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La Plaza Bicentenario por fin al Conacyt

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Tuvieron que pasar casi siete años y siete meses para que se le pudiera encontrar un uso al inmueble conocido como La Plaza Bicentenario, la cual fue construida por el gobierno panista de Héctor Ortiz Ortiz y que implicó el gasto de más de 500 millones de pesos que por fin servirán de algo una vez que el Conacyt decidió instalar un consorcio tecnológico y científico.

Plaza Bicentenario

Hoy el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) asumirá el control de La Plaza Bicentenario, espacio en donde espera invertir alrededor de 27 millones de pesos para adecuar el inmueble que albergara un consorcio científico dedicado a la investigación automotriz, textil y química.

Los recursos que se invertirán provienen de las multas aplicadas a los partidos políticos y cuyos fondos por ley se deben aplicar a cuestiones de ciencia. Los proyectos que emprenderá el Conacyt en Tlaxcala serán regionales y estarán encaminados a apoyar a las ramas industriales antes mencionadas a fin de alentar su crecimiento y consolidación.

Hasta aquí todo se escucha bien, pero habrá que conocer cuál será la postura que asumirá María Maricela Escobar Sánchez, Contralora del Ejecutivo, para iniciar una investigación que permita fincar responsabilidades a los funcionarios de la administración de Mariano González Zarur, quienes ante su negligencia y omisión provocaron la pérdida de millones de pesos en equipo y mobiliario.

El gobierno de Héctor Ortiz no sólo gasto miles de pesos en la edificación del inmueble localizado a unas cuantas cuadras del zócalo capitalino, sino que también realizó la compra de butacas, elevadores, el sistema de aire acondicionado y de un sofisticado equipo de sonido.

La inconclusa Plaza Bicentenario que dejó Ortiz Ortiz al abandonar el gobierno sirvió de pretexto al vengativo Mariano González para emprender una encarnizada persecución contra funcionarios orticistas y constructores, pues según los sabuesos del marianismo había irregularidades financieras y estructurales que debían ser sancionadas.

En junio del 2015 el gobierno del hacendado Mariano González reveló los nombres de los ex funcionarios orticistas que fueron inhabilitados por supuestas anomalías relacionadas con el mencionado inmueble.

La lista la encabezó Adalberto Campuzano Rivera, ex Secretario de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda del Estado de Tlaxcala, Baldomero Ruíz García, ex Director de Obras Públicas, Gilberto Reyes Zepeda, ex Secretario Técnico, José Eusebio Rubén Téllez Gutiérrez, ex Encargado de la Unidad de Concursos y Precios Unitarios, José Luis Mejía Rojas, ex Jefe del Departamento de Infraestructura Urbana, Leonel Lima Loaiza, ex Jefe del Departamento de Infraestructura y Obras Viales, Marco Antonio Vázquez Salazar, ex Jefe de Oficina adscrito a la Dirección de Obras Públicas y Felipe Cuapio Tzompa, ex Residente de Obra.

Y como podrá ver nunca apareció el constructor de la obra y funcionario estatal Jesús Luévano Escalona ni el ex gobernador Héctor Ortiz, pues simplemente González Zarur no pudo proceder en su contra por más que buscó elementos para hacerlo o mejor dicho su contralor Hugo René Temoltzin Carreto nunca rascó donde en realidad estaban las inconsistencias porque no quiso o porque habría encontrado algún estímulo para engañar a su jefe.

Valdría la pena que la actual contralora María Maricela Escobar se pusiera a trabajar para indagar el destino y el estado que tienen los equipos que se compraron para el adecuado funcionamiento de La Plaza Bicentenario, pues hasta donde se sabe éstos estaban abandonados y sin el debido cuidado en una de las bodegas de la Secoduvi.

Se trata de millones de pesos que no fueron resguardos correctamente por funcionarios de la pasada administración, de ahí que es obligación de la Contraloría del Ejecutivo determinar si hay responsables o no por el daño que sufrió ese equipamiento que seguramente no sirve por el poco cuidado que recibió.

Si hay una dependencia que ha estado de adorno en la actual administración es la Contraloría del Ejecutivo que se ha dedicado más a tapar todas las irregularidades que dejó el gobierno de Mariano González y a cubrir los errores y anomalías que llevan a cabo los actuales funcionarios, ya que hasta ahora se desconoce si hay servidores públicos sancionados o amonestados por alguna inconsistencia.

La seguridad, el gran fracaso de los gobiernos

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Si hay un reproche generalizado de los mexicanos hacia las autoridades es la enorme inseguridad, la cual sin duda fue una herencia de los gobiernos panistas que mostraron su ineficiencia en ese rubro durante doce años y que hoy en día la administración federal del priista Enrique Peña Nieto también demuestra que fracasó.

