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Una realidad, con dos percepciones

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La creciente inseguridad en Tlaxcala no es un fenómeno nuevo, sin embargo sobre ese problema hay dos percepciones. Una que culpa al gobierno del estado que encabeza Marco Antonio Mena Rodríguez de no actuar con firmeza para combatir el crimen y otra que ex culpa a la nueva administración federal que preside Andrés Manuel López Obrador del incremento registrado en los índices delictivos durante los primeros cien días de su gestión.

Los lamentables sucesos delincuenciales de los últimos días han pegado en la imagen del gobierno del estado, pues la muerte de dos policías estatales a manos de dos presuntos ladrones en el municipio de Quilehtla es atribuida a la fallida estrategia para combatir el crimen en Tlaxcala, de ahí que los reproches y reclamos de los usuarios de las redes sociales hacia las autoridades estatales fueron la constante.

Aún no se terminaba de digerir esa terrible noticia, cuando en la mañana del sábado se conoció que en el municipio de Atlangatepec se habían encontrado los cadáveres de otras dos personas calcinadas con aparentes señas de violencia, lo que sirvió de motivo para revivir los señalamientos negativos hacia la administración estatal que ante tales hechos optó por guardar silencio.

El procurador de Justicia de Tlaxcala, José Antonio Aquiahuatl Sánchez y Eduardo Valiente Hernández, responsable de la Comisión Estatal de Seguridad, recurrieron a la política del avestruz y enterraron la cabeza para no dar explicaciones sobre el clima de inseguridad que prevalece en la entidad y que según ellos sigue siendo de las más seguras del país.

Dejaron pasar las críticas y señalamientos hacia su jefe el gobernador y ninguno de los dos funcionarios estatales se esforzó por compartir esa responsabilidad, situación que los dejó muy mal parados porque demostraron que si pueden salvar su imagen por encima a la del mandatario lo harán sin ningún problema.

Sin ingenio e iniciativa, ni Aquiahuatl ni Valiente tuvieron la capacidad de enfrentar la situación ante los medios de comunicación y confirmar lo que es una realidad no sólo en Tlaxcala sino en el país, es decir, que los índices delictivos, los homicidios dolosos y la violencia en general han crecido en los primeros cien días del gobierno federal que encabeza Andrés Manuel López Obrador.

Las cifras oficiales así lo demuestran y los datos no mienten. La estrategia que emprendió la nueva administración federal para combatir el crimen no se ve y no ha dado ningún resultado concreto, sin embargo ningún usuario de redes sociales se quejó de ese hecho o tuvo la capacidad de culpar al gobierno de López Obrador en la parte que le toca por la inseguridad que existe en Tlaxcala ante la escasa presencia de las fuerzas federales.

Al gobierno de Mena lo han acabado por el tema de la inseguridad y a la administración de López Obrador le han perdonado todo. Esa es la realidad que hoy en día si vive en Tlaxcala.

El problema de la inseguridad le ha pegado en su imagen al mandatario tlaxcalteca, pues es uno de los factores que ha influido en los bajos niveles de aprobación ciudadana que ha obtenido el gobernador en los últimos estudios demoscópicos que se han levantado en la entidad.

Si el mandatario estatal quiere seguir sacrificando su imagen y credibilidad a cambio de mantener en sus cargos al gris José Antonio Aquiahuatl y al ineficiente Eduardo Valiente es su problema, porque al final los ciudadanos y ciudadanas cada vez refuerzan la percepción que la administración estatal en su conjunto no hace nada para enfrentar a los criminales que lo mismo tiran por todo el estado cuerpos de ejecutados que roban con armas de fuego camionetas a plena luz del día.

El gobierno de Mena está por llegar a la mitad de su periodo para el que fue electo, por lo que quizá valdría la pena que se considerara un cambio en la Procuraduría y en la Policía Estatal, áreas donde es más que evidente que la ineficiencia prevalece a niveles insultantes.

De todo un poco y algo más

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Los conflictos al interior de los Cabildos de los ayuntamientos tlaxcaltecas van en aumento y será cuestión de días para que los presidentes de comunidad hagan púbicos los abusos que algunos alcaldes están cometiendo, como es el hecho de convocar a sesiones y no dejarlos votar pese a que por ley ya tienen derecho.

Mientras en la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya se analiza en un solo expediente los tres asuntos presentados por igual número de alcaldes tlaxcaltecas para lograr la suspensión de la reforma aprobada por los diputados locales que regresaron el voto a los presidentes de comunidad en la sesiones de Cabildo a partir de este año, hay ediles que simplemente violan la norma y por sus pistolas siguen sin incluir a esas autoridades en las decisiones que debieran ser avaladas por la mayoría de esos cuerpos colegiados.

Aunque la gran mayoría de los 60 alcaldes de Tlaxcala está inconformes con la medida de permitir nuevamente el voto de los presidentes de comunidad, sólo tres de ellos recurrieron a la ley para mostrar su molestia.

Se trata de Francisco Villareal Chairez de Yauhquemehcan, Gardenia Hernández Rodríguez de Tlaxco y Miguel Muñoz Reyes de Contla, quienes podrían convertirse en los héroes de la película porque sus argumentos legales para suspender dicha reforma son sólidos y hasta ahora su recursos avanza y están a un paso de ser aceptados, lo que implicaría un duro golpe para los diputados locales y presidentes de comunidad que se quedarán con las ganas de hacer sufrir a los presidentes municipales.

