisión que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) hizo a los recursos del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo que ejerció el gobierno del estado a través de la USET.

En términos generales esa instancia revisora determinó que tan sólo en el 2018 se encontraron anomalías financieras por más de 35 millones de pesos, de los cuales sólo se pudieron recuperar a través de diferentes medidas aplicadas por la ASF la irrisoria cantidad de más de 320 mil pesos.

Lo anterior dejó un monto pendiente y por aclarar superior a los 35 millones de pesos.

Esa revisión que corresponde al 2018 involucra la desastrosa gestión del cuasi poeta Manuel Camacho Higareda, que aunque lo niegue dejó una estela de corrupción en la Unidad de Servicios Educativos de Tlaxcala.

Las auditorías practicadas a esa dependencia mientras Camacho Higareda aparecía como responsable han documentado sobreprecios, contratación irregular de servicios, aviadores, exceso de pago de horas clase y de plazas, préstamos irregulares y otras anomalías más que reflejan que ese funcionario salió tan malo y deficiente como sus antecesores que en unos años acumulan riquezas inexplicables.

La ASF detectó que en el 2018 hubo 300 casos de trabajadores que cobraban puntualmente su salario pero que éstos nunca fueron ubicados en su centro de trabajo, situación que obviamente fue autorizada y solapada por el truculento Manuel Camacho que al dejar el 28 de agosto del año pasado la titularidad de la USET heredó todos los problemas de presuntas anomalías administrativas y financieras al gris Florentino Domínguez Ordoñez.

El “Profe” Domínguez deberá dedicarle tiempo y trabajo a corregir y tapar las cochinadas de su antecesor y cargar con el desprestigio que implica dirigir una dependencia estatal plagada de corrupción, por lo que quizás debería empezar a despedirse de la candidatura del PRI al gobierno del estado porque cada vez se ve más difícil que pueda disputarla y obtenerla.

El informe de los resultados de las revisiones de la Auditoría Superior de la Federación correspondiente al 2018 apenas se está conociendo, por lo que conforme se revisen esos documentos se irán conociendo otras inconsistencias que seguramente dejarán muy parados a uno que otro funcionario de la actual administración.

Por lo pronto se vuelve a confirmar que la USET sigue operando con graves anomalías.

Nueve meses para que arranque legalmente la sucesión

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Han pasado prácticamente enero y febrero de este año y las preferencias de los ciudadanos hacia los aspirantes a la gubernatura no han sufrido cambios radicales, por lo que los siguientes meses serán claves para que el PRI, el PAN , el PRD y otros partidos políticos con presencia en Tlaxcala decidan si establecerán una alianza opositora o si cada uno optará por participar con un candidato propio para ganar las elecciones del 2021 y enfrentar la fuerza de Morena y sus aliados que al parecer aún tiene empuje para disputar sin muchos problemas el poder.

Las dirigencias estatales de los principales partidos políticos han comprendido que sus posibilidades de obtener el triunfo por sí solos en los comicios intermedios del siguiente año son pocas, de ahí que no han suspendido las pláticas y las reuniones con el propósito de lograr un consenso que pudiera traducirse en una amplia alianza opositora, la cual tendría que ser encabezada por el aspirante opositor mejor posicionamiento y el que garantice el respeto a los acuerdos y la inclusión de todas esas fuerzas en el gabinete estatal en caso de que ganaran las elecciones.

En Morena la disputa por la candidatura al gobierno de Tlaxcala está centrada entre la actual “super delegada” de la administración federal, Lorena Cuéllar Cisneros y el senador y dirigente estatal de Morena, Joel Molina Ramírez.

Aunque también se menciona a la legisladora federal Ana Lilia Rivera Rivera y a otros desconocidos militantes morenistas, la realidad es que la pelea en el partido del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, es sólo de dos y de nadie más.

En el PAN hay tres aspirantes que si bien no dejan de trabajar y tener presencia mediática, lo cierto es que la senadora Minerva Hernández Ramos no crece en las preferencias, al igual que la eterna aspirante a gobernar la entidad la diputada federal Adriana Dávila Fernández. El ex diputado local y empresario Juan Carlos Sánchez García ( Saga) suele hacer ruido y figurar en los estudios de opinión, pero no tiene lo suficiente para ser considerado como un contendiente serio en ese partido.

