Difícilmente en cinco meses y días que faltan para que la actual administración concluya, la Procuraduría General de Justicia en el Estado a cargo del sensible José Antonio Aquiahuatl Sánchez dará resultados en el cúmulo de casos de personas desaparecidas que se han apilado en los escritorios de la dependencia y que hoy irán a parar a la recién creada Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas y No Localizadas.
A esa importante área se optó por nombrar a uno de los incondicionales del procurador como su ex secretario particular Juan Nava Xelhuantzi, quien más que dedicarse a integrar e investigar los casos pendientes seguramente seguirá cuidándole las espaldas a su jefe que, hay que decirlo, siempre se muestra muy interesado para proteger y ayudar al personal de la PGJE que comete irregularidades o abusos.
A la fecha se desconoce cuántos expedientes existen y serán “investigados” por la mencionada fiscalía, pues hasta enero de este año según un reporte de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas, Tlaxcala registró en el 2020 un total de 48 reportes, de los cuales 62 por ciento permanecía activo.
Si la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas y No Localizadas será tan ineficiente como la Fiscalía Anticorrupción a cargo de otro amigo de Aquiahuatl Sánchez de nombre Pedro Sánchez Ortega que no ha podido integrar ni judicializar ninguna carpeta, entonces las familias tlaxcaltecas lastimadas por no saber el paradero de sus hijas o hijos seguirán reclamando justicia como ha pasado con el caso de Karla Romero Tezmol que desapareció el 13 de enero de 2016 y que hasta la fecha las autoridades siguen sin tener avances.
El caso Karla Romero es emblemático para evidenciar que la Procuraduría General de Justicia en el Estado sólo aparenta que trabaja e investiga.
La lista de jóvenes desaparecidos y desaparecidas es larga. La familia Daniela Muñoz Muñoz aún exige justicia y hace unos días amigos y familiares de Alexander Cano salieron a las calles de la capital del estado para demandar la búsqueda del adolescente que ya no fue localizable desde el pasado 10 de marzo.
Presumir la puesta en marcha de la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas y No Localizadas de la PGJE resulta una burda simulación, porque si en esa dependencia llevan años sin dar resultados dudo que en unos meses se pongan a trabajar para entregar buenas cuentas, cuando en realidad los esfuerzos se encaminan para proteger, esconder y solapar excesos de su personal.
Recientemente un comandante de nombre Giovanni Rosas fue detenido por personal de la PGJE en estado de ebriedad y armado. El “impoluto” agente se encontraba “trabajando” en la Unidad de Investigación del Delito de Apizaco.
Ese “honorable” comandante fue detenido junto con otros agentes de nombre José Luis X., Bernardo X. y una colaboradora de nombre Sabina. No es la primera vez que ese agente de la PGJE es ubicado haciendo escándalo por el exceso de alcohol que le da valor para presumir su arma de fuego, pues en otras ocasiones ha sido arrestado por las mismas circunstancias.
Sin embargo, como Giovanni Rosas es protegido del comandante Raúl Moreno que a su vez es consentido del oscuro y gris procurador José Antonio Aquiahuatl, el agente no fue sancionado ni se le abrió una carpeta de investigación.
Si el procurador protege y solapa esas conductas de sus subordinados usted cree que realmente está interesado en hacer su trabajo.
Por cierto, valdría la pena checar que uso le están dando a las camionetas que se compraron hace unos meses con los recursos que llegaron a Tlaxcala para combatir el secuestro y los delitos de alto impacto, ya que esas unidades al parecer no están asignadas a las áreas de la Procuraduría General de Justicia en el Estado, sino para el traslado de ciertos funcionarios y sus hijos
Se dice que una camioneta blindada que fue asignada a la Unidad de Delitos de Alto Impacto la anda trayendo el procurador y sus familiares, y que otra unidad se usaría para los traslados del secretario de Gobierno José Aarón Pérez Carro y su descendencia.
Increíble, pero las unidades para combatir el crimen son usadas para proteger a funcionarios y sus familias.
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