El desenlace de esa historia no tardará, sin embargo es un hecho que algunos ayuntamientos enfrentarán problemas legales porque en las sesiones de Cabildo que celebraron en enero y febrero de este año los acuerdos alcanzados carecen de validez, porque en ciertos casos no se dejó votar a los presidentes de comunidad que estaban en contra de lo que se proponía.

Los casos están siendo documentados y se harán llegar al OFS y al Congreso del Estado para que sean revisados y en su caso sancionados.

Un procurador de Justica de apariencias

Un gran malestar existe entre las mujeres que laboran en la Procuraduría General de Justicia del Estado en contra de su jefe, José Antonio Aquiahuatl Sánchez, a quien le encantan las apariencias para presumir que es un funcionario diferente cuando es todo lo contrario.

Resulta que el miércoles de esta semana todas las mujeres (peritos, policías y ministerios públicos) de la dependencia recibieron la instrucción de presentarse el jueves a las 8 de la mañana en las instalaciones de la PGJE para tomarse una foto con motivo del “Día Internacional de la Mujer”, la cual será utilizada este día para resaltar la imagen del gris procurador porque para ellas esa postal no representó ningún beneficio.

Aquiahuatl Sánchez nos hace trabajar horas extras y nos exige resultados cuando tenemos carencias en equipo y personal. Algunas salimos de trabajar en la madrugada o en la noche y nos obligaron a acudir para tomarnos la foto, cuando lo mejor hubiera sido que nos dieran el día si es que en verdad quieren festejar a las mujeres, expresaron la mayoría de ellas tan luego recibieron la instrucción de regresar a sus labores una vez que el galán procurador dio por concluida la sesión de fotografía.

Cuando uno ve el comportamiento de este chafa procurador, se explica porque los delincuentes actúan impunemente en Tlaxcala.

El selectivo programas de pisos y techos

Sin hacer una difusión adecuada, personal del gobierno del estado se ha dado a la tarea de dirigir estratégicamente los apoyos que en breve otorgarán las autoridades a ciertos tlaxcaltecas que serán beneficiados con el programa de pisos y techos dignos.

La convocatoria para inscribirse en ese programa sólo es conocida por los presidentes municipales y los funcionarios estatales, de ahí que nadie tiene los detalles de los lugares y los horarios en que se llevarán a cabo esos trámites, pues la intención es que sólo los elegidos por el gobierno del estado reciban los materiales para poner techo de cemento o el piso en la vivienda seleccionada.

Uno de los requisitos esenciales para lograr ese apoyo oficial, es que el futuro beneficiado garantice su respaldo al gobierno estatal y al PRI, de ahí que la información no se ha soltado porque las autoridades no quieren que el programa se abra para cualquier hijo de vecino.

El triste aniversario del PRI

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Si a nivel nacional el aniversario número 90 de la fundación del PRI estuvo desangelado, en Tlaxcala se optó por un descolorido evento que pasó desapercibido y el cual confirmó que no existe mucho interés por revivir ese instituto político tras la dolorosa derrota de 1 de julio del 2018, pues hasta ahora ha sido incapaz de poner en marcha un proceso de cambio o transformación.

La inanición del PRI en Tlaxcala es sin duda un mal augurio para las elecciones locales y federales que enfrentará en el 2021, debido a que no se visualiza a ningún precandidato competitivo para la gubernatura, por lo que no se descarta que esa posición deje de estar en manos del ex partidazo para ser entregada a Morena que hoy en día representa la fuerza política más sólida para conquistar el poder en el estado.

Los auténticos priistas tlaxcaltecas que se resisten a perder anticipadamente el poder, están en espera del proceso de renovación de su dirigencia nacional para participar y jugar las contras al gobernador Marco Antonio Mena Rodríguez, con el propósito de reducir su margen de maniobra rumbo a la sucesión y frenar la loca carrera del precandidato Manuel Camacho Higareda, misma que es alentada e impulsada por el primer priista de la entidad.

Marco Mena no ha mostrado sus cartas y se desconoce a quién apoyará para la dirigencia nacional entre José Narro Robles, ex secretario de Salud del gobierno de Enrique Peña Nieto, la ex gobernadora de Yucatán, Ivonne Ortega Pacheco, el actual mandatario de Campeche, Alejandro Moreno Cárdenas y presidente de la Conago, el ex gobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz Ortiz y el coordinador de la fracción priista en el Senado, Miguel Ángel Osorio Chong.

Por lo pronto, Mariano González Zarur, el ex gobernador de Tlaxcala ya empezó a jugar sus cartas en el proceso interno de PRI y de entrada envió a su hijo Marianito González Aguirre a ponerse a las órdenes de Alejandro Moreno.

El grupo marianista encabezado por el hacendado está más que interesado en participar y no equivocarse de brindar el apoyo al próximo líder nacional del PRI, pues de eso dependerá su futuro y sus posibilidades de disputar no sólo la candidatura a la gubernatura de Tlaxcala, sino las nominaciones a las diputaciones federales y locales, así como de las principales alcaldías del estado.