El PRD está desmantelado y sin figuras. Sólo está en espera de sumarse a una alianza opositora que le permita sobrevivir. Tiene una dirigencia estatal porril que en los últimos meses ha recurrido al golpeteo tanto al gobierno federal como estatal para lograr alguna presencia mediática, porque si no fuera por esa actitud nadie hablaría ni se acordaría de ese partido con un fuerte olor a cadáver.

Por lo que respecta al PRI, las circunstancias y las condiciones parecen favorecer a la presidenta municipal de Tlaxcala, Anabell Ávalos Zempoalteca, quien es la única militante de ese partido que trabajó en hacer realidad sus aspiraciones de convertirse en candidata y ser la sucesora del actual mandatario estatal Marco Antonio Mena Rodríguez.

Florentino Domínguez Ordoñez, actual secretario de Educación Pública en Tlaxcala no aprovecho la posición ni el respaldo que recibió de Mena Rodríguez. Lejos de mostrar capacidad y apertura, sólo se concentró en la estructura de la dependencia como si eso fuera suficiente para obtener la nominación y ganar los comicios del próximo año.

El resto de los aspirantes como Noé Rodríguez Roldán, líder del PRI en Tlaxcala, Anabel Alvarado Varela, actual secretaria de Turismo y el cuasi poeta metido a político con disfraz de mediocre funcionario estatal Manuel Camacho Higareda, no crecieron ni tampoco generaron ninguna emoción entre los priistas y los tlaxcaltecas, de ahí que ya fueron bajados de la carrera por la sucesión aunque ellos sigan pensando que aún están en el juego.

El próximo 5 de diciembre iniciará formalmente el proceso electoral en Tlaxcala. Para esa fecha se estima que Lorena Cuéllar y Joel Molina habrán dejado sus actuales cargos y estarán trabajando en sus proyectos a fin de formar parte de las propuestas que incluya Morena para someterlos a una medición a través de una encuesta y así se defina quien será el candidato oficial de ese partido.

Antes de esa fecha quizá se conozca si en Tlaxcala prosperaron las pláticas y negociaciones para conformar un bloque opositor amplio en el que participe el PRI, el PAN, el PRD y otros partidos. Anabell Ávalos se perfila para encabezar esa alianza y seguramente ocupará estos meses para sumar más grupos y políticos a su proyecto, porque está comprobado que en la entidad llega a gobernar quien hace los mejores y más diversos amarres.

La sucesión cada vez se pone más interesante.

La carga pesada del PRI y el amarre de la sucesión

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La semana que está por concluir deja muy malas noticias para el PRI que en los próximos meses tendrá que cargar una pesada loza que representará el escándalo de la detención y proceso penal que Emilio Ricardo Lozoya Austin, ex director general de Pemex durante la administración del presidente Enrique Peña Nieto, enfrentará por presunta corrupción y otras anomalías.

A lo anterior hay que sumar la brutal caída del 76 por ciento que a nivel nacional registró el número de afiliados al ex partidazo, ya que refleja el desánimo que existe entre sus seguidores que al parecer no están dispuestos a revivir al PRI que no encuentra la fórmula para recuperar el respaldo y apoyo de los ciudadanos.

Sin poder quitarse el estigma de ser un partido integrado por políticos corruptos, el PRI deberá enfrentar el rechazo y desprestigio que provocará el escándalo del caso de Lozoya Austin que seguramente involucrará a otros ex funcionarios priistas del gobierno de Peña Nieto, situación que si no es contenida afectará las campañas políticas de este año y su nivel de aceptación y competencia rumbo a los comicios intermedios del 2021.

Antes de que se diera la detención en España del ex director general de Pemex, el INE depuró los padrones de militantes de los actuales partidos políticos y reveló que el PRI perdió, en esa revisión, más de 4.9 millones de miembros, con lo cual se comprueba que el tricolor no ha podido superar el desánimo que le dejó la dolorosa derrota del 2018 cuando no pudo retener la presidencia de México, las posiciones en el Senado y en la Cámara de Diputados, así como el control de varios Congresos estatales.

