Pese a la inversión millonaria que se hizo en ese inmueble, la realidad es que el Centro de las Artes que la administración de Mariano González Zarur construyó en Apizaco carece de escrituras, por lo que nadie se explica cómo los diputados avalaron esa obra que se mantiene en litigio y que podría perderse.
Un claro ejemplo de que los diputados y el Órgano de Fiscalización Superior simularon en la revisión de la cuenta pública del último año de gobierno de Mariano González Zarur, es el problema legal que enfrentan las autoridades estatales por la posesión del inmueble donde se construyó el Centro de las Artes en Apizaco.
Resulta que sin tener la certeza de esa propiedad, el caprichoso hacendado que al inicio de su administración se mostró como enemigo de las obras monumentales, pero que casi al final decidió llevar a cabo una para que su gobierno pudiera ser recordado, ordenó la inversión de más de 500 millones de pesos para adaptar la ex fábrica textil de San Luis Apizaquito en un moderno lugar donde se desarrollarían actividades artísticas y culturales.
Hasta donde se sabe, la familia Solana habría donado ese inmueble al gobierno del estado, sin embargo esa acción fue de palabra porque nunca se plasmó en una escritura que permitiera a la administración de González Zarur presumir la posesión legal de esa propiedad.
El actual titular del Instituto Tlaxcalteca de la Cultura, Juan Antonio González Necoechea, no se cansa de mostrar su preocupación y contar a todos que la inversión millonaria realizada por su tío Mariano González en dicho espacio está en riesgo porque no tienen las escrituras de la propiedad.
El año pasado cuando los trabajos del Centro de las Artes se encontraban avanzados, el gobierno del estado fue notificado de la existencia de un juicio sucesorio testamentario reivindicatorio que promovieron unas personas que reclamaron la propiedad de la ex fábrica de San Luis Apizaquito, por lo que la administración estatal inició la defensa para tratar de demostrar que el inmueble ya era suyo.
Los detalles del mencionado juicio los conoció a detalle la ex consejera jurídica María Benita Inés Bonilla Sosa, quien fue la responsable de atender ese asunto legal. Su primera sorpresa fue al comprobar que no había escritura y que la supuesta donación nunca se había plasmado en un instrumento notarial.
Desconocemos que argumentos jurídicos utilizó la ex funcionaria para acreditar la posesión del inmueble, pero lo que es un hecho es que Mariano González cometió el mismo error que el ex alcalde Adolfo Escobar Jardínez, quien realizó una obra pública sin tener los documentos legales de los terrenos como sucedió con el polideportivo “Carlos Castillo Peraza”.
Aunque el Centro de las Artes fue una obra financiada con recursos propios del gobierno del estado, lo que parece increíble es que ni la Contraloría del ejecutivo ni el Órgano de Fiscalización Superior hayan detectado que la administración pasada invertía más de 500 millones de pesos en un predio que carecía de escrituras.
El mencionado centro fue inaugurado oficialmente el pasado 22 de diciembre del año pasado, por lo que los expedientes fueron cerrados a finales del 2016, pero lo curioso es que nadie observó ese pequeño detalle que no mereció ni una observación en la cuenta pública de ese año que recientemente aprobaron los diputados locales.
Si detalles como este que implican más de 500 millones de pesos son ignorados, no me imagino que otros pequeños aspectos tampoco fueron observados.
Lo que le falló al hacendado gobernador fue recurrir a las mañas de Sergio Cuauhtémoc Lima López, director de Notarías y Registros Públicos, porque en eso de es especialista en registrar poderes falsos quien da y se aventaba el truco de otorgar escrituras al Centro de las Artes, o no.