Se habla que en Tlaxcala el actual grupo en el poder financió una encuesta para medir el posicionamiento de los priistas y la fuerza del partido rumbo a los comicios del 2021. Una versión apunta que la actual alcaldesa capitalina Anabell Ávalos Zempoalteca sería la opción más competitiva rumbo a la sucesión dentro de ex partidazo, sin embargo otra que es la menos creíble, señala que el soberbio secretario de Educación Manuel Camacho goza de posicionamiento y con potencial para disputar el poder.

Sea una versión real y la otra falsa, lo que es un hecho es que el PRI apenas si concentra el 10 por ciento de las preferencias de los electores tlaxcaltecas, mientras que Morena supera los 43 puntos, lo que ubica en estos momentos al partido del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, es una posición envidiable para ganar la gubernatura de Tlaxcala.

El PRI en Tlaxcala está aniquilado y pareciera que el actual mandatario así lo quiere porque le conviene esa situación para el futuro de él y de su familia.

Al descubierto otro negocio en la Secretaría de Educación

Un burdo pero lucrativo negocio es el que presuntamente existe al interior de la Secretaría de Educación Pública de Tlaxcala, donde al parecer hay funcionarios involucrados en la venta de horas clases en escuelas secundarias.

El asunto que no es desconocido por el titular de esa dependencia, Manuel Camacho, quien en repetidas ocasiones fue alertado de esa nefasta práctica, podría convertirse en otro serio problema para el aspirante a poeta que tiene al sector educativo convulsionado.

Lo malo del caso de la venta de horas clases, es que los afectados ya empezaron a mencionar que el contacto externo para llevar a cabo esa irregular operación responde al nombre de Francisco Mena Pilotzi, quien a su vez estaría coludido con la directora de Relaciones Laborales USET, Claudia Xochihua Rodríguez.

El primero utilizaría el apellido para ganar confianza y garantizar que su operación goza del respaldo de las autoridades estatales.

Por lo pronto, cada día se conocen más casos y no descarte que se realice una protesta por parte de las personas que pagaron y no han recibido las horas prometidas en la dependencia impoluta que dice administrar y dirigir Manuel Camacho.

¿Dónde está el procurador de Justicia?

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Mientras la delincuencia avanza y aumenta los niveles de violencia con que opera en Tlaxcala, el procurador de Justicia José Antonio Aquiahuatl Sánchez ha optado por ausentarse y permitir que en el estado reine la impunidad, porque nadie castiga los linchamientos, ni los saqueos cometidos por normalistas, ni se aclaran los homicidios violentos y muchos menos los hallazgos de cuerpos sin vida con evidentes marcas de tortura y saña.

El gris procurador que por más de un año se la pasó grillando a sus anteriores jefes para llegar a ocupar la oficina principal de la PGJE, debería abandonar el anquilosamiento que caracteriza su periodo para dar resultados y demostrar que en Tlaxcala existe un mínimo respeto a la ley, porque si piensa que él puede ser un funcionario invisible, como es el actual gobernador Marco Antonio Mena Rodríguez, difícilmente dará resultados y detendrá a las personas que infringen la ley con tal descaro que sus acciones resultan ofensivas.

De nada sirve que sea un experto del “nuevo” sistema de justicia penal si no hay capacidad ni voluntad para llevar a los delincuentes y asesinos ante la ley. El oscuro funcionario está más preocupado por investigar quien filtra sus “cuestionadas órdenes” para ir en su contra, así como en indagar la vida de reporteros para tener elementos que le permitan “chingarlos” que en dedicarse a investigar los terribles actos que en los últimos meses se han cometido en el estado y que hasta la fecha siguen impunes.

Y no hablamos sólo de los dos linchamientos reportados hace unos meses en los municipios de San Pablo del Monte y Hueyotlipan, sino de los múltiples homicidios dolosos registrados en Tlaxcala que pareciera que forman parte de una película de narcos o que estuvieran llevándose a cabo en un estado del norte del país.

Puede ser una coincidencia, pero la realidad es que desde la llegada de José Antonio Aquiahuatl a la procuraduría la violencia y saña de los criminales se desató en la entidad, como si hubieran recibido autorización para operar con más crueldad, de ahí que ahora es común enterarse que en la carretera que conduce a Tetlatlahuaca ultiman a balazos a una persona, que en el municipio de Contla tiran partes de un cuerpo humano y que en la comunidad de Acuitlapilco, Tlaxcala, se encontró una mujer asesinada con extrema ferocidad.

A lo anterior hay que sumar la aparición de un cráneo en el municipio de Españita y el hallazgo de cuatro cadáveres en una zona boscosa de Nanacamilpa, cerca de los límites con Santa Rita Tlahuapan, población perteneciente al estado de Puebla.

Si no hay capacidad ni el mínimo interés para castigar a las normalistas de Panotla que el pasado fin de semana “secuestraron” un camión de pasajeros para después saquear una tienda de conveniencia, usted considera que Aquiahuatl Sánchez tiene el talento y la voluntad para ir contra los verdaderos criminales que operan en Tlaxcala.