En Tlaxcala el fantasioso líder del PRI, Noé Rodríguez Roldán, insiste en que el tricolor está más vivo que nunca y que para marzo tendrá 45 mil afiliados, de ahí que ese timorato dirigente nunca reconocerá que ese partido dejó de tener fuerza y presencia y que su actual estructura está compuesta por puro cascajo.

Seguramente piensa igual que otro ex dirigente estatal del PRI y que hoy se desempeña como secretario de Fomento Agropecuario de nombre Arnulfo Arévalo Lara, quien asegura que los 87 mil campesinos y productores que tiene registrados en la dependencia y que de alguna u otra forma reciben un apoyo del gobierno de Marco Antonio Mena Rodríguez votarán por el PRI en las elecciones del 2021.

El panorama para el PRI rumbo a la sucesión del siguiente año es desalentador y complicado. Las mediciones de diferentes estudios demoscópicos confirman que la única precandidata que creció y logró consensos fue Anabell Ávalos Zempoalteca, la actual presidenta municipal de Tlaxcala, pues los demás aspirantes se estancaron o se perdieron por su tonta soberbia, porque lejos ponerse a trabajar en su posicionamiento en realidad utilizaron su cargo en el gobierno del estado y el tiempo para alimentar su enorme ego.

Con el pretexto de entregar a la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) los documentos oficiales para lograr la Declaratoria del Conjunto Conventual de San Francisco como Patrimonio Mundial, el gobernador Marco Mena y la alcaldesa Anabell Ávalos viajaron a París, Francia, donde seguramente se habló y muy probablemente se pactó la sucesión.

La priista ha venido tejiendo fino no solo con otros partidos e influyentes grupos políticos de Tlaxcala, sino que al interior del PRI siempre se ha mostrado disciplinada y leal al mandatario Mena, por lo que no sería extraño que en los próximos días se le vea redoblando su trabajo y alianzas para lograr su objetivo de despachar en la oficina principal del Palacio de Gobierno.

En Tlaxcala muy pronto se hablará del inicio formal de los trabajos para establecer una alianza entre el PRI, el PAN y el PRD rumbo a las elecciones del 2021, lo que seguramente pondrá nervioso a Morena y sus aliados porque saben que si se concreta una coalición de ese tamaño y con Anabell Ávalos a la cabeza enfrentarán una real y verdadera competencia.

El PRI y Marco Mena siguen moviendo las piezas del ajedrez de la sucesión y por lo que se ve están llevando a cabo movimientos de precisión.

El reparto de cuotas, el eterno cochinero del TSJE

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Si alguien pensó que la llegada del “morenista” Fernando Bernal Salazar a la presidencia del Tribunal Superior de Justicia en el Estado (TSJE) traería un cambio, una limpia o un transformación, puede mandar al cagadero esa idea o propósito porque basta con ver los nuevos nombramientos al interior del Poder Judicial para comprobar que sigue el reparto de cuotas entre los magistrados, el amiguismo y la simulación.

Bernal Salazar resultó ser un fantoche que está muy lejos de representar y hacer efectivos los principios de Morena y del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en el sentido de no mentir, no robar y no traicionar, porque su gestión como nuevo representante legal del Poder Judicial de Tlaxcala será tan mala y corrupta como la de sus antecesores.

Como está a punto de irse un acosador y un nefasto funcionario (Álvaro García Moreno) que utilizó su cargo para beneficiarse como miembro del Consejo de la Judicatura, el magistrado Fernando Bernal cedió la Contraloría del TSJE a Emilio Treviño Andrade, un íntimo y querido recomendado de la magistrada y neomorenista Elsa Cordero Martínez.

Esa posición tan relevante quedó en manos de un casonova sobre quien pesan denuncias de hostigador de mujeres, vende plazas y de traficar con la justicia al mejor postor, lo cual pone el sello que tendrá la naciente gestión de Fernando Bernal.

Emilio Treviño es un ambicioso funcionario que sustituye en el cargo a Francisco Santillán Cuahutle que llegó a esa posición por su cercanía que tiene con el ex presidente del TSJE y aún magistrado Mario de Jesús Jiménez Martínez, que por cierto, ya está más cerca de Morena que del PAN, partido que lo apoyó con todo para lograr su ratificación.

