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El espinoso caso de Narciso Xicohténcatl

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La Contraloría del Ejecutivo a cargo de la improductiva Maricela Escobar Sánchez está decidida a entrar a un terreno pantanoso para tratar de imponer una sanción al ex rector de la Universidad Politécnica de Tlaxcala (UPTx), Narciso Xicohténcatl Corona, quien no sólo podría ser inhabilitado por manejar indebidamente los recursos de la institución, sino que también estaría por enfrentar una acción penal si se comprueba que avaló las operaciones irregulares de la estafa maestra para mover 178 millones de pesos que fueron a parar a ciertas empresas.

Aunque se sabe que la Contraloría del Ejecutivo inició un procedimiento (P.R.A. 65/2017/DJ) contra el manchi ex rector de la UPTx originado por las anomalías detectadas en la cuenta pública del 2015, mismas que no fueron solventadas en tiempo y forma, el ex perredista ha logrado evadir la ley gracias al manto protector que le ha extendió su amigo el ex gobernador Marian González Zarur.

Sin embargo, su suerte estaría por cambiar porque la instrucción precisa que recibió la contralora Maricela Escobar es aplicar la ley a Narciso Xicohténcatl no sólo por ese expediente, sino por otros dos que serán iniciados en breve y que están relacionados entre sí.

Uno sería por la reprobación de la cuenta pública del 2017 que documentó un daño patrimonial por alrededor de 176 millones de pesos en la Universidad Politécnica de Tlaxcala, el cual se vinculará al manejo irregular que llevó a cabo la institución para mover 178 millones de pesos que recibió de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) para después entregarlos a empresas que supuestamente realizaron trabajos para esa dependencia federal.

El último caso al que se hace mención está relacionado con los informes que recientemente dio a conocer la Auditoría Superior de la Federación (ASF), instancia que ya habría solicitado al actual rector de la UPTx, Enrique Padilla Sánchez, iniciar un procedimiento administrativo sobre ese punto que deberá estar a cargo de la Contraloría de Ejecutivo.

La postura de las nuevas autoridades de la Universidad sobre ese espinoso asunto es muy clara, pues no sólo aportarán toda la información que se tenga, sino que estarán abiertas para que se aclare el caso, de ahí que si hay responsabilidades penales se pedirá que éstas procedan porque nadie tiene la intención de proteger a Narciso Xicohténcatl.

El ex rector no es la primera vez que estaría enfrentando la ley desde la cárcel, ya que en noviembre del 2015 fue detenido por su presunta responsabilidad en un fraude de tres millones de pesos cometido contra una empresa tlaxcalteca denominada Elvan de México, SA. de CV.

Para recobrar su libertad y seguir el proceso fuera del penal, el entonces rector de la UPTx dejó como fianza un inmueble de su propiedad valorado en once millones de pesos, el cual fue adquirido a los pocos meses de haberse incorporado como funcionario de la administración del ex gobernador Mariano González.

Desde ese entonces ya se hablaba de malos manejos y desvíos de recursos millonarios en la Universidad Politécnica de Tlaxcala, sin embargo esas anomalías nunca fueron investigadas por el entonces Contralor del Ejecutivo, Hugo René Temoltzin Carreto. Tampoco hubo quien se molestara en indagar el presunto enriquecimiento que logró en pocos años Narciso Xicohténcatl.

Ojalá Maricela Escobar justifique su salario y demuestre con hechos que realmente trabaja en el gobierno del estado y que no sólo tiene una envidiable beca, de ahí que la Contraloría del Ejecutivo deberá emplearse a fondo para imponer un ejemplar castigo al ex rector de la UPTx, que por cierto ya anda queriendo regresar a la política en Tlaxcala de la mano del también ex perredista René Bejarano.

Los tlaxcaltecas están hartos de tanta corrupción y realmente verían muy bien que al menos un ex funcionario marianista fuera castigado por los excesos y abusos que cometió impunemente. Narciso Xicohténcatl solito se encaminó al patíbulo y sólo falta ver quien lo ayuda a dar el último paso.

Mal y de malas el sistema anticorrupción

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En Tlaxcala no sólo estamos lejos de estar a la vanguardia en múltiples rubros como en seguridad, salud, ejecución de obra pública y desarrollo social, sino que es común que las autoridades incumplen con los plazos legales y retrasen la integración del anacrónico sistema con el que el gobierno del estado pretende investigar y castigar la corrupción.