Mientras la delincuencia se apodera del estado, el incompetente procurador prefiere eventos a modo para soltar su verborrea y hablar de logros que sólo existen en su ilusa imaginación. Asistió un foro en el Senado para presumir que en Tlaxcala hay resultados positivos contra el delito de la trata de personas y que existe una Administración comprometida e impulsora de la defensa de los derechos humanos.

Antes de ir a balbucear su mundo irreal de procuración de justicia que según él prevalece en el estado, el acomplejado funcionario debería conocer los resultados de un estudio elaborado por la organización “México Evalúa” para darse cuenta que encabeza una de las peores procuradurías del país.

El nivel de descomposición y desgobierno que prevalece en Tlaxcala pareciera que describiría a una administración estatal desgastada que está por concluir y no a una que está por llegar a la mitad de su periodo para el cual fue electa, de ahí que resulta grave observar los múltiples problemas que existen y que nadie tiene la capacidad de solucionarlos.

Si en menos de dos años ya se tuvieron cuatro secretarios de Gobierno y tres procuradores, no veo porque no se pueda concretar otros cambios en esas dependencias y en la Secretaría de Educación, donde urge que llegue un funcionario que atienda la problemática del sector y deje la grilla política para mejores tiempos.

O usted qué piensa.

Trascendidos de fin de mes

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El segundo mes de este año está por concluir con datos desagradables en materia de seguridad, pues los homicidios dolosos no sólo reportarán un incremento, sino los robos de automóviles y de camiones de transporte de carga, lo que demuestra que las estrategias de las autoridades para combatir el crimen en Tlaxcala son una farsa, tan es así que las bandas se dan el lujo de abandonar cuerpos de presuntos ejecutados con tal impunidad que asusta la libertad que gozan para operar.

Trascendió que si bien en enero se tuvo un registro de robo de siete unidades automotoras por día, en febrero ese número aumentará de manera significativa. Tan solo el pasado lunes en el municipio de Calpulalpan el agente del Ministerio Público ya tenía registradas siete denuncias de transportistas que habían sido despojados de sus unidades de carga y para el día siguiente antes de las 11 de la mañana ya se habían recibido otras 3 querellas de ese tipo.

Como se podrá dar cuenta, la operación de bandas criminales dedicadas al robo de camiones de carga es la constante en Tlaxcala, al grado que los transportistas ya no quieren circular por las carreteras de la entidad porque tienen la certeza de que sus unidades y la mercancía irá a parar a bodegas que controlan los hampones que han encontrado en el estado una mina de oro porque no hay fuerza policiaca que sea capaz de detenerlos.

Y si el procurador de Justicia del estado, José Antonio Aquiahuatl Sánchez y el comisionado estatal de Seguridad, Eduardo Valiente Hernández, no pueden contener a esas bandas, usted cree que tengan no sólo la voluntad sino la inteligencia para evitar que algunos asesinos anden circulando por las carreteras de Tlaxcala, mismas que utilizan para abandonar cuerpos con aparentes signos de haber sido ejecutados.

Ayer aparecieron otros dos presuntos ejecutados a un costado de la carretera de cuota Puebla Tlaxcala a la altura de Zacatelco. Como suele suceder, la PGJE dio a conocer que el caso sería investigado con el propósito de dar con los responsables, lo cual sabemos que no pasará porque la lista de homicidios dolosos que siguen impunes en Tlaxcala es larga.

Trascendió que el paro en las escuelas normalistas de la entidad se mantendrá hasta que los maestros y estudiantes obtengan una respuesta favorable a su demanda por parte del secretario de Educación, Manuel Camacho Higareda, quien ayer tuvo un martes negro porque fue exhibido por todos lados y con diferentes asuntos que lo involucran en conflictos educativos y en presuntos actos de corrupción.

El funcionario consentido de la actual administración no le gustó la crítica ni ser expuesto como un pésimo funcionario, pues sabe que esas circunstancias pueden afectar sus aspiraciones políticas rumbo al 2021.

Si la diputada local del PRD Laura Yamili Flores Lozano piensa que su solicitud para lograr la comparecencia de los titulares de las secretarías de Planeación y Finanzas y de Educación Pública, Alejandra Nande Islas y Manuel Camacho Higareda, respectivamente, prosperará está más que equivocada.

La legisladora pretende que ambos funcionarios aclaren las dudas que existen sobre el gasto que en el 2017 realizó la actual administración estatal por más de 52 millones de pesos para comprar 253 mil chamarras que fueron repartidas entre estudiantes tlaxcaltecas.

Trascendió que en Tlaxcala será la diputada federal panista, Adriana Dávila Fernández, la que encabece la lucha para defender la operación de las estancias infantiles que ya no recibirán recursos del gobierno federal como venía sucediendo.

Se dice que al inicio de esta semana, la ex candidata del PAN al gobierno del estado de Tlaxcala sostuvo un encuentro con las propietarias de esas estancias, a quienes les ofreció asesoría legal para interponer los amparos que permitan frenar la decisión que tomó la administración del presidente de México Andrés Manuel López Obrador.

La encargada de hacer la convocatoria fue la hermana de la diputada federal, quien durante el gobierno del presidente panista Felipe Calderón Hinojosa se encargó de ese programa en la delegación de la Sedesol en Tlaxcala.