La dirección de Recursos Humanos y Materiales fue para la magistrada Mary Cruz Cortés Ornelas, quien impulsó la llega de un incondicional de nombre Rubén Gutiérrez Vélez. Éste tipo que no sabe hacer nada y lo demostró muy bien cuando se desempeñaba como el encargado de los Bienes Muebles e Inmuebles del tribunal sólo escaló una posición por ser un mozo obediente.

Se sabe que Gutiérrez Vélez era uno de los chalanes de Marianito González Aguirre, el hijo del ex gobernador Mariano González Zarur. Se destacaba porque era uno de los que ayudaba a cargar, sin problema, los portafolios llenos de dinero que se repartían en las pasadas campañas del PRI.

Y como no podía quedar por más tiempo fuera de los beneficios y el reparto de cuotas, el magistrado Héctor Maldonado Bonilla alentó la llegada Mario Franz Subieta Zecua como Jefe de la Unidad de Transparencia y Protección de Datos Personales.

Ese gris funcionario que se incrustó en la nómina del Poder Judicial durante el gobierno del hacendado Mariano González tuvo la fortuna de convertirse en incondicional de la ex poderosa Georgette Pointelín González, quien es la amiga, consejera y confidente del coqueto poblano Maldonado Bonilla que no logró concluir su periodo como presidente del TSJE debido a que los magistrados decidieron quitarle ese cargo en junio del año pasado.

Esos cambios que fueron aprobados y dados a conocer ayer, forman parte de la rotación de 12 jueces y personal administrativo que también autorizaron los magistrados del TSJE, pero que no los hicieron públicos a fin de mantener oculto ese cuestionado procedimiento que pareciera que se lleva a cabo más con criterios de amistad y no de eficiencia y calidad.

Si alguien sabía de las malas mañas y el hambre del magistrado Fernando Bernal era el ex gobernador Mariano González que operó para sacarlo del Poder Judicial de Tlaxcala, pero que nunca se concretó por los errores cometidos por los diputados de pasadas legislaturas.

Ese abogado triquiñuelas logró hace unos meses su reincorporación al TSJE gracias a los diputados de Morena y a la recomendación de Joel Molina Ramírez, senador y líder de ese partido. Hoy para desgracia de los tlaxcaltecas Bernal Salazar lleva a esa institución al desprestigio y a construir el monumento más grande a la corrupción en Tlaxcala.

Los impolutos magistrados andan insaciables y por esa razón también operan para imponer al representante del Congreso del Estado en el Consejo de la Judicatura. De los 13 aspirantes registrados a ese cargo, el cuestionado ex alcalde panista de Teolocholco, Pedro Tecuapacho Rodríguez y el sobrino de Mario de Jesús Jiménez y del ex magistrado Justino Hernández Hernández de nombre Carlos Eduardo Jiménez Casco son lo que más se mencionan para obtener esa posición que al parecer y por lo que se ve tendrá un alto costo para quien la quiera.

Lo que pasa en el TSJE y en la gestión de Fernando Bernal da asco y eso que no tiene ni un mes como representante del Poder Judicial de Tlaxcala.

Los pleitos estériles de los diputados

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Aplaudo que los legisladores federales y locales se hayan quitado por un momento la venda de los ojos y vieran el problema de la inseguridad no sólo del país, sino de la entidad, porque realmente se requiere de algo concreto para exigir resultados al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, al gobernador Marco Antonio Mena Rodríguez y a los alcaldes que hacen lo que pueden con recursos y personal limitado.

Ante el silencio cómplice que han guardado por meses, los legisladores federales como la panista Adriana Dávila Fernández decidió sumarse al linchamiento mediático que se promueve en contra de la administración federal que encabeza López Obrador, la cual hay que decirlo que, en el poco tiempo que lleva, no ha dado resultados ni tampoco cuenta con una estrategia efectiva para contener la ola delictiva, los feminicidios y hechos violentos despiadados como el que se llevó a cabo contra la menor Fátima que indignó y conmovió al país.

Ese clima de confrontación ayer se hizo presente en la tribuna del Congreso del Estado, donde los diputados locales del PAN, PT y Morena se esmeraron en dar una clase de historia para dejar en claro quién era el responsable del clima de inseguridad y violencia que enfrenta México en estos momentos.