Un diagnóstico mal elaborado con una lectura parcial de la película en materia de seguridad fue la que al final de la administración de Mariano González Zarur se enseñó al gobernador electo Marco Antonio Mena Rodríguez, quien nunca recibió la información real del problema de la inseguridad en Tlaxcala.

Esa fue una de las razones por las que la seguridad fue excluida de las prioridades del gobierno menista que desde su inicio se comprometió a dar mayor atención a la educación, la salud y el empleo.

A mediados del año pasado, cuando se presentó el Plan Estatal de Desarrollo hubo un intento por corregir el rumbo y se anunció una inversión histórica en materia de seguridad y el incremento del 50 por ciento de la fuerza policiaca estatal, con el propósito de enfrentar el crimen que prácticamente está desatado desde finales del 2016.

La postura del gobierno estatal para combatir la inseguridad fue buena, pero su proceder es extremadamente lento y su estrategia sigue sin dar los resultados esperados.

Los datos no mienten. En los primeros cuatro meses de este año el robo con violencia de automóviles se ha disparado al sumar 161 ilícitos de ese tipo, cuando en el mismo periodo del 2017 se registraron 62 hechos de esa naturaleza.

Pero no sólo creció el robo de vehículos con violencia, sino que ahora esa problemática ya refleja una tendencia en la forma de delinquir. En uno de cada tres delitos de ese tipo cometidos en Tlaxcala se usa la fuerza y armas para llevar a cabo el despojo de la unidad automotora.

Según los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública al día se roban en Tlaxcala un automóvil de forma violenta, hecho que resulta grave porque nunca antes se había registrado ese clima de inseguridad.

Esa problemática ha pegado de más a la imagen del gobierno de Marco Mena y hasta ahora no se ha dimensionado el daño.

Héctor Ortiz Ortiz cuando gobernó Tlaxcala se mostró muy sensible sobre el tema de la seguridad, al grado que se dice tenía un pacto no escrito con los delincuentes que operaban en el estado, pues se les permitía vivir pero no cometer sus fechorías en el territorio estatal porque si lo hacían de inmediato eran perseguidos y encarcelados.

El mismo pacto lo habría replicado el hacendado gobernador Mariano González a través de su procuradora Alicia Fragoso Sánchez. Las bandas criminales estarían identificadas y se les dejaba operar a cambio de no afectar de más a los tlaxcaltecas.

Sólo los ex gobernadores saben si lo anterior fue real o no, sin embargo es un hecho tangible que en los últimos 16 meses el clima de seguridad que prevalecía en Tlaxcala se descompuso y que hoy en día observamos ilícitos que antes se presentaban de manera esporádica como los levantones, secuestros exprés, robo de vehículos con violencia, extorsiones y secuestros.

Y ante tal panorama, resultan ridículas las declaraciones del diputado Juan Carlos Sánchez García, quien quiere que el responsable de la seguridad pública en el estado, Hervé Hurtado Ruiz, comparezca ante los legisladores para que explique las estrategias que sigue para enfrentar al crimen.

El empresario constructor metido a diputado y promotor de eventos de lucha libre, dice que tal decisión es producto de un acuerdo de los diputados que esperan que en esta ocasión el funcionario estatal si los obedezca y asista al Poder Legislativo, sin que exista una autorización por parte del gobernador Marco Antonio Mena Rodríguez.

Antes de ponerse “gallito” valdría la pena que el legislador panista consultara la ley y se enterara del procedimiento que debe seguir para lograr una comparecencia, porque le encanta asumir la actitud de ser un guerrero cuando todos saben que al tipo no sólo le falta cerebro, sino dos elementos necesarios para demostrar su hombría.

El problema de la inseguridad es grave, pero hay algunos bufones como El Saga que lo tratan de utilizar para ganar reflectores y así alimentar su retorcido ego.

Héctor Maldonado, la marioneta de Elsa Cordero

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El nuevo presidente del Tribunal Superior de Justicia en el Estado (TSJE) resultó un toro manso que ya se acostumbró a vivir de las apariencias. Le encanta presumir aquí y en Puebla su cargo, pero por todos los medios trata de ocultar que la magistrada Elsa Cordero Martínez es la que sigue mandando en el Poder Judicial de Tlaxcala.

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Si existió alguna expectativa de cambio o de transformación del TSJE con la llegada del poblano Héctor Maldonado Bonilla a la presidencia de ese poder, ésta se fue a la basura cuando se comprobó que el magistrado es la marioneta de Elsa Cordero.

