Bien valdría la pena que las recomendaciones de “asesores”, gurús o expertos operadores políticos fueran revisadas con lupa, porque al parecer están llevando al actual gobierno a cometer errores e irregularidades que tarde o temprano tendrá un costo.
Lo anterior viene a cuento porque el pasado 12 de abril del 2022 la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros tomó protesta a las y los integrantes del Comité Consultivo de Bienestar y Desarrollo Social durante la sesión de instalación de este órgano, con el propósito de generar trabajo coordinado entre el gobierno municipal, estatal, federal y los sectores social y privado, en la construcción de acciones y programas que erradiquen la pobreza y fortalezcan el tejido social.
En esta reunión la titular del Ejecutivo conminó a las y los integrantes del nuevo organismo, encabezado por su hija María Fernanda Espinosa de los Monteros Cuéllar como Presidenta Honorífica, a mantener los principios y trabajar con honestidad y total transparencia a favor de los tlaxcaltecas.
Sin embargo, lo cierto es que desde su origen, este organismo funcionaría de manera irregular e ilegal pues asume de hecho funciones que corresponden al Consejo Estatal de Desarrollo Social, según lo establecido en el Artículo Primero de la Ley de Desarrollo Social para el Estado de Tlaxcala, en su inciso IV que establece “la creación del Sistema Estatal de Desarrollo Social en el que participen el Gobierno del Estado, los Municipios y los sectores social y privado, a fin de disminuir las desigualdades sociales, en los ámbitos de su competencia”.
Dicho Consejo Estatal, según el Capítulo I, Artículo 27 se describe como un mecanismo permanente de concurrencia, colaboración, coordinación y concertación del Gobierno del Estado, el Gobierno Federal y los Municipios, así como los sectores social y privado, que tiene por objeto: como lo señala su fracción I. Establecer la colaboración entre las dependencias y entidades estatales y municipales en la formulación, ejecución, instrumentación y evaluación de programas, acciones e inversiones en materia de desarrollo social
Y aunque en el artículo 4, fracción II. Se habla del denominado Comité Consultivo de Desarrollo Social del Estado de Tlaxcala, de hecho, este asume las funciones operativas que corresponden al mencionado Consejo en donde Fernanda Espinosa de los Monteros ejerce las funciones que corresponden a la titular de la Secretaría de Bienestar de Tlaxcala, María Estela Álvarez Corona, quien pasa a ocupar un segundo plano, pero con el problema de que esta figura no está reglamentada en la Ley Orgánica de la Administración Pública.
A esta presunta irregularidad habría que sumar la opacidad porque el destino y los montos de los recursos ejercidos por los 12 programas que aplican funcionan sin contar con una claridad ni difusión de las reglas de operación, lineamientos, publicación de licitaciones o convocatorias para adquisición de bienes que entregan tales como calentadores solares, pintura, equipamiento para captadores de agua, puertas y ventanas etc., realizando las asignaciones de manera directa a sus proveedores afines ligados al ex candidato perdedor de Morena a la alcaldía de Huamantla y hoy funcionario del gobierno estatal, el priista Juan Carlos Santiago Pimentel, lo que se presta a acciones de manejo indebido de recursos públicos.
Además también se encontrarían en la opacidad los padrones de beneficiarios directos y la información pertinente sobre el impacto en los indicadores sobre carencias, marginación o vulnerabilidad.
Hay diferentes solicitudes de información que demuestran que esa información y otra no es proporcionada por la Secretaría de Bienestar de Tlaxcala.
Lo anterior representaría un verdadero llamado de atención a los entes de fiscalización y transparencia, pero más de la ciudadanía en general, así como a organizaciones de la sociedad civil e incluso los partidos políticos sobre el verdadero sentido y manejo incierto en la política de bienestar de la entidad.
Pareciera que el sentido que predomina más bien es el clientelar y con sentido más político que social, es decir, los poblanos que vinieron a vender ese esquema de operación no resultaron tan brillantes y poco a poco sus malas mañas están saliendo, lo que terminará por afectar la imagen de una administración estatal que será acusada de manipular los programas sociales.
