En Tlaxcala no sólo estamos lejos de estar a la vanguardia en múltiples rubros como en seguridad, salud, ejecución de obra pública y desarrollo social, sino que es común que las autoridades incumplen con los plazos legales y retrasen la integración del anacrónico sistema con el que el gobierno del estado pretende investigar y castigar la corrupción.
El bodrio que hasta ahora llaman el Sistema Estatal Anticorrupción está en pañales y simplemente no tiene pies y cabeza. Los diputados de la pasada legislatura aprobaron su creación el 22 de febrero de este año y hasta la fecha ese andamiaje no se ha podido concretar ni poner en marcha por la marcada omisión que ha mostrado el gobierno actual para garantizar su funcionamiento y operación.
Sólo basta con echar una revisión al decreto publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado para comprobar que no hay voluntad de cumplir con los plazos legales para conformar ese sistema, al cual se han integrado personas que ya violan la ley y muestran una gran ambición como es el caso de algunos miembros del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción del Estado de Tlaxcala como José Justino Pérez Cuapio, Isabel Romano Hernández y Erika Montiel Pérez.
El primero pese a que la norma lo limita para no desempeñar otra función que interfiera con el desempeño de su cargo por incurrir en un probable conflicto de intereses, no ha dejado de litigar asuntos en los juzgados de Tlaxcala y sin ningún rubor o limitante aborda a los abogados de la contraparte para tratar de intimidar y llegar a un acuerdo.
Y lo que es peor es que tanto José Justino Pérez, Isabel Romano y Erika Montiel realizan las presiones necesarias para obtener un sueldo equivalente a un secretario del gabinete estatal, automóvil y gastos de representación para llevar a cabo comidas y desayunos y el tan anhelado turismo institucional.
No descarte que esos bisoños guardianes del maltrecho Sistema Estatal Anticorrupción obtengan esos privilegios y algo más, pues estarían siendo apoyados y protegidos por Francisco Flores Carvajal, el hombre que quizá influye más en las decisiones del gobernador Marco Antonio Mena Rodríguez.
Sin tener cargo oficial, el ex orticista Flores Carvajal junto con su esposa de apellidos Guevara de Ita aconseja, sugiere, propone y goza de las comodidades que ofrece la Casa de Gobierno, lugar desde donde opera algunas decisiones oficiales al grado que el círculo cercano del mandatario lo considera el Córdoba Montoya de la actual administración.
O quién cree que fue el artífice para lograr que el ex gobernador Héctor Ortiz Ortiz y su esposa Guadalupe Lozano Tovar asistieran al Palacio de Gobierno a la ceremonia del Grito de Independencia, donde a ambos se les vio más que cómodos y felices. También es el autor de la nueva relación de amigos que se observa entre el gobierno de Mena y la UAT.
Pero regresando al tema del Sistema Estatal Anticorrupción hoy vence el plazo para designar al futuro responsable de la Secretaría Ejecutiva que ya debería entrar en operación. El Comité Coordinador también tendría que quedar instalado con la integración del presidente del Comité de Participación Ciudadana, el titular del Órgano de Fiscalización Superior, la responsable de la Contraloría del Ejecutivo, el presidente del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tlaxcala, el titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, el consejero presidente del Instituto de Acceso a la Información Pública y el representante del Consejo de la Judicatura del Estado de Tlaxcala.
Es obvio que dicho comité coordinador no podrá conformarse ni quedar instalado porque el farsante procurador José Antonio Aquiahuatl Sánchez está más ocupado en proteger a sus amigos y conquistas, así como en cuidar el supuesto negocio que implica esa dependencia que en buscar al perfil indicado para nombrar al fiscal Especializada en Combate a la Corrupción, pues según la ley está en sus facultades tal designación.
Si el sobrado procurador desempeña un cargo que en teoría no debería existir, porque según las últimas reformas legales las procuradurías deberían cambiar a fiscalías, usted cree que tiene voluntad de nombrar al mencionado fiscal y garantizar que el Sistema Estatal Anticorrupción opere adecuadamente.
Valdría la pena que los actuales diputados dejaran sus diferencias y se pusieran a trabajar en asuntos importantes y relevantes. Ojalá revisen y corrijan los errores e inconsistencias que tiene ese sistema si es que en verdad están preocupados por castigar la corrupción en la entidad, porque si dejan las cosas como están Tlaxcala podrán presumir que aquí se protege y se alientan las malas prácticas en que incurren los funcionarios públicos.