El bodrio que hasta ahora llaman el Sistema Estatal Anticorrupción está en pañales y simplemente no tiene pies y cabeza. Los diputados de la pasada legislatura aprobaron su creación el 22 de febrero de este año y hasta la fecha ese andamiaje no se ha podido concretar ni poner en marcha por la marcada omisión que ha mostrado el gobierno actual para garantizar su funcionamiento y operación.

Sólo basta con echar una revisión al decreto publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado para comprobar que no hay voluntad de cumplir con los plazos legales para conformar ese sistema, al cual se han integrado personas que ya violan la ley y muestran una gran ambición como es el caso de algunos miembros del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción del Estado de Tlaxcala como José Justino Pérez Cuapio, Isabel Romano Hernández y Erika Montiel Pérez.

El primero pese a que la norma lo limita para no desempeñar otra función que interfiera con el desempeño de su cargo por incurrir en un probable conflicto de intereses, no ha dejado de litigar asuntos en los juzgados de Tlaxcala y sin ningún rubor o limitante aborda a los abogados de la contraparte para tratar de intimidar y llegar a un acuerdo.

Y lo que es peor es que tanto José Justino Pérez, Isabel Romano y Erika Montiel realizan las presiones necesarias para obtener un sueldo equivalente a un secretario del gabinete estatal, automóvil y gastos de representación para llevar a cabo comidas y desayunos y el tan anhelado turismo institucional.

No descarte que esos bisoños guardianes del maltrecho Sistema Estatal Anticorrupción obtengan esos privilegios y algo más, pues estarían siendo apoyados y protegidos por Francisco Flores Carvajal, el hombre que quizá influye más en las decisiones del gobernador Marco Antonio Mena Rodríguez.

Sin tener cargo oficial, el ex orticista Flores Carvajal junto con su esposa de apellidos Guevara de Ita aconseja, sugiere, propone y goza de las comodidades que ofrece la Casa de Gobierno, lugar desde donde opera algunas decisiones oficiales al grado que el círculo cercano del mandatario lo considera el Córdoba Montoya de la actual administración.

O quién cree que fue el artífice para lograr que el ex gobernador Héctor Ortiz Ortiz y su esposa Guadalupe Lozano Tovar asistieran al Palacio de Gobierno a la ceremonia del Grito de Independencia, donde a ambos se les vio más que cómodos y felices. También es el autor de la nueva relación de amigos que se observa entre el gobierno de Mena y la UAT.

Pero regresando al tema del Sistema Estatal Anticorrupción hoy vence el plazo para designar al futuro responsable de la Secretaría Ejecutiva que ya debería entrar en operación. El Comité Coordinador también tendría que quedar instalado con la integración del presidente del Comité de Participación Ciudadana, el titular del Órgano de Fiscalización Superior, la responsable de la Contraloría del Ejecutivo, el presidente del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tlaxcala, el titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, el consejero presidente del Instituto de Acceso a la Información Pública y el representante del Consejo de la Judicatura del Estado de Tlaxcala.

Es obvio que dicho comité coordinador no podrá conformarse ni quedar instalado porque el farsante procurador José Antonio Aquiahuatl Sánchez está más ocupado en proteger a sus amigos y conquistas, así como en cuidar el supuesto negocio que implica esa dependencia que en buscar al perfil indicado para nombrar al fiscal Especializada en Combate a la Corrupción, pues según la ley está en sus facultades tal designación.

Si el sobrado procurador desempeña un cargo que en teoría no debería existir, porque según las últimas reformas legales las procuradurías deberían cambiar a fiscalías, usted cree que tiene voluntad de nombrar al mencionado fiscal y garantizar que el Sistema Estatal Anticorrupción opere adecuadamente.

Valdría la pena que los actuales diputados dejaran sus diferencias y se pusieran a trabajar en asuntos importantes y relevantes. Ojalá revisen y corrijan los errores e inconsistencias que tiene ese sistema si es que en verdad están preocupados por castigar la corrupción en la entidad, porque si dejan las cosas como están Tlaxcala podrán presumir que aquí se protege y se alientan las malas prácticas en que incurren los funcionarios públicos.

La farsa de la legalidad al interior del TSJE

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El nuevo presidente del Tribunal Superior de Justicia en el Estado, Héctor Maldonado Bonilla, no pierde oportunidad para presumir y destacar la supuesta legalidad que prevalece en ese poder, misma que no existe porque está tan arraigada la corrupción, el amiguismo, el oportunismo y el tráfico de influencias que todos se prestan para encubrir esas sucias prácticas.

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Estamos a años luz de ver una transformación del Poder Judicial de Tlaxcala.