Incapaz de asumir el control del Poder Judicial en Tlaxcala una vez que fue designado como presidente a principios de este mes, el marianista Maldonado Bonilla demostró que lo suyo es obedecer y que será el mejor instrumento para que la ex presidenta del TSJE mantenga el control y los privilegios que compartió en los últimos dos años con un reducido séquito.

Como funcionario en el gobierno del hacendado Mariano González Zarur nunca mostró personalidad o un dote de liderazgo, por lo que Héctor Maldonado siempre fue catalogado como un toro manso y castrado que no daría problemas, porque lo suyo es la obediencia y la sumisión.

Sin dimensionar que su llegada a la presidencia del TSJE se la debe a los marianistas y no la frívola Elsa Cordero, el magistrado Maldonado no pierde oportunidad para consentir y apapachar a su antecesora. Por esa razón decidió dejar en sus puestos a los recomendados de la magistrada para que sigan cobrando sus jugosos salarios, con lo cual la soberbia abogada garantiza el control del Poder Judicial.

Como secretario Ejecutivo del Tribunal se mantiene José Juan Gilberto de León Escamilla, en la Tesorería Floriberto Pérez Mejía y en la Contraloría del TSJE María de Lourdes Parra Carrera.

En la dirección de Recursos Materiales sigue Julieta Sánchez Rojas, como jefa de la Unidad de la Mujer permanece, Erika Cortés Zamora, en la dirección de Recursos Humanos, Judith Marqués, en la dirección del Archivo el marianista Mauricio Rugarcia y en la secretaría particular a una tal Monserrat.

Y para tener a todos contentos, Elsa Cordero antes de irse logró sumar a su selecto grupo a la representante del Poder Ejecutivo ante el Consejo de la Judicatura, Mildred Murbatian Aguilar, quien olvidó sus ímpetus fiscalizadores cuando su marido Miguel Ángel Sánchez Hernández fue contratado como jefe de Inventario del TSJE.

El magistrado Héctor Maldonado no trascenderá como presidente y su gestión será una prolongación más de los excesos cometidos en los últimos años. La verdad es que el papel de marioneta lo desempeña muy bien, ni hablar.

Sigues las simulaciones

De no existir algún cambio, será un compadre del ex gobernador Mariano González Zarur el que finalmente ocupe la contraloría interna del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones.

Aunque en este segundo proceso que lleva a cabo el Congreso del Estado para elegir a ese funcionario se inscribieron más personas, la realidad es que los dados se encuentran cargados a favor de Mario Sánchez Domínguez, ex director Administrativo de Cobat.

Patricia González Rojas, ex directora de Recaudación, Enrique Huitrón Sánchez, quien demandara a la CEDH por despido injustificado y Fernando Zamora González, responsable de una Unidad de Transparencia sólo son comparsas de un proceso legislativo que no tendrá credibilidad.

La tensa relación entre el menismo y marianistas

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El ex gobernador Marian González Zarur no tiene empacho en desacreditar el primer año de la administración de Marco Antonio Mena Rodríguez. Si hoy en día hay un crítico del actual mandatario es el hacendado que no pierde oportunidad para mofarse de lo realizado hasta el momento por su pupilo.

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Una extraña relación es la que sostiene el actual gobernador Marco Mena con su antecesor Mariano González Zarur, porque el distanciamiento que ambos decidieron establecer no se ha traducido en una real ruptura como muchos aseguran.

La actual administración lejos de iniciar una investigación por las múltiples anomalías financieras que encontró y recibió, optó por encubrir y solapar actos de corrupción que hoy en día representan un estigma que cada vez se convierte en una carga más pesada para la imagen del gobierno menista que recibe acusaciones de encubridor.

Un claro ejemplo de lo anterior fue la postura fijada hace unos días por la Contralora del Ejecutivo, Maricela Escobar Sánchez, quien lejos de corroborar la corrupción de Mariano González aceptó que está limpiando su cochinero y que será ella la que solvente, a través de complejos documentos, los más de 200 millones de pesos que fueron observados durante el 2016.

Lo mismo hará con los otros 750 millones de pesos que siguen pendientes por justificar y que forman parte del ejercicio fiscal del 2015.

La inútil funcionaria demostró que no existe la intención de proceder y sancionar a algún funcionario marianista por esas graves anomalías, pues a casi un año de que la pandilla de Mariano González dejó sus cargos sólo el ex secretario de Salud, Alejandro Guarneros Chumacero, ha sido requerido para explicar y tratar de aclarar el destino de los fondos que recibió la dependencia a través del Seguro Popular.

Dicen que fue tanto el enojo del ex funcionario marianista que sufrió un infarto, pues según él nunca pensó que la actual administración le iniciara un procedimiento cuando formó parte del selecto grupo que operó para que Marco Mena ganara las elecciones de gobernador.