Mover o no al precandidato Manuel Camacho

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Ahora resulta que el eficaz y eficiente secretario de Educación Pública de Tlaxcala, Manuel Camacho Higareda, es víctima de los recortes presupuestales en ese sector que lleva a cabo el gobierno federal y de los excesos que pretende conservar el líder de la sección 31 del SNTE, Refugio Rivas Corona, que mantiene desde hace cuatro semanas un paro en las normales de la entidad.

 

Valdría la pena que Camacho Higareda suspendiera unos días su permanente campaña de promoción como precandidato del PRI al gobierno del estado y dedicara un tiempo a sostener “negociaciones machas” para poner fin a los conflictos que se viven en el sector educativo del estado, porque éstos corren el riesgo de crecer y propagarse ante la evidente debilidad que han mostrado las autoridades estatales para poner un hasta aquí a los maestros normalistas y al personal docente del Cecyte y del Colegio de Bachilleres.

Ayer, los maestros del subsistema del Cecyte que se encuentra sin cabeza desde diciembre del año pasado se fueron a un paro que afectó a 12 mil alumnos. Para el jueves y viernes harán lo mismo los profesores del Cobat, medida que de consumarse dejará sin clases a 16 mil estudiantes.

El personal de ambos subsistemas educativos se queja por el recorte de hasta el 20 por ciento en primas de antigüedad, prestaciones y otros gastos que aplicó el gobierno federal que encabeza el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, decisión que obviamente tendrán repercusiones en Tlaxcala.

Los problemas en los mencionados subsistemas educativos no son nuevos, pues desde hace meses se conocía que las autoridades tanto del Cecyte como del Colegio de Bachilleres tenían adeudos con el personal, de ahí que al confirmarse un nuevo recorte en sus prestaciones los maestros dejaron la parsimonia para optar por los paros, con los cuales buscan hacer evidente su malestar y presionar para tratar de conservar sus logros sindicales.

Si bien ese conflicto tiene su origen con una decisión del gobierno federal de López Obrador, la realidad es que tanto el Cecyte y el Colegio de Bachilleres son controlados por el gobierno del estado a través del aspirante a poeta Manuel Camacho, quien le guste o no tendrá que lidiar con ese problema porque sencillamente es su responsabilidad.

Su desdén para solucionar conflictos es tan grande como su pesado ego, pues lo suyo es aparecer al lado del gobernador Marco Antonio Mena Rodríguez en actos del sector educativo y en ceremonias oficiales, así como pronunciar discursos llenos de demagogia y tomarse fotos con alumnos y maestros en eventos controlados para que se trate de vender como un eficiente funcionario cercano a los estudiantes, pero sobre todo que trabaja incansablemente por la educación.

Camacho Higareda ha sido incapaz de solucionar el paro que se registra en las escuelas normales de la entidad, el cual va para su cuarta semana en donde ha habido intentos de negociación que no han terminado nada bien porque los maestros y estudiantes demandan la salida de Antonio Pérez Varela de la dirección de Educación Terminal de la USET, quien al parecer es tío de la influyente ex secretaria de Gobierno y candidata perdedora del PRI al Senado, Anabel Alvarado Varela.

Los maestros afiliados a la sección 31 del SNTE acusan a Antonio Pérez de incurrir en anomalías y excesos como funcionario estatal, señalamientos que también reciben los docentes en paro por parte de las autoridades educativas que además acusan al rapaz dirigente del sindicato de maestros, Refugio Rivas, de encabezar una protesta para conservar sus privilegios y mantener en la nómina a varios profesores que cobraban sin trabajar.

La problemática en el sector educativo de Tlaxcala no es nueva y ha sido la constante desde que inició la actual administración estatal que preside el mandatario Marco Mena, quien quizá debería valorar la conveniencia o no de sostener como secretario de Educación al sensible Manuel Camacho que podría ser movido a otra posición dentro del gabinete estatal que le permita seguir con su precampaña para obtener la candidatura del PRI al gobierno de estado sin enfrentar tantas críticas por su pésima labor como encargado del sector educativo.

Los que conocen el sector educativo de la entidad dicen que los problemas que se tienen en estos momentos son el comienzo de lo que se viene. Pronto el gobierno estatal deberá enfrentar el malestar magisterial que existe y que por dos años se ha guardado. Será, es pregunta.

De la brutal corrupción a brutas acusaciones

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Acostumbrado a lanzar señalamientos estrambóticos más para ganar reflectores que para exigir justicia o un real castigo para los corruptos, Homero Meneses Hernández, responsable del programa Prospera en Tlaxcala, tuvo la ocurrencia de quejarse de las malas prácticas de los ex funcionarios federales priistas que trabajaron en la pasada administración y revelar, por no decir que les avisó, que enfrentan varias denuncias penales ante la Fiscalía General de la República.

 


Crítico incansable de las administraciones priistas y panistas, Homero Meneses intenta venderse hoy en día como un impoluto funcionario que trabaja en el gobierno federal de Andrés Manuel López Obrador, el cual según dicen, está más que comprometido en combatir la corrupción y hacer realidad la cuarta transformación del país.

Lo malo es que esos cambios y esa nueva forma de gobierno no se concretarán o se harán realidad con declaraciones estrambóticas que no conducen a nada, porque hasta ahora prevalece más el criterio de borrón y cuenta nueva, dejando atrás la posibilidad de que se proceda penalmente contra los malos servidores públicos que integraban la mafia en el poder.