Las malas prácticas y pésimas costumbres se encuentran incrustadas en su ADN. Hoy se vive un nuevo periodo de complicidad e impunidad que pretenden solapar el libertinaje de la ex presidenta del TSJE Elsa Cordero Martínez y cumplir los caprichos de los magistrados Rebeca Xicoténcatl Corona y Mario Antonio de Jesús Jiménez Martínez.

Acostumbrado a la sumisión y a obedecer órdenes, Héctor Maldonado aceptó como buen mozo convertirse en la tapadera de Cordero Martínez, quien al final de su pésimo periodo como representante del Poder Judicial de Tlaxcala logró al menos 10 basificaciones, de las cuales 5 fueron para personajes ligados a sus intereses.

También a la soberbia abogada le dio tiempo para subir la categoría a 20 trabajadores del TSJE sin rendir cuentas a nadie. Vaya, no le importo que las finanzas del TSJE se encuentren dañadas.

En los últimos días de poder, Elsa Cordero no tuvo empacho en despacharse con la cuchara y grande y sumar cómplices de sus excesos. Por esa razón, permitió que la magistrada María Sofía Margarita Ruiz Escalante incrustara a un familiar más en la nómina de TSJE.

Karla Margarita Moreno Ruiz, hija de la mencionada magistrada y recién egresada de la licenciatura fue designada como Oficial de Partes Juzgado Tercero de lo Civil, violando la ley que establece que para desempeñar ese cargo es necesario comprobar una experiencia mínima de 3 años, lo cual se logra a partir de que se obtiene la cédula profesional.

Sin embargo, la buena suerte de la magistrada María Sofía Margarita Ruiz estaría por terminarse, pues al parecer Héctor Maldonado está siendo presionado por los magistrados Rebeca Xicoténcatl Corona y Mario Antonio de Jesús Jiménez Martínez para impedir que la primera se siga desempeñando como miembro del Consejo de la Judicatura, cuyo periodo vence el 17 de marzo de este año.

La abogada será sometida a una evaluación que incluso fue abierta al personal del TSJE y  a litigantes para determinar si debe o no continuar como representante de los magistrados ante el mencionado consejo.

Antes del 16 de marzo se conocerá el resultado, pero la intención es que Ruiz Escalante sea rechazada para que el pleno del TSJE nombre a otro representante de los magistrados, que por ley puede ser un miembro del Poder Judicial o un externo.

Esa posición la quieren la ambiciosa Rebeca Xicoténcatl Corona y el hábil Mario Antonio de Jesús Jiménez Martínez, pues su intención es que el sobrino del segundo Ramón Jiménez Casco, Juez Primero de lo Penal asuma ese encomienda para que empiecen a tener injerencia en el Consejo de la Judicatura.

Esos dos magistrados están convertidos en los más influyentes al interior del TSJE, de ahí que la magistrada Rebeca Xicoténcatl no tiene ningún problema en llegar tarde y dejarse ver por pocas horas en su centro de trabajo, pues según ella nadie le puede decir algo porque Héctor Maldonado le debe la presidencia del Poder Judicial.

Pero no crea que Xicoténcatl Corona no ha aprovechado su posición, pues ha logrado que Yeniséi Esperanza Flores Guzmán se mantenga como jueza pese a que nunca presentó el examen de oposición que se requiere para ocupar ese puesto.

Y la que de plano anda insoportable en el Poder Judicial es la directora del Centro Estatal de Justicia Alternativa, Georgette Pointelin González, quien asume actitudes de primera dama luego de las múltiples atenciones que le brinda el poblano Héctor Maldonado.

Así las cosas en el TSJE.

Silvia Josefina Millán, una funcionaria de adorno

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A casi 10 meses de haber asumido el control del Colegio de Bachilleres del Estado de Tlaxcala (Cobat), Silvia Josefina Millán López ha demostrado que el cargo le quedó muy grande y que su amplio currículum académico no le fue suficiente para administrar y dirigir eficientemente un subsistema educativo que está a punto de entrar en caos.

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Algo pasa en la actual administración estatal que muchos funcionarios nomás no pueden con la tarea asignada. Llegaron presumiendo enormes trayectorias y una amplia experiencia que tras varios meses no se ve reflejada en acciones concretas o en el control de las áreas que tienen bajo su responsabilidad.

Si para nombrar a un funcionario es necesario que pasen semanas o meses, para despedir o cambiar a algún miembro de la estructura de mando del gabinete legal o ampliado será necesario que ocurra algo extraordinario, de ahí que es muy probable que se siga tolerando y hasta solapando los errores e ineficiencias que algunos servidores públicos como Millán López han mostrado.