Mientras en otros estados donde también hubo cambio de gobernadores se habla de que varios ex funcionarios enfrentan procesos penales por corrupción como en Oaxaca, Veracruz, Chihuahua y otras entidades, en Tlaxcala sólo se sabe de un procedimiento que difícilmente terminará en alguna pena para el involucrado.

Pronto los menistas y marianistas enfrentarán otro desencuentro por las candidaturas rumbo a las elecciones del 2018.

Veremos si logran ponerse de acuerdo y salir unidos para enfrentar a la oposición que amenaza con dar la pelea. Las posibilidades de que las diferencias crezcan son latentes, situación que debe preocupar más al actual grupo en el poder porque es el que deberá entregar buenas cuentas al PRI y a su candidato presidencial.

El principal damnificado del distanciamiento entre menistas y marianistas es Mariano González Aguirre, quien cada vez tiene menor influencia y presencia entre la clase poderosa.

La ratificación obligada de Fernando Bernal

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El problema de los diputados es que no tienen ningún elemento válido que puedan utilizar para impedir la ratificación del abogado como miembro del Tribunal Superior de Justicia en el Estado, sin embargo son tan necios y obedientes que podrían recurrir a alguna chicanada para mantener vigente los odios del ex gobernador.

TRESLOCOS
Los diputados locales comandados por el inexperto, pero arrogante Mariano González Aguirre, se encuentran entre la espada y la pared en el caso de la ratificación o no del ex magistrado Fernando Bernal Salazar.

Los legisladores que suelen no darle importancia y relevancia a asuntos delicados como es el caso del ex magistrado, no terminan por entender que ellos pagarán los odios y caprichos del ex gobernador Mariano González Zarur, quien en un acto de intolerancia y sin tener ningún sustento legal, ordenó a la pasada legislatura interrumpir la carrera de Bernal Salazar en el Tribunal Superior de Justicia en el Estado (TSJE).

El odio que sentía el hacendado gobernador por algunos miembros del TSJE lo concentró en Fernando Bernal, quien a diferencia de otros magistrados como Elsa Cordero Martínez o Mario de Jesús Jiménez Martínez no puedo mantenerse en la estructura del Poder Judicial de Tlaxcala porque simplemente alguien así lo decidió.

Al no ser ratificado en el tiempo establecido por la ley, de inmediato se inició el proceso para designar al nuevo integrante del Poder Judicial, posición que recayó en la imposición de Leticia Ramos Cuahtle, que forma parte de los manchimagistrados –Elsa Cordero, Héctor Maldonado Bonilla y Maricruz Cortés Ornelas- que están más que dispuestos a obedecer cualquier instrucción de González Zarur.

Hay que tener presente que Leticia Ramos fue pasante en el despacho de la ex consejera jurídica del gobierno del estado Inés Bonilla, madre del magistrado Héctor Maldonado. Ese bufete de abogados fue uno de los que contrató Mariano González para atender el pleito legal que inició contra los notarios que fueron suspendidos en su administración.

También quien podrá olvidar la emoción y lambisconería que mostraba la magistrada presidenta del TSJE, Elsa Cordero, cuando en sesiones de Pleno y sin ningún recato felicitaba abiertamente a Leticia Ramos cada vez que el Congreso emitía un dictamen en contra de Fernando Bernal. Era tanta la felicidad que hasta organizaban comidas para festejar esos momentos.

Torciendo la ley y con argumentos ilegales y tontos, los diputados de la pasada legislatura que eran comandados por el priista Florentino Domínguez Ordoñez y el panista Ángelo Gutiérrez Hernández, no sólo aprobaron una evaluación carente de legalidad que resultó negativa para la causa del ex magistrado, sino que además violentaron los derechos del abogado Bernal que tuvo que recurrir a la Justicia Federal para evitar que los atropellos de los legisladores y del entonces mandatario se concretaran.

El lunes 2 de octubre vence el plazo para que el Congreso del estado de cumplimiento a una resolución de un juez federal que pidió a los legisladores de Tlaxcala emitir un dictamen fundado y motivado que establezca si ratifican o no a Fernando Bernal como magistrado propietario del TSJE.

Si optan por la no ratificación, el juez federal ya les pidió a los diputados que funden y motiven el porqué de su desestimación, lo cual representa un serio problema para los legisladores porque no tienen ningún argumento sólido que justifique esa decisión.

En caso de no cumplir con el plazo fijado, los diputados locales podrían ser acreedores a una multa de cien a mil días de salario mínimo y el expediente tendría que ser remitido al Tribunal Colegiado de Circuito para seguir el trámite de inejecución de sentencia, procedimiento que puede terminar con la separación de sus puestos y la consignación de los legisladores ante las autoridades correspondientes.