Tienen razón cuando uno culpó de esa situación a la administración panista del presidente Felipe Calderón Hinojosa y otro más que recordó el fracaso del gobierno priísta de Enrique Peña Nieto y que hoy replica la gestión del morenista Andrés Manuel López Obrador que, según ese diputado, no sólo ha mostrado ineptitud, sino que pareciera que respalda la impunidad.

Pero esas voces críticas y exigentes porque no se oyen en otros casos o en problemas específicos que tiene Tlaxcala en materia de inseguridad o porque no se escuchan esas quejas para pedir resultados al mandatario estatal Marco Mena y porque tampoco salen para demandar el fin de la impunidad que prevalece en la ineficiente, obscura y convenenciera Procuraduría General de Justicia del Estado.

Ojalá los panistas que están entendiblemente indignados por los feminicidios y el macabro asesinato de la menor Fátima, también hubieran mostrado la misma molestia cuando la tlaxcalteca Karla Romero Tezmol de tan sólo 12 años de edad desapareció durante el trayecto de su casa ubicada en San Pablo del Monte, Tlaxcala, a su escuela.

La omisión de la PGJE en el caso fue evidente al comprobarse que la Alerta Amber a nivel nacional se activó 22 días después de la desaparición de la niña tlaxcalteca, pues se dio aviso a la coordinación hasta el 4 de febrero de 2016.

La Procuraduría de Tlaxcala “indebida y tardíamente” emitió una “Pre-Alerta Amber” tres días después de la denuncia de los padres que se hizo el 13 de enero del 2016. Lo más grave es que esa dependencia perdió videos que se tenían sobre el presunto rapto de esa niña.

El caso de Karla Romero está en el olvido y ningún diputado federal o local o un funcionario estatal ha mostrado interés.

Respecto a la inseguridad que existe en el país y que también se refleja en Tlaxcala, valdría la pena preguntar qué postura han asumido los legisladores o qué han hecho para exigir resultados a las autoridades de los tres niveles de gobierno.

Al final del gobierno del hacendado Mariano González Zarur ya se percibía un incremento en los delitos que se registraban en el estado, por lo que al llegar al poder Marco Antonio Mena Rodríguez fue evidente que no se hizo nada para contener ese problema y la ola de robos, secuestros, asesinatos y violencia escaló posiciones.

Hasta ahora nadie ha exigido resultados al mandatario tlaxcalteca que prometió incrementar en 50 por ciento el número de policías estatales. Sólo ha comprobado patrullas y adquirido más cámara de vigilancia y equipo, pero nadie sabe cuál ha sido el beneficio de esa enorme inversión porque simplemente no se ven por ningún lado la utilidad.

Marco Mena realiza una gira internacional para concretar inversiones extranjeras en Tlaxcala y como se podrá dar cuenta ningún diputado tiene los tamaños para lanzar un señalamiento al mandatario que así como muestra interés y preocupación por seguir generando empleos y promoviendo el crecimiento económico de la entidad, también debería dedicarle tiempo al problema de la seguridad y procurar que la coordinación que tanto se presume con el gobierno federal se traduzca en hechos y no sólo palabras.

No cabe duda que a la clase política le encanta el reflector mediático y que sabe aprovechar muy bien los escándalos para llamar la atención.

Fracasa la coordinación entre autoridades

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La coordinación que tanto presume el gobierno de Marco Antonio Mena Rodríguez con la administración federal y las autoridades municipales es un fracaso en Tlaxcala, porque la inseguridad y hechos violentos no paran y no pasa una semana sin que se reporten personas asesinadas con arma de fuego, dejando en evidencia que la Procuraduría General de Justicia en el Estado en manos del ineficaz José Antonio Aquiahuatl Sánchez no puede llevar ante la justicia a los responsables de esos crímenes.

La violencia sigue escalando y tras el asesinato de una persona por un problema vial en el municipio de Apizaco el pasado domingo, ayer en Calpulalpan se registró otro hecho sangriento que dejó un hombre muerto y un menor de edad herido.

En el primer caso y gracias a la intervención de la policía de la ciudad rielera se logró detener al responsable de la agresión, aunque unas horas después la ineficiente PGJE optó por presumir que investigaría a toda una familia apizaquense por el homicidio doloso tratando a sus integrantes como viles criminales, para salir después que tres miembros quedarían libres al no tener responsabilidad en los hechos y que sólo uno quedaría detenido para enfrentar la ley.