La directora general Cobat, Silvia Josefina Millán, tomó el control del subsistema educativo desde el pasado 8 de mayo del 2017, por lo que tuvo tiempo suficiente para conocer la situación legal y administrativa que tenía la Institución, así como enterarse de los excesos en que incurrió el ex director general David Flores Leal y que al final no merecieron ninguna investigación.

Es obvio que la académica lejos de conocer las extrañas del Cobat se dedicó en los últimos meses a tirar rostro en los 24 planteles y ante los 15 mil estudiantes inscritos en la Institución, con un afán protagónico que la hizo olvidar o marginar las relaciones que la parte institucional tenía con los docentes y los trabajadores administrativos.

Replicando las actitudes de cualquier cacique de pueblo, Millán López decidió imponer su ley y sus normas para empezar a dañar los derechos de los trabajadores y presumir que con ella se habían acabado los despilfarros.

Hasta antes de su llegada, era evidente que en el Cobat existían los recursos suficientes para cumplir con las prestaciones laborales que la Institución tenía con los trabajadores. Vaya hasta sobraban.

Para nadie es desconocido que en diciembre del 2016 el entonces director general David Flores después de cumplir con el pago de prestaciones a los trabajadores del subsistema entregaba abultados bonos a sus principales subordinados, demostrando la abundancia que tenían las finanzas del Cobat.

Sin embargo, algo pasó que en el 2017 que los directivos del Cobat no pueden esconder el desorden financiero que enfrentan y optaron por realizar descuentos indebidos en los aguinaldos y suspender el pago (debió cubrirse antes del 15 de diciembre del 2017) de los 16 días de salario convencional a los docentes que no hayan incurrido en faltas de asistencia, ni retardos injustificados durante ese año.

La nueva política administrativa tiene muy molestos a los trabajadores que exigen se respete las fechas de pago salarial en cada una de las quincenas y se actualice la retribución de la prestación de despensa a los docentes laboratoristas de inglés e informática, la cual por contrato a nivel nacional se debió homologar desde el 2008-2009.

Los docentes tendrían que ganar 900 y no 168 pesos que reciben actualmente por parte del Cobat.

Otra inconsistencia administrativa es la falta de pago de finiquitos de los jubilados, proceso que se adeuda desde el 2015 al 2017.

A lo anterior hay que sumar los adeudos millonarios que el Cobat enfrenta por el pago de laudos que la Institución se niega a cubrir a ex trabajadores que fueron despedidos injustificadamente y que cada mes crecen en su monto.

Al final de nada sirvió la llegada de una académica a la dirección general del Cobat porque es evidente que ese subsistema empeoró y está metido en un hoyo y en una crisis financiera que pronto podría convertirse en un dolor de cabeza para el gobierno del estado.

Diputados omisos con sueños reeleccionistas

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Buen dicen que en política cada quien ve lo que quiere ver, porque nadie entiende los ímpetus reeleccionistas de los actuales diputados locales cuando son tachados de omisos en su trabajo al negarse a aprobar una ley que combata a nivel estatal la corrupción, cuando no pueden o no quieren ejercer presión para que se aplique la ley a ex alcaldes corruptos o cuando sus mandatos son ignorados por dos comisionados del IAIP.

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Si la pasada legislatura fue calificada como cara e improductiva, ubicándose como una de las peores que existían a nivel nacional, la actual cuyos integrantes están más preocupados en sus sueños releccionistas que en realizar su trabajo ya fue exhibida como omisa al negarse a legislar el Sistema Estatal Anticorrupción.

A nivel federal se aprobó una reforma constitucional que establecía los plazos para que en los estados del país se aprobara una ley que castigara la corrupción, sin embargo Tlaxcala no cumplió con esa disposición porque los diputados locales encabezados por el priista Enrique Padilla Sánchez simularon un supuesto trabajo en ese sentido y sólo avalaron un esqueleto jurídico que no sirve para nada.

En Tlaxcala no hay un fiscal anticorrupción, tampoco existe el Tribunal de Justicia Administrativa, ni el consejo ciudadano anticorrupción, así como otros nombramientos y leyes secundarias que se requieren para poner en marcha el mentado Sistema Estatal Anticorrupción.

El 16 de febrero se conoció que Juez Cuarto de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México, Juan Pablo Gómez Fierro, concedió el amparo a integrantes del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción por el cual se busca obligar al Congreso del Estado a expedir la ley que de vida al sistema legal que castigue las malas prácticas de los servidores públicos.