Ayer, el Congreso local dejó insubsistente el dictamen de fecha 12 de mayo de 2016 mediante el cual se determinó no ratificar en el cargo a Fernando Bernal, con lo que empezó a atender parcialmente la sentencia de la Justicia Federal.

Sin embargo, es un hecho que el diputado Mariano González en contubernio con los magistrados Elsa Cordero y Héctor Maldonado anda como loco cabildeando el apoyo que requiere para impedir el arribo de Bernal Salazar al TSJE.

La razón es muy simple, saben que están a un paso de perder una posición en el pleno del TSJE-Leticia Ramos Cuahtle-. Situación que sin dudas complicaría su estrategia que tenían para seguir controlando la presidencia del Poder Judicial en Tlaxcala.

Veremos si se impone la legalidad y la razón o la ilegalidad combinada con la estupidez.

La bochornosa sumisión de los diputados

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La actual legislatura decidió trabajar fast track para aprobar reformas legales en materia electoral sin respetar el procedimiento que se debe seguir. Me da la impresión que la sumisión tan burda que mostraron los diputados al Poder Ejecutivo daña su credibilidad  y sus aspiraciones para buscar la reelección.

 diputados PRI

 La separación de poderes es un mito y ayer los diputados demostraron que son capaces de violentar el procedimiento legislativo con tal de quedar bien con el gobernador Marco Antonio Mena Rodríguez.

 Los legisladores del PRI, junto con sus aliados y uno que otro diputado despistado pero que le gusta estar del lado del poder, decidieron mandar a la basura el trabajo que por más de 90 días realizó la Comisión de Asuntos Electorales a cargo del perredista Adrián Xochitemo Pedraza para dar paso a la propuesta que envió el Poder Ejecutivo.

 Pese a que todas las fracciones representadas en el Congreso del estado avalaron un dictamen de reforma electoral para ser discutido y aprobado por el pleno, al final el PRI bajo el mando del diputado Mariano González Aguirre se emperro y sin cumplir con el trámite sometió a votación la iniciativa del mandatario estatal que fue aprobada sin ninguna complicación.

 Con esas disposiciones avaladas se establece que los legisladores podrán ser reelectos por cuatro periodos y que los comicios locales del próximo año iniciarán el 1 de enero, entre otras regulaciones que se hicieron sobre la reelección.

 Lo malo de esa reforma es que los diputados la avalaron sin respetar el procedimiento legislativo, de ahí que dichos cambios pueden ser impugnados.

Otro aspecto negativo es que los diputados locales aprobaron una reforma para su beneficio, por lo que corren el riesgo de ser impugnados cuando alguno de ellos intente su reelección.

   El asunto de la reelección no es tan fácil y más cuando los ciudadanos tienen una pésima imagen de los legisladores.

 Nadie se tomó la molestia de preguntar a los tlaxcaltecas si están o no de acuerdo con la reelección, de ahí que si bien muchos diputados sueñan con mantenerse en su cargo, la realidad es que la mayoría tendrá problemas porque su desempeño hasta este momento es intrascendente.

 Quién puede confiar en diputados que aprueban las cuentas públicas del ex gobernador y de las dependencia estatales sin encontrar una sola observación pese a los quebrantos millonarios documentados por la Auditoría Superior de la Federación, que legislan al vapor y con el tiempo encima sin respetar el procedimiento legal, que incurren en omisión al no haber aprobado el sistema estatal anticorrupción y que se prestan a la negociación para salvar a ex alcaldes con señalamientos de malos manejos.

 No dudo que la tremenda sumisión que demostraron ayer los diputados locales sea recompensada con la liberación de los 25 millones de pesos que el Poder Ejecutivo no ha entregado al Congreso del estado desde hace unos meses.

Y las escrituras del Centro de las Artes, apá

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Pese a la inversión millonaria que se hizo en ese inmueble, la realidad es que el Centro de las Artes  que la administración de Mariano González Zarur construyó en Apizaco carece de escrituras, por lo que nadie se explica cómo los diputados avalaron esa obra que se mantiene en litigio y que podría perderse.  

 centro de las artes

Un claro ejemplo de que los diputados y el Órgano de Fiscalización Superior simularon en la revisión de la cuenta pública del último año de gobierno de Mariano González Zarur, es el problema legal que enfrentan las autoridades estatales por la posesión del inmueble donde se construyó el Centro de las Artes en Apizaco.

 Resulta que sin tener la certeza de esa propiedad, el caprichoso hacendado que al inicio de su administración se mostró como  enemigo de las obras monumentales, pero que casi al final decidió llevar a cabo una para que su gobierno pudiera ser recordado, ordenó la inversión de más de 500 millones de pesos para adaptar la ex fábrica textil de San Luis Apizaquito en un moderno lugar donde se desarrollarían actividades artísticas y culturales.

