La percepción que tienen las autoridades estatales sobre la aparente gobernabilidad que existe en los 60 ayuntamientos próximos a concretar un relevo de alcaldes y cabildos puede estar equivocada, ya que muchas administraciones municipales están en quiebra y dejarán problemas a los próximos ediles que deberán lidiar con el despido de trabajadores y la escasez de recursos para empezar a trabajar.
Los actuales alcaldes y alcaldesas están cerrando sus movimientos financieros. Las deudas con proveedores han empezado a surgir, la falta de recursos para pagar finiquitos a los aún trabajadores de los ayuntamientos es la constante, quienes sencillamente no saben si cobrarán sus últimas dos quincenas de agosto.
No se tiene certeza si los recursos que reciben los ayuntamientos tlaxcaltecas los días 30 de cada mes serán adelantados en agosto o si éstos serán depositados normalmente y durante la tarde noche de ese día a fin de evitar que los presidentes municipales salientes los dispongan de ellos para cubrir deudas o pagar finiquitos y dejar las cuentas vacías a sus sucesores.
Y el problema se agudizará más en los tres municipios donde hasta ahora se ha optado por anular las elecciones para presidentes municipales, pues falta que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirme o revierta esos fallos, lo que sin dudas tendrá ciertas implicaciones que podrían alterar la gobernabilidad.
Los municipios donde el desprestigiado Tribunal Electoral de Tlaxcala decidió anular las elecciones son Tecopilco, Xiloxoxtla y Huamantla. Si en los siguientes días se ratifica esa extraña decisión, la responsabilidad de nombrar a los Concejos Municipales que asumirán el control de esos ayuntamientos corresponderá a los actuales diputados que tendrán un reducido margen de maniobra para consensuar y negociar con los involucrados a fin de evitar un conflicto postelectoral que atente contra la gobernabilidad de esas poblaciones.
Y me explico, difícilmente en Huamantla donde el Partido Verde Ecologista de México se alzó con el triunfo en los pasados comicios del 2 de junio, aceptará que el Concejo sea presidido o quede bajo el control de un morenista, priista, panista o un ciudadano, pues por lo menos se hará cargo de ese ayuntamiento entre seis o siete meses.
El alcalde con licencia y alcalde electo Salvador Santos Cedillo difícilmente aceptará que el ayuntamiento del pueblo mágico pase por ese tiempo a manos de alguien ajeno a su grupo o intereses, sin embargo el gobierno lorenista y sus aliados diputados intentarán arrebatar el gobierno de Huamantla al que hoy consideran su enemigo político.
Algo similar pasará en Tecopilco y Xiloxoxtla, de ahí que oír al secretario de Gobierno, Luis Antonio Ramírez Hernández, minimizando los problemas que se pudieran registrar por las pésimas decisiones de los magistrados del Tribunal Electoral de Tlaxcala me parece una actitud errónea y hasta simplista.
Mientras casi todos los actores políticos de la entidad han descalificado la decisiones del TET, el gobierno las destaca, aplaude y avala, lo que confirma la perversa alianza y complicidad que existe entre los lorenistas y las autoridades electorales tlaxcaltecas.
Un pésimo inicio
Hoy entrará en funciones la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE), en sustitución de la extinta Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) que hereda una que otra bronca.
De entrada, la PGJE queda muy mal parada en el caso de Blanca Estela N., la mujer que fue reportada como desaparecida el 7 de junio tras salir de trabajar del antro de quinta conocido como el Bora Bora del municipio de San Pablo del Monte, cuyos restos fueron localizados hace unos días en una barranca de Tenancingo.
La hermana de la mujer asesinada en tierras tlaxcaltecas, Guadalupe Carrera Rosa, denunció que el personal de la procuraduría se negó a recibir su denuncia y sobre todo a investigar inmediatamente el caso, pese a que ella y otros familiares fueron amenazados para no reportar su desaparición, lo que demuestra una clara negligencia por parte de la extinta PGJE.
El caso no sólo ha tenido repercusiones estatales, sino a nivel nacional debido a que los medios de comunicación han abordado el tema destacando la falta de profesionalismo de las autoridades tlaxcaltecas para atender este tipo de hechos delictivos que terminó con el feminicidio de la oriunda de Orizaba, Veracruz, Blanca Estela N.
La Fiscalía General de Justicia del Estado está obligada a dar resultados y proceder contra los responsables de ese asesinato, sobre todo cuando la nueva titular de ese nuevo órgano autónomo e independiente del gobierno estatal, Ernestina Carro Roldán aseguró que en “Tlaxcala comenzará una nueva era en la procuración de justicia”.
Ojalá lo anterior sea una realidad y los familiares y los dos menores hijos de Blanca Estela N. puedan comprobar que se hizo justicia.
El arranque de la Fiscalía fue malo, así de simple.
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