En el segundo caso, como suele ocurrir en la mayoría de los homicidios dolosos perpetrados en la entidad, no hubo detenidos y sólo se informó que las autoridades abrirían la carpeta de investigación para tratar de dar con los responsables.

La insensible actuación de los agentes investigadores y del ministerio público demuestra que la Procuraduría General de Justicia en el Estado es la peor dependencia de la actual administración estatal, porque se ensaña con los inocentes y simplemente no actúa ni atrapa a los responsables de los homicidios dolosos y otros hechos violentos y criminales que se registran en el territorio tlaxcalteca.

Tlaxcala que según las autoridades es uno de los estados más seguros del país, en realidad es una entidad que está reprobada en la aplicación del Estado de Derecho a nivel nacional.

El “académico” procurador que es muy dado a cuestionar los señalamientos en su contra ha optado por callarse la bocota ante los datos del World Justice Project (WJP) que armó su estudio a partir de los resultados e impactos de políticas públicas. Por ejemplo, si las personas tienen acceso a tribunales, o si la delincuencia se controla de manera efectiva, y qué tanto se respeta la ley.

De acuerdo con Alejandro Ponce, jefe de investigación de WJP, los resultados muestran un preocupante detrimento en las condiciones de seguridad en la mayoría de los estados del país.

WJP es una organización internacional independiente que revisa el desarrollo del Estado de Derecho a través de la rendición de cuentas, leyes justas, gobierno abierto, y mecanismos accesibles e imparciales para resolver disputas.

Tlaxcala obtuvo 0.37 puntos, quedando en el lugar número 25 de las 32 entidades de México.

Aunque al gobierno de Mena le duela reconocer, la verdad es que su administración es un fracaso en materia de seguridad y lo mejor que podría hacer es que la coordinación con el gobierno federal que tanto presume se refleje en algún resultado o acción positiva, porque esa cantaleta ya parece burla a los tlaxcaltecas que cada día se sienten más inseguros.

Qué bonita familia parte dos

En cuestión de horas quedó demostrado que Fernando Bernal Salazar, presidente del Tribunal Superior de Justicia en el Estado mantendrá el mismo comportamiento de los últimos representantes del Poder Judicial de Tlaxcala como Mario de Jesús Jiménez, Héctor Maldonado Bonilla, Elsa Cordero Martínez, Tito Cervantes Zepeda y Justino Hernández Hernández, quienes no sólo han solapado el nepotismo, el reparto de cuotas, el amiguismo y la asignación de bonos, sino que permiten que ciertas familias se incrusten y sangren a los tlaxcaltecas.

Ayer le comentaba que Luis Hernández López dejó de ser Secretario General de Acuerdos del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala y que con la complicidad de Bernal Salazar heredó su puesto a su carnal a Carlos Hernández López.

Resulta que el primero logró meter a la nómina del Poder Judicial a su esposa que se desempeña como Subdirectora en la Unidad de Género y el segundo hizo que su pareja sentimental de nombre Angélica María Estrada tuviera la plaza primero como diligenciaría y ahora ya ostenta una de proyectista en un juzgado.

Pero además no son las únicas posiciones que tiene esa poderosa e influyente familia, pues se habla que también hay cuñados, sobrinos y otros familiares, así como amigas trabajando en el Tribunal Superior de Justicia del Estado.

Le cuento que el primer round para renovar a los integrantes del Consejo de la Judicatura lo ganó el magistrado presidente Fernando Bernal que impidió que los magistrados Mario de Jesús Jiménez y Rebeca Xicohténcatl Corona terminarán imponiendo al representante de los jueces ante ese órgano.

La nueva representante de los jueces es Dora María García Espejel que fue propuesta y cuota del magistrado Felipe Nava Lemus. Ella ocupará el lugar que dejará la jueza Leticia Caballero Muñoz.

La gris magistrada Mary Cruz Cortés Ornelas que en pocos meses abandonó el marianismo para ver exclusivamente por sus intereses es la que anda promoviendo a Luis Hernández. Ella y otros integrantes del pleno quieren que ese abogado sea designado como el nuevo representante del Poder Ejecutivo ante el mencionado consejo, lo cual de confirmarse comprobará que la familia Hernández López es poderosa y hasta capaz de someter al mismísimo gobernador Marco Mena.