 Hasta donde se sabe, la familia Solana habría donado ese inmueble al gobierno del estado, sin embargo esa acción fue de palabra porque nunca se plasmó en una escritura que permitiera a la administración de González Zarur presumir la posesión legal de esa propiedad.

 El actual titular del Instituto Tlaxcalteca de la Cultura, Juan Antonio González Necoechea, no se cansa de mostrar su preocupación y contar a todos que la inversión millonaria realizada por su tío Mariano González en dicho espacio está en riesgo porque no tienen las escrituras de la propiedad.

 El año pasado cuando los trabajos del Centro de las Artes se encontraban avanzados, el gobierno del estado fue notificado de la existencia de un juicio sucesorio testamentario reivindicatorio que promovieron unas personas que reclamaron la propiedad de la ex fábrica de San Luis Apizaquito, por lo que la administración estatal inició la defensa para tratar de demostrar que el inmueble ya era suyo.

 Los detalles del mencionado juicio los conoció a detalle la ex consejera jurídica María Benita Inés Bonilla Sosa, quien fue la responsable de atender ese asunto legal. Su primera sorpresa fue al comprobar que no había escritura y que la supuesta donación nunca se había plasmado en un instrumento notarial.

 Desconocemos que argumentos jurídicos utilizó la ex funcionaria para acreditar la posesión del inmueble, pero lo que es un hecho es que Mariano González cometió el mismo error que el ex alcalde Adolfo Escobar Jardínez, quien realizó una obra pública sin tener los documentos legales de los terrenos como sucedió con el polideportivo “Carlos Castillo Peraza”.

 Aunque el Centro de las Artes fue una obra financiada con recursos propios del gobierno del estado, lo que parece increíble es que ni la Contraloría del ejecutivo ni el Órgano de Fiscalización Superior hayan detectado que la administración pasada invertía más de 500 millones de pesos en un predio que carecía de escrituras.

 El mencionado centro fue inaugurado oficialmente el pasado 22 de diciembre del año pasado, por lo que los expedientes fueron cerrados a finales del 2016, pero lo curioso es que nadie observó ese pequeño detalle que no mereció ni una observación en la cuenta pública de ese año que recientemente aprobaron los diputados locales.

 Si detalles como este que implican más de 500 millones de pesos son ignorados, no me imagino que otros pequeños aspectos tampoco fueron observados.

 Lo que le falló al hacendado gobernador fue recurrir a las mañas de Sergio Cuauhtémoc Lima López, director de Notarías y Registros Públicos, porque en eso de es especialista en registrar poderes falsos quien da y se aventaba el truco de otorgar escrituras al Centro de las Artes, o no.

 

De la inminente crisis económica del Cobat a la grilla partidista

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Muy pronto podrían estallar a las nuevas autoridades algunas bombas heredadas de la pasada administración encabezada por Mariano González Zarur, que en su afán por atacar y tratar de perseguir a los orticistas recurrió al exceso de poder que se reflejó en múltiples despidos injustificados.
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Los caprichos y venganzas que emprendió el ex gobernador Mariano González Zarur contra todos los colaboradores del ex mandatario Héctor Ortiz Ortiz saldrán muy caros para las arcas públicas.

Una institución que enfrentará en unas semanas más una severa crisis económica por esa guerra intestina de manchis, será el Colegio de Bachilleres de Tlaxcala (Cobat) que hoy está en manos de Silvia Josefina Millán López, quien podría ser obligada a desembolsar 100 millones de pesos para pagar los laudos a casi 70 orticistas que fueron despedidos en el 2011 por el entonces director de ese subsistema Enrique Padilla Sánchez.

Usando el poder que tenía casi al final de su administración, Héctor Ortiz cayó en la tentación de otorgar más de 80 plazas a sus subordinados en el Cobat, medida que fue detectada inmediatamente por Mariano González que giró la orden para correr a esos orticistas.

Lo malo fue que para cumplir con esa instrucción se optó por cesarlos sin cuidar los detalles legales, mismos que hoy tendrán un elevado costo porque los orticistas que demandaron están por ganar los litigios y en conjunto suman la cantidad de 100 millones de pesos.

Pero esa problemática parece no importarle a Silvia Josefina Millán que no se sale de su nube académica, porque lejos de atender y solucionar las actuales demandas de los trabajadores académicos y administrativos prefiere decir a todo que no, lo cual ya generó la molestia del personal que podría empezar a protestar.

Además de los inminentes pagos de laudos, el Cobat también tiene pendientes económicos con el sindicato de trabajadores administrativos y los jubilados que exigen la cobertura de adeudos que por una extraña razón Millán López se niega a liquidar.