Lo anterior demuestra que Enrique Padilla mintió al sostener que los legisladores sí habían cumplido con las reformas a las que estaban obligados a aprobar. Hoy Tlaxcala destaca a nivel federal por ser un estado donde no se ha legislado el sistema jurídico que combata la corrupción.

Con ese terrible antecedente más de 10 diputados locales (PRI, PAN, PRD y PVEM y PS) pretenden reelegirse, lo cual representa una burla para los tlaxcaltecas porque es obvio que tenemos legisladores que cobran sus envidiables salarios para promoverse y no para aprobar las leyes que debieron ser avalados por mandato constitucional.

La actual legislatura es omisa y débil. Los actuales diputados han devaluado la figura del legislador al grado que los jueces federales tienen que están corrigiendo su trabajo y ordenándoles cómo hacer las cosas.

Un juez federal les ha insistido que resuelvan el caso de la ratificación o no del ex magistrado Fernando Bernal Salazar, problema que tiene meses y que los diputados simplemente no pueden ponerle punto final. Otro juez federal les está ordenando que hagan su trabajo y aprueben el sistema estatal anticorrupción que debieron avalar desde el año pasado.

La debilidad de los diputados es tan notoria que dos de los tres comisionados del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Tlaxcala se sienten más que fuertes para desconocer el acuerdo por el cual se designó a Marlene Alonso Meneses como presidenta de ese organismo para imponer al orticista David Canales Cabrera como nuevo representante legal.

Los diputados locales también se han mostrado más que desinteresados para investigar posibles actos de corrupción no sólo en la pasada administración estatal, sino en los ayuntamientos donde están involucrados ex alcaldes que caminan por las calles con total impunidad.

Si usted quiere que se mantenga está ineficiencia, vote por la reelección de los diputados locales. Lo único bueno es que a la actual legislatura ya le queda 6 meses y nueve días de vida.

Los desencuentros en la oposición y la gris caballada priista

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La duda que existe en Tlaxcala es si el partido de Andrés Manuel López Obrador irá o no en coalición con el PT y el PES en los comicios para renovar el Congreso del estado, pues sus aliados en los comicios federales no están conformes con el reparto que propone Morena para las 15 diputaciones locales.

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Los militantes tlaxcalteca del Partido del Trabajo (PT) y del Partido Encuentro Social (PES) están hartos de la soberbia que domina y controla a los seguidores del eterno aspirante a la presidencia de México, Andrés Manuel López Obrador, quien no conforme con haberse quedado con las candidaturas al Senado y a las diputaciones federales, ahora pretende agandallarse once de los 15 distritos locales.

Las negociaciones para replicar la alianza electoral nacional a los comicios locales no avanzan, pues el PT no acepta por ningún motivo que sólo le asignen dos distritos al igual que al PES, cuando según ellos tienen más fuerza que Encuentro Social.

Los petistas exigen a Morena que por lo menos entregue 5 distritos locales, de los cuales dos deberán ser considerados de alta competencia para garantizar la llegada de sus abanderados, propuesta que el equipo de López Obrador ha rechazado porque el PT no solo carece de cuadros con presencia y arraigo, sino porque está comprobado que sus legisladores suelen terminar siempre de aliados del PRI.

Aunque se ha hablado muy poco de los desencuentros entre Morena, el PT y el PES, la realidad es que la coalición electoral para los comicios a diputados locales podría venirse debajo de mantenerse las actuales posturas, situación que afectaría seriamente a esa alianza que de concretarse estaría en posibilidades de convertirse en la primera o segunda fuerza política en la próxima legislatura según los resultados que arrojan los últimos sondeos.

Joel Molina Ramírez, líder estatal de Morena es el que tiene bajo su responsabilidad esas negociaciones, pues el hijo de López Obrador, Gonzalo López Beltrán, dejó hace unos días de operar en la entidad, porque según el Tlaxcala está ganado, así que decidió llevar su talento a otros lados donde se requiere reforzar la estrategia de su padre.

El PRI de Mena débil y con puro gallito habanero

Muy pocos podrían asegurar que la caballada del PRI para las diputaciones locales esta fuerte, ya que los mensajes enviados ayer en el arranque del proceso interno de ese partido para elegir a sus candidatos son desalentadores.

De entrada los priistas que acudieron a presentar su carta de intención y a tomar el curso de inducción a su candidatura, requisito estatutario para lograr la nominación, no representaron ninguna sorpresa ni generaron grandes expectativas.

