Los legisladores locales fueron incapaces de ajustarse a los lineamientos establecidos en una sentencia de amparo y por arte de magia llegaron a la conclusión que el ex magistrado Fernando Bernal fue improductivo y que por esa y otras razones no merecía ser reincorporado al Pleno del Tribunal Superior de Justicia en el Estado (TSJE).
La sesión extraordinaria celebrada ayer para desahogar el caso del ex magistrado Fernando Bernal Salazar representa un pésimo antecedente para el inminente análisis y aprobación del marco legal que dará vida al Sistema Estatal Anticorrupción, así como al nombramiento de magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa de Tlaxcala y del Fiscal Anticorrupción.
Los legisladores dieron cumplimiento a la sentencia de amparo que un juez federal emitió para salvaguardar los derechos del ex magistrado, sin embargo no respetaron los lineamientos que se fijaron para llevar a cabo la evaluación y optaron por ver “las graves inconsistencias” que según ellos tuvo Fernando Bernal como integrante del Poder Judicial en Tlaxcala.
Lo curioso del caso es que los diputados dieron a conocer que existen motivos razonables, sustanciales y objetivos para no ratificar a Fernando Bernal Salazar, pues se logró acreditar que el evaluado no conservó los atributos de excelencia profesional, laboriosidad, diligencia y profesionalismo que su carácter de magistrado le exigía, es decir, llegaron a la conclusión de que fue improductivo y un mal impartidor de justicia.
Los diputados comandados por el obstinado priista Mariano González Aguirre encontraron hasta la tercera sesión que celebraron para tratar de desahogar el asunto múltiples fallas en el supuesto desempeño de Fernando Bernal.
Si se aplicaran esos mismos criterios de evaluación a otros magistrados que si fueron ratificados, como fue el caso de Elsa Cordero Martínez, se encontraría que la hoy presidenta del TSJE tendría la misma improductividad e inconsistencias que le reprochan a Fernando Bernal, de ahí que el proceder de los diputados locales no se apega a la verdad ni a la ley.
Aunque para la mayoría el caso del ex magistrado está concluido porque ahora sí está sustentado en un acto soberano, falta ver si el ex magistrado se inconforma y si el juez federal acepta o no el dictamen aprobado por los legisladores, pues existe la posibilidad de que sea rechazado si se comprueba que no se acataron los lineamientos que se dieron para resolver ese caso que inició desde el 2014.
Con este pésimo antecedente se llegará al análisis y aprobación de las leyes secundarias del Sistema Estatal Anticorrupción. Los diputados lejos de avalar un marco jurídico de avanzada lo más seguro es que opten por ver su conveniencia y su recompensa económica.
En el caso del ex magistrado Fernando Bernal por lo menos había diez diputados de oposición que estaban a favor de la ratificación, pero ayer sólo tres se mantuvieron firmes y el resto cambio su postura y su sumó a los votos del PRI y sus aliados para sacar ese tema.
Con esos dobleces y actitud sumisa de algunos diputados opositores, el PRI y sus aliados impondrán el Sistema Estatal Anticorrupción, los magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa de Tlaxcala y el Fiscal Anticorrupción, que desde hoy le puedo asegurar que no llegarán personajes independientes y con la capacidad para garantizar el correcto funcionamiento de esa estructura que al final será un adorno más en el gobierno.
Lo grave es que la actual legislatura presume que es la mejor de los últimos tiempos.
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