En fin, en unos días el Cobat será nota de primera plana.

Avanzan las negociaciones del Frente Amplio Opositor

Las dirigencias estatales del PRD y el PAN en Tlaxcala están logrando acuerdos importantes rumbo a las elecciones del 2018.

El primero es que más allá de lo que decidan a nivel federal sobre ir aliados o no en la elección presidencial, los líderes tlaxcaltecas agotarán hasta el último momento la posibilidad de participar juntos en los comicios para senadores y diputados federales y locales.

Otro acuerdo ya logrado es que en caso de constituir el frente opositor, el PRD propondrá a un hombre en la candidatura al Senado, de ahí que el PAN aceptó nominar a una mujer como compañera de fórmula.

Situación que emocionó a la diputado federal Minerva Hernández Ramos y a la morenovallista Aurora Aguilar Rodríguez que ahora anda muy coqueta buscando el perdón de los panistas ligados a los grupos del ex alcalde Adolfo Escobar Jardínez y al de la senadora Adriana Dávila Fernández.

Y siguiendo con la grilla partidista, trascendió que las candidaturas de Morena para las diputaciones federales ya estarían asignadas. Para el distrito uno se menciona que el abanderado sería un varón de nombre Abel, mientras que para el distrito dos se puso al ex diputado local Baldemar Cortés Meneses y para el tercer distrito a la senadora Lorena Cuéllar Cisneros.

Conforme pase el tiempo veremos si los nombres se confirman o se dan cambios.

Los ridículos llamados de la Iglesia para los tratantes

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Una de las actividades ilícitas que al igual que el comercio ilegal de drogas deja ganancias millonarias, es la trata de personas y más cuando está encaminada a la explotación sexual, de ahí que exista una amplia red de complicidades y de corrupción que se traduce en protección para actividad.

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Desde hace casi más de seis años las autoridades federales y estatales han emprendido acciones para fortalecer la prevención y castigar los delitos relacionados con la trata de personas, sin embargo no se ha visto ningún avance en la materia porque Tlaxcala sigue destacando a nivel nacional como una de las entidades donde ese fenómeno se registra de manera cotidiana.

Mientras en la Ciudad de México existen 3.86 personas víctimas del delito de trata por cada 100 mil habitantes, en Tlaxcala la cifra es de 12.65 personas por cada 100 mil habitantes, es decir, casi tres veces más, según un diagnóstico sobre trata de personas elaborado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

Ese mismo documento refiere que en materia de explotación con fines sexuales la proporción en la Ciudad de México es de 4.89 casos por cada 100 mil habitantes, mientras que en Tlaxcala es de 24.49 casos por cada 100 mil habitantes.

Los datos confirman que esa actividad tiene una presencia importante en la entidad, pero no así las acciones para tratar de combatir ese flagelo.

Mientras la Iglesia católica a través del director de la Comisión Diocesana de Tlaxcala, Marco Antonio Padilla, pidió a los explotadores de mujeres y niñas dejar de cometer ese delito porque no se van a llevar nada y terminarán con las manos llenas de sangre, el gobierno estatal por voz de la secretaria de Gobierno, Anabel Alvarado Varela, presume que se aprobó la convocatoria para que organizaciones de la sociedad civil se integren al Consejo Estatal Contra la Trata de Personas.

Dudo que los tratantes le hagan caso a un miembro de la Iglesia que hace esos llamados tan ilusos y que esos delincuentes tengan miedo una vez que las autoridades estatales incorporen al mencionado consejo a representantes de la sociedad civil, pues mientras no exista voluntad para aplicar la ley y estrategias reales para combatir ese delito seguiremos hablando en Tlaxcala del fenómeno de la trata de personas.

De qué sirve que autoridades estatales y municipales iluminen edificios públicos de color azul como parte de la campaña “Corazón Azul” que promueve la ONU, si en los hechos no hay resultados tangibles que hagan pensar que el delito de trata es atendido con seriedad.

Mientras todos los días y en diferentes puntos de la geografía de Tlaxcala podemos ver ese fenómeno, Anabel Alvarado promueve para la conmemoración del “Día Mundial Contra la Trata de Personas” conferencias, conciertos, obras de teatro, cine móvil, lectura en voz alta y talleres, como si esas acciones ayuden a llevar a los tratantes a los jueces para que reciban las sanciones penales que merecen.

Ojalá las autoridades asumen el combate a la trata de personas con seriedad y dejen de usar el tema como un asunto mediático para simular que hacen su trabajo cuando en realidad evaden su responsabilidad.

Porque ya tenemos suficiente con las tontas declaraciones del sacerdote Marco Antonio Padilla. O no.