La ausencia de liderazgos y operados marianistas fue evidente y la presencia de Mariano González Aguirre y su séquito de diputados fue de mero trámite y compromiso, pues está claro que serán los amigos de la familia Mena y no los militantes con fuerza los que se alistan para ser los beneficiados de las candidaturas a diputados locales.

El PRI que busca quitarse el estigma de corrupto mal hizo en permitir la entrada al curso de ex presidentes municipales, ex diputados locales, delegados federales y ex funcionarios estatales, toda vez que muchos tienen pasados cuestionables como es el caso de Pedro Pérez Lira, Ángel Meneses Barbosa, Armando Hernández Ramírez y Héctor Martínez Zamora sólo por mencionar a algunos.

De nada sirvió que el gobernador Marco Antonio Mena Rodríguez enviará al PRI de Tlaxcala al incoloro Florentino Domínguez Ordoñez, porque reunió a puro gallito habanero que no tienen el tamaño para enfrentar a una oposición crecida y que está metida realmente en la pelea por las diputaciones locales.

El PRI se está equivocando y va encaminado a la ruta de la derrota.

Los marianitas abandonaron al PRI, por lo que ahora falta ver si el partidazo tiene la capacidad de ganar sin tener como su principal operador al ex gobernador Mariano González Zarur.

La tensa relación entre el menismo y marianistas

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El ex gobernador Marian González Zarur no tiene empacho en desacreditar el primer año de la administración de Marco Antonio Mena Rodríguez. Si hoy en día hay un crítico del actual mandatario es el hacendado que no pierde oportunidad para mofarse de lo realizado hasta el momento por su pupilo.

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Una extraña relación es la que sostiene el actual gobernador Marco Mena con su antecesor Mariano González Zarur, porque el distanciamiento que ambos decidieron establecer no se ha traducido en una real ruptura como muchos aseguran.

La actual administración lejos de iniciar una investigación por las múltiples anomalías financieras que encontró y recibió, optó por encubrir y solapar actos de corrupción que hoy en día representan un estigma que cada vez se convierte en una carga más pesada para la imagen del gobierno menista que recibe acusaciones de encubridor.

Un claro ejemplo de lo anterior fue la postura fijada hace unos días por la Contralora del Ejecutivo, Maricela Escobar Sánchez, quien lejos de corroborar la corrupción de Mariano González aceptó que está limpiando su cochinero y que será ella la que solvente, a través de complejos documentos, los más de 200 millones de pesos que fueron observados durante el 2016.

Lo mismo hará con los otros 750 millones de pesos que siguen pendientes por justificar y que forman parte del ejercicio fiscal del 2015.

La inútil funcionaria demostró que no existe la intención de proceder y sancionar a algún funcionario marianista por esas graves anomalías, pues a casi un año de que la pandilla de Mariano González dejó sus cargos sólo el ex secretario de Salud, Alejandro Guarneros Chumacero, ha sido requerido para explicar y tratar de aclarar el destino de los fondos que recibió la dependencia a través del Seguro Popular.

Dicen que fue tanto el enojo del ex funcionario marianista que sufrió un infarto, pues según él nunca pensó que la actual administración le iniciara un procedimiento cuando formó parte del selecto grupo que operó para que Marco Mena ganara las elecciones de gobernador.

Mientras en otros estados donde también hubo cambio de gobernadores se habla de que varios ex funcionarios enfrentan procesos penales por corrupción como en Oaxaca, Veracruz, Chihuahua y otras entidades, en Tlaxcala sólo se sabe de un procedimiento que difícilmente terminará en alguna pena para el involucrado.

Pronto los menistas y marianistas enfrentarán otro desencuentro por las candidaturas rumbo a las elecciones del 2018.

Veremos si logran ponerse de acuerdo y salir unidos para enfrentar a la oposición que amenaza con dar la pelea. Las posibilidades de que las diferencias crezcan son latentes, situación que debe preocupar más al actual grupo en el poder porque es el que deberá entregar buenas cuentas al PRI y a su candidato presidencial.

El principal damnificado del distanciamiento entre menistas y marianistas es Mariano González Aguirre, quien cada vez tiene menor influencia y presencia entre la clase poderosa.

Pésima señal enviaron los diputados locales

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Los legisladores locales fueron incapaces de ajustarse a los lineamientos establecidos en una sentencia de amparo y por arte de magia llegaron a la conclusión que el ex magistrado Fernando Bernal fue improductivo y que por esa y otras razones no merecía ser reincorporado al Pleno del Tribunal Superior de Justicia en el Estado (TSJE).

