Casi diez meses le bastaron al sonso titular del Órgano de Fiscalización Superior (OFS), Arturo Lucio Salas Miguela, para echar a la basura el prestigio de ese ente y de su labor que hasta octubre del año pasado venía siendo seria y responsable, porque hoy la mayoría duda de los informes contables del ejercicio fiscal 2023, ya que sencillamente en ellos están predominando los criterios políticos y no los fiscalizables para aprobar o reprobar las cuentas públicas.
Nadie entiende ni se explica cuáles son los criterios que ahora se siguen para fiscalizar y aprobar las cuentas públicas y menos los argumentos “legales y contables” para decir a qué presidente municipal sí se le aplica la ley y a qué otro se les deja seguir abusando de los recursos públicos de los ayuntamientos.
Hace unos meses al edil de Zacatelco, Hildeberto N. se le encarceló por supuestamente malversar casi 10 millones de pesos durante el 2022, delito que hasta ahora no se le ha podido comprobar ni demostrado por parte del Ministerio Público, pese a que ya concluyó el plazo fijado por el juez penal para concluir con la investigación.
Se dice que el pecado del presidente municipal de Zacatelco fue enfrentar y rebelarse al poderoso secretario de Gobierno de Tlaxcala, el morelense Luis Antonio Ramírez Hernández, quien operó su detención y proceso penal, más como una venganza que un asunto para castigar la supuesta malversación de recursos de ese ayuntamiento del sur de la entidad.
Esa burda y torpe venganza fue el principio para tirar al cagadero la credibilidad y el prestigio del OFS, organismo que está dirigido por un titular castrado, sin criterio y a las órdenes de la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros. Su personal dejó de ser profesional y hoy se puede ver a los auditores emborracharse en antros y restaurantes con los funcionarios que están fiscalizando y también cómo se ocuparon los espacios laborales para acomodar a las novias de los jefes.
El trabajo y prestigio que se había hecho y ganado por la ex auditora del OFS, Isabel Maldonado Textle, hoy encargada de la inútil Secretaría de la Función Pública en el gobierno lorenista, ya no existe y al parecer regresaron los tiempos en que el OFS era dirigido por Luciano Crispín Corona Gutiérrez y Florentino Flores Xelhuantzi, es decir, donde prevalecían los acuerdos y arreglos oscuros para limpiar las cuentas públicas.
El actual proceso de fiscalización ha dejado mucho que desear y confirma que tanto el OFS y la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC) de la Fiscalía General de Justicia de Tlaxcala a cargo de Adriana Delgado Bolaños actúan por consigna y para concretar venganzas políticas.
Por ejemplo, qué postura asumirá el OFS, la mentada fiscalía y la Segob ahora que cinco presidentes municipales que lograron la reelección, es decir, concluirán su periodo el próximo 30 de agosto pero se mantendrán en el cargo por otros tres años más, pero con la salvedad que sus cuentas públicas del 2023 acumulan un probable daño patrimonial que supera los 28 millones de pesos.
De acuerdo con el Órgano de Fiscalización Superior, las administraciones municipales de El Carmen Tequexquitla, Emiliano Zapata, Muñoz de Domingo Arenas, Santa Ana Nopalucan y Xaltocan no han podido justificar los recursos públicos, sin embargo los ediles ya se están frotando las manos para manejar por otros tres años los fondos públicos de esos ayuntamientos.
En el Carmen Tequexquitla la alcaldesa del Partido Alianza Ciudadana, María Araceli Martínez Cortés, suma observaciones por más de 19 millones de pesos. En Emiliano Zapata el edil prianista Edgar Macías Moreno no ha podido justificar más de 614 mil pesos. En Muñoz de Domingo Arenas, el morenista, Héctor Prisco Fernández, tuvo un saldo negativo por 2. 5 millones de pesos.
Por lo que toca a Xaltocan, el verde-ecologista José Luis Vázquez Hernández, acumuló anomalías por más de 3 millones de pesos. Y en Nopalucan en manos del petista Pedro Pérez Vásquez las observaciones superan los 2 millones de pesos.
La pregunta es obligada. A esos cinco alcaldes se les denunciará y se les armará rápidamente los expedientes de las denuncias penales para encarcelarlos como en el caso del edil de Zacatelco o sencillamente se les dejará que asuman sus cargos y que sigan haciendo de las suyas.
Otros presidentes municipales con observaciones importantes como el de Apizaco, el panista Pablo Badillo Sánchez, logró la aprobación de su cuenta pública del 2023, pero el daño que detectó el OFS fue de casi 8 millones de pesos, un monto similar por el que se decidió enviar a la cárcel al edil de Zacatelco.
Además, hay otros presidentes municipales en funciones como el de San Pablo del Monte y Tlaltelulco, Raúl Tomás Juárez Contreras y Marco Antonio Pluma Meléndez, respectivamente, que acumulan dos cuentas públicas reprobadas, la del 2022 y la del 2023, mismas que en conjunto superarían los 40 millones de pesos cada uno en anomalías, sin embargo hasta ahora no se ve la menor intención de proceder penalmente en su contra.
Como se podrá dar cuenta no hay criterios legales ni contables para determinar a quién sí se le aplica la ley y a quién se le dan todas las facilidades para seguir manejando indebidamente los recursos públicos.
El Órgano de Fiscalización Superior y su titular Arturo Lucio Salas Miguela son una burla y una enorme decepción porque en los hechos sólo simulan que castigan la corrupción, pues por lo que se ve ahora forman parte de ese ese andamiaje montado por las autoridades para proteger limpiar las transas que se comenten con el dinero del pueblo.
O usted qué piensa.
A poco cree que realmente hay un interés del gobierno lorenista y los diputados locales por castigar la corrupción.
Lo dudo, pero esta es nuestra triste realidad.
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