En ochos días la jueza Maricruz Tlapale Aguilar estará en condiciones de decir si el ex presidente municipal de Zacatelco, Hildeberto N., preso desde el 20 de mayo de este año, merece seguir en la cárcel acusado de desviar casi 10 millones de pesos del ayuntamiento durante el ejercicio fiscal del 2022 u ordena dejarlo en libertad ante la falta de pruebas y elementos para seguir el proceso penal en su contra por parte de la Fiscalía General de Justicia de Tlaxcala.
El 26 de septiembre vence el plazo para que el Ministerio Público cierre la investigación complementaria contra el ex edil y se espera que la jueza determine el futuro del político de Zacatelco, quien ha enfrentado la dureza de la ley porque ninguno de los cuatro amparos presentados ha logrado frenar su proceso penal o le ha permitido recuperar su libertad, como sí la obtuvieron los ex alcaldes de Calpulalpan, Panotla, Chiautempan y Xaloztoc, Neptalí N., Eymard N., Héctor N. y J. Carmen N., respectivamente, quienes también fueron acusados de malversar recursos públicos de sus ayuntamientos.
El caso de Hildeberto N., mejor conocido como “El Cachorro”, tiene varias aristas, porque si bien hay indicios de que sí incurrió en posibles actos de corrupción, lo cierto es que su aprehensión y encarcelamiento se debería a una diferencia que sostuvo con el actual secretario de Gobierno de Tlaxcala, Luis Antonio Ramírez Hernández, pues no lo obedeció y lo retó, lo que fue suficiente para iniciar una persecución en su contra.
O al menos es lo que se piensa cuando se revisa la forma y la rapidez con que se armó el expediente penal contra el ahora ex presidente municipal de Zacatelco.
De acuerdo con el expediente 355/2024-IV, el Ministerio Público solicitó el pasado 19 de mayo a la jueza Maricruz Tlapale la orden de aprehensión siendo otorgada el mismo día, de ahí que el 20 de mayo los eficientes elementos de la Policía de Investigación de la extinta Procuraduría General de Justicia del Estado ejecutaron y pusieron al imputado a disposición del juzgado.
El 21 de mayo al ex edil se le decretó la medida cautelar de prisión preventiva justificada para que el 26 de mayo la jueza le dictara el auto de vinculación a proceso fijando un plazo de dos meses para cerrar la investigación (26 de julio), el cual no se cumplió porque el Ministerio Público solicitó el 31 de julio una prórroga que se autorizó y se extendió hasta el 26 de septiembre de este año.
Después de ese último plazo, veremos si la jueza encuentra elementos para mantener preso a Hildeberto N. y procede a dictar una sentencia o por el contrario, determina que el ex edil debe ser dejado en libertad y seguir su proceso fuera de la cárcel, como ha sucedido con otros ex presidentes municipales tlaxcaltecas.
Se desconoce si “El Cachorro” emprenderá una embestida contra la administración estatal que encabeza la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros, pues sus abogados y familiares dicen que llegado el momento el político hará señalamientos contra los funcionarios lorenistas que lo persiguieron y lo encarcelaron injustamente.
Hasta ahora el único caso que se ha armado de manera tan expedita y agotando los plazos en un tiempo récord es el del ex presidente municipal de Zacatelco.
Por cierto el lunes venció el plazo que otorga la ley a los actuales alcaldes y alcaldesas para presentar sus observaciones sobre el proceso de entrega recepción de las salientes y nuevas administraciones, por lo que ahora corre el tiempo para que los ex ediles y ex edilas aclaren los faltantes y justifiquen algunas dudosas operaciones financieras, porque seguramente en octubre se empezará a presentar las denuncias penales que muy probablemente terminarán en la detención de uno que otro ex presidente municipal.
Y ese será buen parámetro para ver si la titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC) de la Fiscalía General de Justicia de Tlaxcala, Adriana Delgado Bolaños, se aplica y muestra la misma eficiencia y eficacia que ya nos enseñó en el expediente que armó contra el hoy ex famoso ex edil de Zacatelco.
También, veremos qué tan autónomo y eficiente resulta el auditor general del Órgano de Fiscalización Superior, Arturo Lucio Salas Miguela, quien sólo obedece órdenes del secretario de Finanzas David Álvarez Ochoa que todo lo consulta con su jefa la gobernadora Lorena Cuéllar, de ahí que ya se sabe de dónde saldrán las órdenes o no para proceder contra los ex ediles.
Así de fácil.
Por cierto, luego que varias voces se han pronunciado para exigir al gobierno lorenistas que se aclare el presunto ataque a balazos de la casa de la presidenta municipal de Cuapiaxtla, Lorena Escobar González, las autoridades han abierto una línea de investigación sobre el ex alcalde a quien muchos vecinos señalan de ser el responsable de esa agresión.
El caso debe ser aclarado y sancionado, porque ya se está poniendo en duda la capacidad de las autoridades estatales para garantizar la seguridad de una alcaldesa en funciones.
Veremos si hay resultados.
***************************************************************
Post Views: 4.226