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La sesión extraordinaria celebrada ayer para desahogar el caso del ex magistrado Fernando Bernal Salazar representa un pésimo antecedente para el inminente análisis y aprobación del marco legal que dará vida al Sistema Estatal Anticorrupción, así como al nombramiento de magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa de Tlaxcala y del Fiscal Anticorrupción.

Los legisladores dieron cumplimiento a la sentencia de amparo que un juez federal emitió para salvaguardar los derechos del ex magistrado, sin embargo no respetaron los lineamientos que se fijaron para llevar a cabo la evaluación y optaron por ver “las graves inconsistencias” que según ellos tuvo Fernando Bernal como integrante del Poder Judicial en Tlaxcala.

Lo curioso del caso es que los diputados dieron a conocer que existen motivos razonables, sustanciales y objetivos para no ratificar a Fernando Bernal Salazar, pues se logró acreditar que el evaluado no conservó los atributos de excelencia profesional, laboriosidad, diligencia y profesionalismo que su carácter de magistrado le exigía, es decir, llegaron a la conclusión de que fue improductivo y un mal impartidor de justicia.

Los diputados comandados por el obstinado priista Mariano González Aguirre encontraron hasta la tercera sesión que celebraron para tratar de desahogar el asunto múltiples fallas en el supuesto desempeño de Fernando Bernal.

Si se aplicaran esos mismos criterios de evaluación a otros magistrados que si fueron ratificados, como fue el caso de Elsa Cordero Martínez, se encontraría que la hoy presidenta del TSJE tendría la misma improductividad e inconsistencias que le reprochan a Fernando Bernal, de ahí que el proceder de los diputados locales no se apega a la verdad ni a la ley.

Aunque para la mayoría el caso del ex magistrado está concluido porque ahora sí está sustentado en un acto soberano, falta ver si el ex magistrado se inconforma y si el juez federal acepta o no el dictamen aprobado por los legisladores, pues existe la posibilidad de que sea rechazado si se comprueba que no se acataron los lineamientos que se dieron para resolver ese caso que inició desde el 2014.

Con este pésimo antecedente se llegará al análisis y aprobación de las leyes secundarias del Sistema Estatal Anticorrupción. Los diputados lejos de avalar un marco jurídico de avanzada lo más seguro es que opten por ver su conveniencia y su recompensa económica.

En el caso del ex magistrado Fernando Bernal por lo menos había diez diputados de oposición que estaban a favor de la ratificación, pero ayer sólo tres se mantuvieron firmes y el resto cambio su postura y su sumó a los votos del PRI y sus aliados para sacar ese tema.

Con esos dobleces y actitud sumisa de algunos diputados opositores, el PRI y sus aliados impondrán el Sistema Estatal Anticorrupción, los magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa de Tlaxcala y el Fiscal Anticorrupción, que desde hoy le puedo asegurar que no llegarán personajes independientes y con la capacidad para garantizar el correcto funcionamiento de esa estructura que al final será un adorno más en el gobierno.

Lo grave es que la actual legislatura presume que es la mejor de los últimos tiempos.

Las cuentas alegres del Frente en Tlaxcala

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Emulando al sobrado dirigente del PRI, Florentino Domínguez Ordoñez, el líder del PRD en Tlaxcala, Juan Manuel Cambrón Soria, insiste en vender que el Frente Ciudadano por México será invencible en la entidad, al grado que sin tener candidatos da por un hecho que esa coalición ganará el senado, dos diputaciones federales y 7 diputaciones locales.

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PAN y PRD creen que su unión electoral es en automático y que los votos que captan entre los ciudadanos se suman por arte de magia.

Se les olvida que en el 2010 fracasó el primer intento de alianza electoral cuando la perredista Minerva Hernández Ramos decidió declinar a favor de la candidata del PAN a la gubernatura, Adriana Dávila Fernández, quien al final de ese proceso fue derrotada por el priista Mariano González Zarur.

Para nadie es desconocido que en el 2016 hubo intentos para conformar una coalición entre el PAN y PRD que nunca prospero, porque ni la panista Adriana Dávila ni la entonces perredista Lorena Cuéllar Cisneros cedieron en sus posiciones, lo que al final ayudó nuevamente al PRI a retener el gobierno de Tlaxcala con Marco Antonio Mena Rodríguez.

Hoy las pláticas para hacer realidad ese frente opositor entre el PAN, PRD y Movimiento Ciudadano han avanzado, pero en los próximos 30 días se comprobará si logran los acuerdos necesarios para concretarlo o si simplemente se trató de una ilusión más que no tuvo un final feliz.