Según ese lenguaraz funcionario, en la pasada administración de Prospera existía contubernio con empresas privadas para licitar contratos, desvío de recursos al asignar fondos del programa para beneficiarios inexistentes y hasta moches con las máquinas de la Pepsi y de Marínela.

Para ese maestro, la corrupción en Prospera Tlaxcala era brutal y ese programa operaba con múltiples irregularidades y anomalías, al grado que según una nota del periódico La Jornada de Oriente los desvíos de recursos públicos durante el 2018 fueron por alrededor de 657 millones de pesos.

Si Prospera fue un cagadero y hay ex funcionarios que ya son investigados por esas supuestas irregularidades, por qué el afán de ventilar el asunto en los medios de comunicación si no existe nada en concreto y más cuando ese caso no es nuevo porque meses atrás se conocieron algunas acusaciones de corrupción, las cuales fueron documentados sin que alguien se preocupara o investigara esos hechos.

Para nadie es un secreto que el programa Prospera estuvo a cargo de la marianista Beatriz López Rojas, quien junto con la ex delegada de Sedesol, Mariana González Foullon, se presume dedicaron a lucrar políticamente y económicamente con esas dos instancias del gobierno federal en los tiempos del presidente priista Enrique Peña Nieto.

Antes de manejar Prospera, Beatriz López se desempeñó como funcionaria en el gobierno de Mariano González Zarur, específicamente en el Sepuede, donde dejó cientos de anomalías y varios millones de pesos perdidos, hechos que si bien se investigaron y se documentaron, éstos nunca llegaron a la Procuraduría General de Justicia en el Estado para ser sancionados.

El gobierno de Marco Antonio Mena Rodríguez tuvo la cortesía de otorgar su manto protector a esa ex funcionaria estatal y federal, por lo que hoy existe una enorme duda si sus supuestas irregularidades en Prospera serán castigadas o el gobierno de López Obrador también ofrecerá impunidad a esa mujer.

Y lo anterior es posible porque Homero Meneses ya ha dado muestras de tener una memoria muy corta, pues como olvidar que en el 2017 él y su compañero auto nombrado paladín contra la corrupción, Delfino Chamorro Macías, arremetieron contra el ex gobernador Mariano González por llevar a cabo una estafa maestra en la compra y distribución de tabletas electrónicas para alumnos de escuelas públicas en la entidad.

A través de la Asociación Versus Corrupción, ambos personajes habrían documentado que el empresario beneficiado con esa operación que superó los 35 millones de pesos fue Rafael Torres Mendoza, amigo personal del entonces mandatario que a través de la comercializadora “La Casa de los Sueños” vendió 16 mil tabletas electrónicas.

Las irregularidades de esa licitación y en la distribución de esos equipos fueron más que evidentes, sin embargo la pareja de Meneses y Chamarro se olvidó a los pocos días del caso, situación que permitió a la actual administración estatal operar para que ese asunto no fuera investigado por las instancias correspondientes y para que mediáticamente se dejara de tocar el tema.

A Homero Meneses le gana el protagonismo y su proceder lejos de hacer un bien al gobierno de López Obrador, en realidad le hace un mal porque no se ve el combate real a la corrupción en Tlaxcala, ni tampoco se percibe que los programas del nuevo gobierno federal estén funcionando por más que se diga que están operando.

La coordinadora de los programas de Desarrollo y representante del gobierno federal, Lorena Cuéllar Cisneros, debería buscar otro tipo de colaboradores porque con los que tiene difícilmente podrá hacer un buen papel.

En riesgo la unidad del bloque mayoritario del Congreso

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La ambición y la marcada improvisación de la mayoría de los diputados locales que conforman el bloque mayoritario del Congreso del Estado que está integrado por Morena, el PT y el PES podrían quebrar la frágil unidad que han mostrado en las últimas semanas, debido a que hay legisladores que no ocultan sus marcados intereses para actuar con consigna aunque eso implique hacer el ridículo.

 

Ejemplos de la pésima labor legislativa de los integrantes del Congreso de Estado de Tlaxcala abundan, como sería el hecho de aprobar sin revisar un presupuesto de egresos del Poder Judicial que considera incrementos en los sueldos de los magistrados y de los mandos medios, así como avalar una Ley de Austeridad que tras ser observada por el gobernador Marco Antonio Mena Rodríguez optaron por tirarla a la basura y su fracaso para cambiar los tiempos de la presentación de las cuentas públicas de los 105 entes fiscalizables.

A lo anterior hay que sumar que los diputados locales son especialistas en violentar los procesos legislativos tal y como sucedió con la aprobación del Presupuesto de Egresos del 2019, el cual a todas luces fue irregular porque nunca se siguieron los pasos establecidos en la ley.

Y no contentos con esas burradas, los diputados encabezados por el presidente de la Junta de Coordinación y Concertación Política, Víctor Manuel Báez López, el diputado perredista priista, Miguel Ángel Covarrubias Cervantes, mejor conocido como “el meón” y el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación, Justicia y Asuntos Políticos, Jesús Rolando Pérez Saavedra, demostraron que su ignorancia e incapacidad es tan grande como su exagerado ego que los transforma en seres divinos y delicados.

