La realidad sigue golpeando al gobierno estatal y demostrando que en Tlaxcala se vive una severa crisis de seguridad.
Si los policías estatales que están bajo el mando del mediocre capital de la Marina, Alberto Perea Marrufo, no pueden cuidarse, ni protegerse y ni defenderse, entonces alguien cree que están en condiciones de garantizar la seguridad, salvaguardar el patrimonio de los tlaxcaltecas y comprometerse con la paz social.
La noche del sábado se confirmó la segunda muerte de otro elemento de la Secretaría de Seguridad Ciudadana que fue linchado el pasado 8 de abril en la sección quinta del municipio de Zacatelco a manos de vecinos que la emprendieron contra tres uniformados que llevaban a cabo un operativo para detener a unos presuntos delincuentes que en su huida asesinaron a un taxista.
Ese lamentable hecho que dejó un civil muerto y dos policías estatales ajusticiados (Antonio Hernández Portillo, director de Investigación y Rubén Bernabé Rocha, encargado del área de Análisis Táctico de la dependencia) deja muy mal parada a las autoridades estatales, no sólo porque nunca pusieron en marcha el operativo para casos de linchamiento, sino porque los uniformados fueron incapaces de rescatar a sus compañeros que eran jefes y no simples elementos de tropa.
Los habitantes los golpearon hasta que se cansaron y curiosamente a los dos presuntos delincuentes que fueron detenidos en ese operativo no les hicieron nada. Es más, aunque fueron presentados ante la Procuraduría General de Justicia en el Estado, éstos quedaron libres por falta de elementos para hacerlos responsables ya no del asesinato del taxista, sino por el delito de robo que no se pudo acreditar.
Han pasado trece días y lo que hay es una brutal impunidad. Sencillamente en este caso no se ve la celeridad con la que la PGJE suele actuar en ciertos casos.
Es el segundo linchamiento que sucede en la entidad donde los policías estatales la hacen de espectadores y permiten que personas enardecidas tomen la justicia en sus manos. El primero se registró el pasado 15 de abril del 2022 en la comunidad de San Pedro Tlalcuapan, municipio de Chiautempan.
En esa ocasión, los policías estatales bajo el mando de Guadalupe Ballesteros Arellano, secretario técnico de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Tlaxcala, sólo observaron desde unos 70 metros cómo los ciudadanos rociaron de gasolina a un presunto ladrón al que después lo quemaron sin ninguna compasión.
La PGJE inició las investigaciones y la emprendió contra el presidente de esa comunidad Saúl N., quien ya fue sentenciado a 20 años de cárcel por el linchamiento de una persona, pero el Ministerio Público nunca decidió abrir una indagatoria contra los policías y sus jefes que fueron omisos y cómplices al no intervenir.
Ahora, parece que se repetirá lo mismo, es decir, se hará lo posible por proteger a Alberto Perea y a otros mandos por su negligencia y permitir que un grupo de vecinos de Zacatelco linchara a tres policías estatales.
Ayer se llevó a cabo un homenaje a Antonio Hernández Portillo en donde estuvo presente la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros y su esposo Salvador Ballesteros Rodríguez, quien mantuvo una relación cercana con ese uniformado al ser por un tiempo su escolta personal, así como el secretario de Gobierno, Luis Antonio Ramírez Hernández y el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Alberto Perea.
Aunque la gobernadora aseguró que habrá justicia y castigo contra los responsables del linchamiento, la realidad es que sus palabras no se han traducido en hechos concretos.
Personas cercanas a la familia del policía asesinado, confirmaron que está molesta y defraudada no sólo por el comportamiento de los jefes y de sus compañeros que no intervinieron en el linchamiento, sino con la mandataria que no ha dado señales claras de que meterá a la cárcel a los responsables de la muerte de Hernández Portillo y porque no ha frenado los rumores que tratan de manchar el nombre de ese oficial al vincularlo con actos ilegales.
El homenaje de qué sirve, si éste y el anterior que se hizo al primer policía que perdió la vida, no borra la forma miserable en que murieron, pues fueron abandonados y traicionados por sus jefes y compañeros.
Alberto Perea es una monumental decepción. Debería renunciar a su cargo y aceptar que defraudó la confianza de la gobernadora Cuéllar y la de los tlaxcaltecas.
No puede con el cargo ni con la responsabilidad de manejar adecuadamente la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Sus manos están manchadas de sangre de los dos policías estatales que no debieron morir de una forma tan salvaje y primitiva.
El gobierno estatal, la PGJE y la Secretaría de Seguridad Ciudadana han fallado y los tlaxcaltecas lo saben.
Por desgracia, lo que predomina en Tlaxcala, uno de los estados más seguros del país, es la impunidad y la ley de la selva.
Qué tristeza
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