Este día las dirigencias de los mencionados partidos presentarán una carta de intención para conformar una coalición electoral ante el Instituto Tlaxcalteca de Elecciones rumbo a los comicios para diputados locales.

Hasta donde se sabe, no existe ningún esquema de reparto de posiciones aprobado ni tampoco se ha hablado de los nombres de los posibles aspirantes, es decir, cuando en breve se ponga sobre la mesa las candidaturas empezarán las diferencias y se verá la capacidad que tienen para superarlas.

El PRD y el PAN asumen que son competitivos en siete distritos locales, en dos distritos federales y en la elección para el Senado, sin embargo aunque sus encuestas y proyecciones indiquen eso, la realidad es que la tendencia puede cambiar una vez que el PRI defina a sus candidatos y que Andrés Manuel López Obrador aparezca en campaña como aspirante de Morena a la presidencia de México.

Falta muy poco para conocer si el Frente Ciudadano por México será una realidad, pero mientras eso sucede dejemos que los líderes estatales de esos partidos se hagan ilusiones y sueñen con llegar al poder.

Total, si en el PRI tenemos al invencible Florentino Domínguez qué más da tener a otros personajes en esta historia de fantasía donde soñar no cuesta nada.

Camacho se pone los guantes contra el SNTE

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Tuvieron que pasar casi diez meses para que por fin el secretario de Educación Pública en Tlaxcala, Manuel Camacho Higareda, confirmara el pleito y distanciamiento que mantiene con el poderoso Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) que no está dispuesto a aceptar el nombramiento de Reyna Maldonado Hernández en la estructura de esa dependencia estatal.

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Era un secreto a voces, pero el académico y no político Manuel Camacho Higareda se negaba a reconocerlo.

 El pleito con el SNTE ya escaló posiciones y hoy tanto ese sindicato como el doctor en sociolingüística decidieron hacerlo público y dirimir sus diferencias en los medios de comunicación, sin imaginar las consecuencias que probablemente tendrá ese desencuentro que sin duda empezará a afectar a los estudiantes y al gobernador Marco Antonio Mena Rodríguez.

 El caprichoso sindicato que se siente marginado y excluido de la estructura directiva que opera en la SEP presiona y amaga con no aceptar la designación de Reyna Maldonado Hernández como nueva responsable de la Jefatura de Secundarias Técnicas, bajo el simple argumento de que no tiene el perfil y desconoce ese sector, según un desplegado publicado recientemente.

 El SNTE no acepta que Camacho Higareda haya corrido a Lorenzo Rodríguez Roldán, quien llevaba ocho años en la jefatura de Secundarías Técnicas, porque aparte de que no le han dado más posiciones en la estructura administrativa, ahora son desplazados los maestros vinculados a ese sindicato.

 Los últimos dos nombramientos –Dirección de Educación Terminal y la Jefatura de Secundarias Técnicas– hechos en la SEP fueron realizados, según un comunicado oficial, por el gobernador que en uso de sus facultades legales dispuso los cambios, mismos que fueron vetados inmediatamente por el sindicato de maestros que desde el primer momento amagó con recurrir a la presión para tratar de revertirlos.

 Sin embargo, un día después Camacho Higareda salió a confrontar al SNTE y le aclaró que los cambios son definitivos y que él es el responsable de los mismos al tener la facultad legal para llevar a cabo nuevos nombramientos en la estructura operativa. Y de paso justificó que la renovación de esas dos posiciones es producto de un análisis previo y profundo.

 Si al titular de la SEP le llevo casi diez meses un análisis profundo para cambiar a dos funcionarios, al paso que va nunca concluirá la renovación de los directivos de esa dependencia que forman parte de la herencia que dejó la pasada administración que encabezó Mariano González Zarur.

 La preparación académica y la bonhomía del secretario de Educación si bien lo acercaron al gobernador Mena, no son elementos que lo ayudarán a enfrentar al poderoso SNTE que está a un paso de romper lanzas y mostrar su lado belicoso que no le conviene conocer a Manuel Camacho.

 El SNTE está mal acostumbrado. En el gobierno de Héctor Ortiz fue apapachado de más y con Mariano González también logró buenas posiciones en la estructura operativa, sin embargo en la actual administración no ha visto un buen trato, de ahí que poco a poco ha recurrido a la descalificación de las autoridades para presionar y exigir lo que según ese sindicato le corresponde.

 Veremos si Manuel Camacho puede con este problema o si al final el SNTE se sale con la suya.

 En un tiempo se comprobará quien es el ganador de esta pelea.