Otro ejemplo de lo anterior es la creación de los denominados Comités de Participación Ciudadana por parte de la Secretaría de Bienestar de Tlaxcala que según la dependencia se definen como la “Estructura organizada local constituida por los residentes de dicho espacio, quienes son electos de manera democrática en la asamblea comunitaria” y que se conforman por un Presidente, un Secretario y un Vocal con un mínimo de 20 personas como integrantes, bajo responsabilidad de la Dirección de Desarrollo Comunitario.
Habría que conocer al detalle el contenido del Acuerdo de creación de dichos comités de participación ciudadana, así como los lineamientos específicos que estipulan su operación, pues más bien parece otro acto de improvisación de la dependencia y de sus supuestos asesores, que en lugar de ayudarles más bien las comprometen y exhiben en acciones.
Lo anterior en el contexto de que dichas instancias se encuentran al margen de lo establecido en la propia Ley de Consulta Ciudadana para el Estado de Tlaxcala que en su Artículo 3, señala claramente los procesos de participación y consulta ciudadana se realizarán conforme a los mecanismos específicos siguientes: I. Iniciativa Popular; II. Consulta Popular; III. Plebiscito; IV. Referéndum, y V. Voz Ciudadana en el Cabildo, donde los supuestos comités de participación ciudadana no están contemplados. Lo que sugiere que antes de implementarlos debería existir una adecuación a la norma para su posible o debida incorporación.
Otro factor relevante, es que la implementación de los mismos comités de participación pasaron por alto lo expuesto en el Artículo 16. de la Ley de Desarrollo Social estatal donde se establece que “El Gobierno del Estado y los Municipios publicarán en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado y en los medios oficiales de difusión todos los programas operativos de desarrollo social, los recursos asignados y sus respectivas reglas de operación conforme a lo dispuesto en esta Ley, en un término de sesenta días a partir de la aprobación de sus presupuestos de egresos anuales respectivos”, situación que queda expuesta por su irregularidad e ilegalidad dado que tampoco se publicó ni difundió debidamente el origen, fines, características, funciones, financiamiento que implica la operación del llamado Programa de Comités de Participación Ciudadana.
Y es que durante la celebración de la tercera sesión del Comité Consultivo de Bienestar y Desarrollo Social que preside, de manera honorífica, María Fernanda Espinosa de los Monteros Cuéllar, efectuada el pasado 12 de octubre del 2022 y publicada por El Sol de Tlaxcala en jueves 13, se presentó el informe sobre el impulso de la participación ciudadana mediante una controlaría social, en el llamado Programa de Comités de Participación Ciudadana para involucrar a la población en la identificación de personas en situación de vulnerabilidad que requieren los apoyos de los 12 programas que opera la Secretaría de Bienestar.
Además de que la propia titular de la dependencia María Estela Álvarez Corona, dio a conocer que, a esta fecha, “son 78 comités ciudadanos los que colaboran con la dependencia para hacer llegar los beneficios a los tlaxcaltecas que más lo necesitan, de manera directa y sin intermediarios”.
Ante esto surgen las preguntas, de por qué tanto hermetismo, misterio y opacidad existente ante el surgimiento del citado programa, lo irregular de su contexto legal, lo atrabancado de su implementación, el desconocimiento de los criterios de asignación de los recursos o apoyos en torno a su operación y quiénes son realmente sus beneficiarios, si es la población abierta realmente vulnerable o simpatizantes afines al gobierno y colores que representa.
Bien vale la pena que la sociedad esté atenta a esta situación y dar seguimiento puntual, pues debe existir total claridad y transparencia en cómo se orientan los recursos públicos a programas realmente destinados a combatir la pobreza y desigualdad en la que viven miles de tlaxcaltecas y no fortalecer el clientelismo político y electoral.
El asunto tiene más y pronto daremos a conocer quiénes son los operadores que están llevando a la actual administración a cometer graves errores que al final alguien tendrá que pagar ante las instancias fiscalizadoras.
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