Durante la sesión ordinaria de ayer, el Congreso del Estado entró al análisis de la solicitud de juicio político contra el alcalde de Tzompantepec Arturo Rivera Mora y la regidora Dominga Rodríguez Salamanca, quienes son acusados por habitantes de ese municipio de cometer diversas anomalías y actos de corrupción.

Sin embargo, los legisladores declararon improcedente la petición porque según ellos la regidora que ha cobrado por más de dos años su salario como integrante de ese Cabildo no era miembro de ese cuerpo colegiado, argumento que destacó el diputado “meón” , quien junto con su comparsa y “primer espada”, el legislador morenista priista Víctor Manuel Báez, presumían que ese asunto sería resuelto ágilmente y que además se darían a la tarea de investigar por qué el edil Rivera había designado como regidora a Dominga Rodríguez.

Antes de hacer el ridículo, esa pareja de diputados fue advertida de su error, junto con el legislador Jesús Rolando Pérez, sin embargo como el amor y el dinero apendejan, decidieron seguir con sus tropelías y sometieron a votación el asunto ante el pleno, donde los demás diputados lo avalaron porque esa era la instrucción ordenada.

No habían pasado ni cinco minutos de esa burrada, cuando los diputados comprobaron que de acuerdo con una resolución de una autoridad electoral Dominga Rodríguez si era regidora en funciones del ayuntamiento de Tzompantepec y que su dictamen aprobado era una basura.

Una vez más los diputados se evidenciaron y demostraron que lo suyo es proteger a un edil con serios señalamientos de corrupción, como ya sucedió con el presidente municipal de Ixtenco.

Pero no crea que al diputado Covarrubias sólo se le permiten ese tipo de excesos, sino también violentar los procesos legislativos como sucedió hace unos días con una reforma aprobada para que lucrar con los dictámenes de protección civil que necesitan presentar las empresas y negocios para poder operar en Tlaxcala.

Como se trataba de una iniciativa del diputado consentido, los legisladores se brincaron los procedimientos y después de la primera lectura de la iniciativa, ésta se sometió a votación por órdenes de Báez López, lo cual permitió que fuera avalada en ese mismo momento.

Es muy probable que esa reforma genere protestas por los abusos que se empezarán a cometer con dichos cambios por parte de los ayuntamientos y las personas certificadas que serán contratadas para realizar los dictámenes de protección civil.

Con estos diputados locales, los tlaxcaltecas para que queremos enemigos. O no.

Preguntas incómodas y los dardos envenenados de Maldonado

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Ahora resulta que los medios de comunicación son los culpables de recurrir a una fuente oficial y documentar que el supuesto sueldo que percibe el presidente del Tribunal de Justicia en el Estado, Héctor Maldonado Bonilla, se encuentra modificado por un error y por tal razón supera los 200 mil pesos mensuales, lo que le valió ser exhibido no sólo en Tlaxcala, sino a nivel nacional donde lo acusaron de ganar más que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y de ser uno de los funcionarios cuyos emolumentos son realmente envidiables.

 

Si los datos publicados del Presupuesto de Egresos del 2019 en el Periódico Oficial del estado están equivocados, alterados o con errores, valdría la pena saber quién fue el culpable y que otras imprecisiones existen en el documento, pues no vaya a ser que haya otras partidas con incrementos no validados que generen confusión y un desorden financiero.

Llama la atención que el error se haya centrado en el sueldo de poblano magistrado Héctor Maldonado, quien desde que llegó a esa posición estableció una distancia con el gobernador Marco Antonio Mena Rodríguez, con el claro propósito de permitir la incorporación al Poder Judicial de marianistas que fueron corridos de la administración estatal y que hoy se alistan para jugar la sucesión gubernamental desde las posiciones logradas en el TSJE.

Para nadie es un secreto que existe una mala relación entre el mandatario Mena y el magistrado Maldonado, quien pudo convencer, sin la ayuda del Ejecutivo, a los diputados locales de aumentar para este año el presupuesto del Poder Judicial.

En política no existen casualidades y es obvio que el golpeteo al presidente del TSJE estuvo armado y planeado, pero eso no le da argumentos a Héctor Maldonado para amenazar con proceder con una demanda por daño moral contra los comunicadores que recibieron la información oficial con errores para desacreditarlo.

El magistrado aguantó la embestidas, pero ayer durante una entrevista lanzó varios dardos envenenados que pusieron fin al golpeteo mediático, cuando dejó entrever que el presupuesto fiscal de este año que fue publicado está alterado y que tiene errores que no corresponde al documento original que días pasados fue aprobado por los diputados locales.

Lo anterior fue suficiente para que el tema fuera borrado de los medios al servicio del menismo y sus plumas sesudas e independientes dejaran de abordar el caso, porque quizá Héctor Maldonado destapó una anomalía de la que nadie se había dado cuenta y que a lo mejor permitía al Poder Ejecutivo acomodar las partidas presupuestales a su conveniencia y no a los criterios que fijaron los legisladores.

Y no crea que estoy defendiendo al magistrado presidente del TSJE que si bien no cobra lo que se dice, si mantiene y alienta excesos en el Poder Judicial, así como también ayuda a las empresas de sus amigos con contratos a modo.