Prohíbe Mariano a sus subordinados hacer su lucha con Mena

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Ya ganaron hasta que reventaron, así que cuidado con acercarse al nuevo, les dijo y, se reservó el derecho de hacer alguna recomendación

Marianito Gonzalez Aguirre, Dubai, Luna Miel, Mariano, Gobernador, Diputado Tlaxcala Online

Hagan ustedes de cuenta que era el Tuca hablándoles como suele a sus muchachos. Okey, aquí no son tan muchachos, antes todo lo contrario, pero de que les dijo lo que quiso ni quien lo dude.

No, pues la mirada de los más añosos… Parker, Tomasito Munive, Romano, Ubaldo el condenado güero, era la misma… ya se nos acabó la ubre, dirían a sus adentros.

El señor Manchis les dijo más o menos: “ya ganaron hasta que reventaron, es tiempo que se vayan a chin… a su mamacita, y les advierto que con Mena me reservo el derecho de hacer una que otra recomendación”.

No, pues hubiera usted visto por ejemplo la cara del sobrino doble pechuga, también conocido como Juanito Antoño Glez poniendo ojos de chabelo regañado y a punto del puchero, bueno al grado que en su columna de hoy escribió: Dicen los que saben que las maletas de TODO el gabinete ya están en la puerta…pero que las primeras son las de los foráneos. ¿Será?

Longevo y malito

Otro que nos dicen, ya partió y por eso no estuvo en la reunión que les platico, es el vocero, Raymundo Vega Crespo, amañado agachón longevo de la imagen que usted y yo tenemos de su jefe, el mismo que lo corrió así de veces y le cantó lo que nadie querría escuchar.

De Tulio Hernández a la presente, pasando por el rojillo Álvarez Lima, por fin Tlaxcala se libra de semejante parásito, por cierto, de agradable memoria solo para una cofradía entre rara y alegre…

Un junior que sí estudió

Bueno, “la unánime elección” de Héctor Maldonado Bonilla como magistrado del Tribunal Superior de Justicia (TSJET), marca el inicio de la manchi despedida… los hurras expresados por sus eminencias académicos (bueno no mucho, en ocasiones como la del doctor Maldonado, más bien decanta en mediocridad) nos revelan la máxima de este sexenio: no soy muy bueno para mi chamba, pero sí para dorar la píldora al enojón, al temperamental, al violento.

Pues es que de ello depende mi futuro…

Ya ven, el abogado Malodonado no ganó una para el gobierno. Su lista de pifias legales va de la rotunda derrota ante los orti notarios –por cierto, nunca ejecutada- hasta la emergente intervención del monstruoso, pero influyente Diego Fernández de Ceballos, para refrenar las tremendas multas por el revés propinado por los abogados de Cemex, dueña de la constructora de la Central de Abasto de Tlaxcala CAT.

En esta última nada más fueron 500 millones los que se han dejado de pagar.

Que vaya tomando nota el nuevo, porque el paquete que le dejan ya trae vicios. Y muchos.

La cosa es que a mesié Maldonado lo exhibieron sus alumnos de Derecho de la Universidad de las Américas. Primero, confirmaron que no radica en Tlaxcala sino en Puebla. Y luego, lo tildaron de mal profesor, que les infunde miedo, que interrumpe las clases a la mitad y para nada que lo recomendarían.

Ese es nuestro nuevo magistrado del TET. No será muy capaz, pero es hijo del compadrito Héctor (Maldonado, no le vayan a cambiar el apellido) y con eso, al bigotón este libanés le basta y le sobra.

Del otro lado del mundo

Unos visitantes un poco extraños llegaron a Dubai… digo son tantos los que van y vienen que su estancia habría sido inadvertida pero, les llamó la atención su extraño inglés, demasiado lento, con acento de pirrurris y dando órdenes a diestra y siniestra. Ya sabemos que en Dubai el idioma oficial es el árabe, pero como (no) egresado de la UDLA, cómo no vas a medio masticar por lo menos el inglés.

Lo vieron, compararon su foto en las computadoras y le dijeron (adjuntamos la traducción del árabe al castellano) “ajajá, can ca tú aras la criatara” –con que tú eres la criatura- “nada dandar en nagocias cochanos en asta país” –no te vayas a querer quedar con algún terrenito por acá- “a tampaca sa tacurra desaparasar fartalazante” –y que en tu estancia no se vaya a perder el abono para los jardines…

No, pues felicidades, ya nos imaginamos que se trata de un diputado recién electo, bueno para el toro y mejor para los negocios.

Que la pase bien porque no cualquiera tiene una luna de miel en semejante lugar, impresionante por el poder los jeques. Bueno, este es un remedo de jeque, más bien una criatura jeque, pero no deja de hacer su lucha por figurar en el plano global.