Simplemente la Sección 31 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) se niega a perder su poder político y administrativo en Tlaxcala, por lo que emprendió, con el consentimiento de su dirigente, Cutberto Chávez de la Rosa, una nueva embestida contra el secretario de Educación Pública, Homero Meneses Hernández.
Desde que Lorena Cuéllar Cisneros asumió en agosto de 2021 el control del gobierno de Tlaxcala se decidió poner orden en la Secretaría de Educación Pública y terminar con los excesos y privilegios que tenía el SNTE en áreas administrativas, mismas que no sólo implicaban la erogación de fuertes sumas de recursos públicos, sino un poder político que impedía al titular manejar y operar adecuadamente una de las dependencias estatales más grandes.
A la hora de llevar a cabo los nombramientos de directivos de la SEP estatal, la mandataria Cuéllar y Homero Meneses ignoraron las propuestas del SNTE y optaron por designar a funcionarios leales al gobierno y no al sindicato, lo cual molestó a ese poderoso gremio y a sus dirigentes que vieron que su coto de influencia había llegado a su fin.
Al iniciar la administración lorenista, los movimientos y embestidas del SNTE no se hicieron esperar. Recurrieron a paros, protestas y a supuestas denuncias de acoso laboral para desacreditar el trabajo del titular de la dependencia, tal y como las que ayer hicieron los jefes de Sector y Supervisores de nivel primaria de la Secretaría de Educación Pública del Estado y la Unidad de Servicios Educativos de Tlaxcala (SEPE-USET).
Según esos privilegiados trabajadores, Meneses Hernández los explota al tenerlos trabajando en condiciones precarias e inadecuadas, además de no escuchar sus demandas. Lamentaron la actitud intimidatoria del funcionario y las represalias que lleva a cabo en su contra.
Esa protesta que estaría respaldada por 33 de los 53 Supervisores y cuatro de ocho Jefes de Sector, también planteó que es necesario que la autoridad les otorgue infraestructura y recursos materiales y tecnológicos para cumplir con sus funciones. Los inconformes pidieron que se les permita ser partícipes en la toma de decisiones que se toman para favorecer la transformación educativa y se valore su aportación a ella.
Si Homero Meneses es un represor y un mal funcionario estatal, por qué después de dos años y casi siete meses de la actual administración ese personal se queja, por qué no lo hizo antes o por qué el SNTE nunca expuso esa situación de supuesto abuso.
En verdad tendrán las pruebas de que no han recibido la infraestructura y los recursos tecnológicos para desarrollar su trabajo o sólo se trata de un movimiento de presión emprendido por “los mutualistas” en complicidad con el SNTE para exigir la Dirección de Educación Primaria de SEPE-USET, luego que ésta quedara acéfala tras la salida de la maestra Oneida Dora Pérez Matlalcuatzi, quien busca la candidatura de Morena a la presidencia municipal de Tlaltelulco.
Como encargado de esa importante área quedó Josué Eliosa Pérez, sin embargo fue J. Carmen Corona Pérez, ex líder de la Sección 31 del SNTE, quien solicitó hace quince días esa dirección, pero como se la negaron terminó renunciando a de la Unidad de Atención a Grupos de la SEPE-USET, de ahí que los jefes de Sector y Supervisores de nivel primaria en complicidad con el oportunista Cutberto Chávez buscan presionar para que uno de los suyos asuma el control de esa oficina a fin de dar protección a los maestros flojos, con denuncias y sin perfil para llevar a cabo su actividad docente.
Los jefes de Sector y Supervisores sencillamente quieren recobrar el poder que antes tenían y que hoy se les quitó. No es posible que se quejen porque Homero Meneses puso orden y les delimitó claramente sus funciones y atribuciones, pues se les olvida que son autoridades educativas de confianza que no pueden estar haciendo grilla a favor del sindicato y por lo mismo solapando las fallas, inconsistencias y faltas de los docentes afiliados al SNTE.
Ese personal es uno de los más privilegiados, pues forman parte de la nómina dorada de la Secretaría de Educación Pública del Estado y la Unidad de Servicios Educativos de Tlaxcala. Un supervisor se embolsa al mes 55 mil pesos, mientras que un Jefe de Sector cobra entre 65 mil y 90 mil pesos cada 30 días y un aguinaldo cercano a los 300 mil pesos, de ahí que me parecen que ganan más que suficiente para que se anden quejando de que sufren acoso laboral cuando muchos hacen su trabajo desde la comodidad de sus hogares.
Algunas precisiones
Aunque algunos medios de comunicación manejaron que se había removido a 10 trabajadores la Escuela Secundaria General “Crisanto Cuéllar Abaroa” de municipio de Tepetitla por un presunto abuso sexual contra 24 alumnos, en realidad la SEP determinó suspender a la Directora del plantel, a una trabajadora social, al perfecto y a dos maestros, éstos últimos por ser señalados como probables responsables de cometer conductas indebidas.
Lo anterior permitió la reapertura de la institución educativa que regresó a sus actividades normales. Y será el próximo martes cuando los padres de familia determinen si procederán o no por la vía penal contra los maestros, pues dependerá de los elementos y pruebas que aporten sus hijos, porque hasta ayer sólo existían especulaciones y rumores y ningún hecho comprobado.
La SEP investiga el caso y analiza todos los elementos a fin de determinar si procede o no el despido, por lo que habrá que esperar unos días para conocer cuál será el rumbo que tomen las indagatorias.
Hasta ahora a las autoridades educativas no les ha temblado la mano para despedir a maestros que han abusado de los alumnos. En lo que va del gobierno se han corrido a más de 16 docentes por incurrir en faltas graves contra estudiantes.
Por tal razón, los padres de la Escuela Secundaria General “Crisanto Cuéllar Abaroa” deben tener confianza en que no se protegerá a nadie en la acusación que hicieron sobre el presunto abuso sexual.
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