El magistrado Maldonado debería entender que no goza de una buena reputación. Los estudiantes de Derecho de la UDLA, institución donde daba clases, lo consideraban un mal catedrático. Entre los tlaxcaltecas, el poblano dejó una pésima imagen en la pasada Feria de Tlaxcala cuando se dejó ver vomitando y haciendo el ridículo en un conocido restaurante luego de no controlar el consumo de alcohol.

Pero volviendo al tema que nos ocupa, ahora quién será el valiente que aclarará las dudas en torno al Presupuesto de Egreso del 2019.

¿Cuántos errores tiene y en que partidas?

¿Sólo se alteró el sueldo mensual del presidente del TSJE o hay más inconsistencias?

¿El presupuesto fiscal 2019 publicado es el que aprobó el Congreso del Estado?

¿Quién o quiénes son los responsables de alterar, modificar y publicar los errores de ese documento?

¿El presupuesto del Congreso del Estado es el correcto o también sufrió errores?

Las preguntas pueden continuar, pero valdría la pena que los diputados locales revisaran ese caso y que la titular de la Secretaría de Planeación y Finanzas, Alejandra Nande Islas, precisara si hay más errores en el Presupuesto de Egresos de este año y que hará para corregir esa información antes de que se genere un caos y un desorden por la difusión de una información oficial con errores.

La inservible Contraloría del Ejecutivo

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A lo largo de los últimos dos años los casos de corrupción y del mal ejercicio de algunos funcionarios públicos han sido la constante, sin embargo ni un solo asunto ha sido investigado y terminado en una sanción, es como si la Contraloría del Ejecutivo a cargo de María Maricela Escobar Sánchez fuera una instancia inexistente que sabemos que ahí está pero que nunca hará su tarea.

 

Nadie puede asegurar que al interior del gobierno se vive una descomunal corrupción, pero tampoco se puede sostener que ese grave mal no existe, porque algunos medios de comunicación han documentado a lo largo de los último meses anomalías en dependencias como la Secretaría de Educación Pública, en la Dirección de Notarías y del Registro Público de la Propiedad, así como el Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Física Educativa y la Procuraduría General de Justicia en el Estado sin que hubiera una sanción para los presuntos malos servidores públicos que incurrieron en esas irregularidades.

En la Secretaría de Educación Pública que está bajo el mando del impoluto Manuel Camacho Higareda, los casos han sido permanentes y van desde las compras infladas, hasta el pago de aviadores, sin dejar los gastos realizados sin cumplir con los procedimientos legales y hasta solapar a maestros borrachos y a presuntos profesores dedicados a la venta de plazas en el sector educativo de Tlaxcala.

Los casos que han sido detectados a través de auditorías o por la existencia de alguna denuncia interpuesta para el conocimiento de las autoridades son reales, pero ninguna investigación ha avanzado o ha terminado con una medida correctiva, lo que demuestra que en Tlaxcala prevalece un manto protector para esas conductas ilegales que tanto dañan la imagen del sector público.

Ayer, en e-consulta se documentó un nuevo caso relacionado con la venta de una plaza que involucra a un profesor, el cual fue denunciado ante la Procuraduría General de Justicia en el Estado que seguramente presionará a las personas que presentaron la querella para que se desistan bajo el argumento de que ellos estarían también involucrados en un presunto delito al intentar comprar un puesto permanente de trabajo en la Secretaría de Educación Pública.

Pese a que existen las evidencias y elementos para proceder contra el presunto responsable que está plenamente identificado, dudamos que la PGJE en manos del gris José Antonio Aquiahuatl Sánchez tenga la voluntad de actuar, porque seguramente no descuidará su profesional trabajo de perseguir a los verdaderos delincuentes que pudieran representar un mejor negocio para sus intereses.

Y así como la impunidad prevalece en la Secretaría de Educación Pública, también sucede lo mismo en la Dirección de Notarías y del Registro Público de la Propiedad en manos del marianista Sergio Cuauhtémoc Lima López, quien ha logrado armar una red de funcionarios que estarían dedicados a la presunta venta de escrituras falsas que son usadas para despojar de casas y terrenos a personas que tienen forma de demostrar con son los legítimos propietarios de esos inmuebles.

Los casos se han documentado y en esa dependencia no pasa nada, pareciera que en la Dirección de Notarías y del Registro Público de la Propiedad su titular y su personal son inamovibles y que pueden hacer las irregularidades que quieran sin enfrentar ninguna consecuencia legal.

Lo grave es que la Contralora del Ejecutivo María Maricela Escobar también acumula señalamientos de excesos y corrupción, pues se dice que su dependencia se ha dedicado a beneficiar a un restaurante de Apizaco y a su despacho contable, versiones que pronto podrían documentarse para demostrar que esa funcionaria nunca tendrá cara para castigar la corrupción que existe en el gobierno del estado.

Si hiciera un balance de los funcionarios estatales, no dudamos que la actual Contralora del Ejecutivo sería una de las peor evaluadas porque su trabajo es inexistente y hasta ahora no ha servido para nada, porque la corrupción ha ganado terreno y presencia en la administración del gobernador Marco Antonio Mena Rodríguez.