Como el gobierno estatal refleja su actuar en funcionarios conflictivos e inactivos, de la talla de Mateo Morales, de Protección Civil, otros actores como la Mitra, se puso en acción para ayudar a los damnificados del 15 de marzo en Natívitas.
Las autoridades civiles tienen la obligación de aprovechar la disposición mostrada por La Mitra para, de una vez por todas, restringir el uso de cohetes y cohetones, con una clara tendencia a su prohibición.
Por ejemplo, el director del Instituto Estatal de Protección Civil (IEPCET), Mateo Morales, debería superar su constante modorra desde que le amanece el día, acudir a los expertos en materia legislativa y dar a Tlaxcala la facultad de hacer práctica y accesible a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, a la cual el funcionario nos dibuja inalcanzable, como parte de su exculpación a priori, sabedor de la enorme responsabilidad con la tragedia de Jesús Tepactepec, del pasado 15 de marzo.
Otra reacción deseada corresponde al gobernador, Mariano González Zarur, a cuya mira se halla la solidaridad de la Iglesia Católica, destinando $200 mil constantes y sonantes, a las familias afectadas por la explosión.
Son las limosnas del Jueves Santo, reunidas en 63 de las 73 parroquias. Faltan diez, la cifra va a elevarse, como esperamos que ocurra con las miras del, «coordinador de los esfuerzos de todos», limitado a administrar la miseria cuando se le acercan los menesterosos de aquella dolorosa fecha, como no sucede a la hora de disponer del menaje estatal para pagar hoteles, boletos y pasajes a múltiples destinos tan globales como inútiles para la economía estatal, pero onerosos, ofensivos, cuando vemos a los nuestros a penas subsistiendo tras afrontar aquella eventualidad de mediados de marzo.
Acaso la avaricia gubernamental con los de Tepactepec descorre el velo de la quiebra virtual del estado, porque esos niveles de insensibilidad en Natívitas, más los despojos de Ciudad Industrial Xicohtencatl, más las policías que entregan inermes su existencia ante la perversidad de los misteriosos asesinos que robaron en la Secretaría de Fomento Agropecuario (Sefoa), son la constante que marca el rumbo de ese estado empobrecido desde antes del sanchezpiedrismo.
¿No es ofensivo pensar en cómo se tira el dinero para comprar las chamarritas de color verde canalla?
Y que hoy, como no lo ha hecho el gobierno, la Iglesia Católica, sea protagónica lo mismo dando dinero bueno a las familias empobrecidas a niveles impensados, que asumiendo acciones para desalentar en lo posible la riesgosa quema de cohetes en las inacabables festividadesa lo largo de todo el año.
¿Que merece?, ¿La excomunión?, ¿el desprecio popular por semejante daño, contrario al diantre discurso ese que enarbola la recuperación del tejido social?
Váyanse diputados, pero liquiden sus deudas
Si alguien piensa que con la salida de más de 12 diputados locales las grillas y confrontaciones al interior del Poder Legislativo terminarán está muy equivocado.
En los próximos días algunos pedirán que se informe si los cinco legisladores que recibieron en diciembre un préstamo de 180 mil pesos ya regresaron los recursos o se diga hasta el momento cuánto han cubierto del adeudo.
Muchos de los involucrados –Lilia Caritina Olvera, Adolfo Escobar, Fortunato Macias, Vicente Morales y Miguel Meléndez- en breve dejarán su cargo para ser candidatos a presidentes municipales, de ahí que podrían ser exhibidos por no pagar ese préstamo que en su momento les fue autorizado por el priista Tulio Larios.
Otra confrontación que se dará, será por la presidencia del Comité de Administración del Congreso del estado una vez que Adolfo Escobar deje ese cargo y empiece su campaña para llegar a la presidencia municipal de Tlaxcala a través del PAN.
Los priistas y sus aliados de la oposición impedirán que el panista Miguel Meléndez herede el cargo que dejará Adolfo Escobar. La intención es que a esa posición llegue el diputado del Panal, Rafael Zambrano, si es que éste decide quedarse en el Legislativo y abortar su aventura por una alcaldía.
Cero negocios con amigos y familiares ¿de veras?
La construcción de Ciudad Judicial, como muchas obras y programas que se impulsan en el gobierno de Mariano González Zarur, empieza a oler mal. Primero porque los terrenos donde se edifica pertenecían a un familiar del mandatario de nombre Manuél González.
Hasta donde se sabe y según los enterados, los terrenos tenían ciertos problemas legales que fueron resueltos, al parecer, con la intervención del presidente del Tribunal Superior de Justicia, Justino Hernández Hernández.
Sobre el costo y el avance poco se ha informado, pero lo que más llama la atención es el silencio cómplice de Justino Hernández, quien con su actitud pareciera que respalda todas las irregularidades que existen en la construcción de Ciudad Judicial allá por los rumbos de Apizaco.
Expulsa Perla el adrianismo del ISSSTE
Una de las delegadas que en pocos días ha mostrado carácter y ganas de imprimir su sello particular en la dependencia donde fue designada, es Perla López Loyo, quien solicitó a la mayoría del personal directivo del ISSSTE su renuncia.
Después de llevar a cabo una evaluación, la ex panista encontró que algunos funcionarios no cumplían con el perfil y las necesidades del Instituto, de ahí que no se tentó el corazón y procedió a despedir a más de 20 personas.
Ya lo imaginará usted, los reclamos no se hicieron esperar.
Digo, tuvieron su oportunidad y bien que la aprovecharon.
Para evitar los resentimientos en la Izquierda
Crece el rumor que en el PRD analiza la posibilidad de designar al candidato a la presidencia municipal de Tlaxcala a fin de evitar divisiones y confrontaciones.