La verdad es que nadie contaba con la astucia de esa familia.

La cloaca de la USET está destapada

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Las presuntas anomalías al interior de la Unidad de Servicios Educativos de Tlaxcala (USET) sobre el pago y protección a funcionarios de esa dependencia que cobran horas clases y plazas sin trabajar podría convertirse en una bola de nieve que terminará por arrastrar al manejable “Profe” Florentino Domínguez Ordoñez, que como responsable de esa dependencia sigue solapando esas graves irregularidades que al parecer ya son investigadas por la titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP) federal, Irma Eréndira Sandoval Ballesteros.

Los casos ventilados ayer por e-consulta que involucran a Juan Santillán Ramírez, Martin Hernández Bizueto y Sergio Zúñiga Hernández no sólo están documentados y detallan las horas y plazas que de manera ilegal han acumulado, sino que confirman que las inconsistencias administrativas en la mencionada dependencia no son nuevas, sino que datan del gobierno del perredista Alfonso Sánchez Anaya y que prevalecieron en las administraciones del panista Héctor Ortiz Ortiz, del priista Mariano González Zarur y del actual aprendiz de mandatario Marco Antonio Mena Rodríguez.

Al menos los últimos cuatro gobernadores de Tlaxcala han solapado y protegido esa nociva práctica en la Unidad de Servicios Educativos de Tlaxcala, al igual que los titulares de esa dependencia que seguramente también obtuvieron beneficios al dejar que hubiera trabajadores que concentraran horas clases y plazas que no pueden atender ni trabajar.

Pensar que el blandengue Florentino Domínguez hará algo para corregir esas graves irregularidades resulta ocioso, de ahí que se espera que Irma Eréndira Sandoval, funcionaria del gobierno del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, realmente investigue los casos y proceda a sancionar y corregir esas anormalidades.

Lo malo para el “Profe” y su jefe Marquito Mena es que no son los únicos casos, pues una vez que se dieron a conocer los tres asuntos arriba mencionados, los maestros tlaxcaltecas y personal de la USET empezaron a documentar otros ejemplos más de esas inconsistencias administrativas que involucran a políticos, supervisores y directores que pronto se darán a conocer.

La Unidad de Servicios Educativos de Tlaxcala es una cloaca donde pulula la corrupción.

Marco Mena terminará mal su gestión porque a su mala y mediocre actuación como gobernador, los tlaxcaltecas han empezado agregarle el estigma de corrupto porque cada vez se conocen las operaciones y negocios que estarían llevando a cabo su hermano Fabricio Mena Rodríguez y funcionarios estatales que forman parte de su principal y reducido círculo de confianza.

Mal y de malas

No lo cuente en voz alta pero le informo que la llegada de Noé Rodríguez Roldán a la dirigencia del PRI en Tlaxcala resultó más mala que buena, porque a raíz de que decidió revivir al ex partidazo con infuncionales conferencias de prensa semanales que no tienen una línea discursiva ni un objetivo definido, la intención del voto hacia el tricolor registró una caída en la entidad.

El líder priista no acierta a nada. Los alcaldes y militantes de su partido están molestos porque decidió unilateralmente dejar sólo al alcalde de Huamantla y sumarse al linchamiento del priista sin tener pruebas de que sean ciertas las acusaciones que enfrenta. Sus críticas a la administración del presidente López Obrador lejos de ganarle adeptos le han restado aceptación, porque simplemente el ex funcionario menista no entiende que Tlaxcala forma parte de los cuatro estados del país que más apoyan al tabasqueño.

Además, el trabajo que hasta ahora ha llevado a cabo Noé Rodríguez es mediático porque en los hechos no existe operación ni coordinación para enfrentar los próximos comicios. Él junto a los mediocres funcionarios menistas piensa que el PRI solo puede retener el gobierno de Tlaxcala, pero esa absurda idea no es compartida por la militancia y algunos alcaldes en funciones que perciben que la única forma de volverse competitivos es a través de una alianza con otras fuerza políticas como el PAN y el PRD.

Noé Rodríguez parece que está en sintonía con el gobernador Marquito Mena y que su objetivo es enterrar al partido y entregar el poder a Morena.