Si las designaciones de otros magistrados y de la primera fiscal han estado cargadas para beneficiar a recomendados de la actual gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros, difícilmente alguien podrá creer que la elección de dos integrantes del Tribunal de Justicia Administrativa de Tlaxcala será impoluta y que llegarán los mejores perfiles.
Sobre todo, cuando los diputados y las diputadas de Morena y sus aliados siguieron la instrucción de la mandataria estatal de impedir la ratificación de los magistrados priístas María Isabel Pérez González y Marcos Tecuapacho Domínguez, quienes habrían cometido excesos e incurrido en probables actos de corrupción que se desconoce si serán o no sancionados, pese a que estarían más que documentados.
María Isabel Pérez y Marcos Tecuapacho fueron descartados para su ratificación el pasado 30 de mayo, día en que ambos comprendieron que dejarán su cargo el próximo 31 de agosto.
Desde los primeros días de junio el primer círculo de confianza de la gobernadora Cuéllar empezó a barajear algunos nombres, pero conforme pasaron los días las grillas e intereses se agudizaron para desacreditar a algunos aspirantes y para incluir a otros que quizá no tienen el perfil ni la trayectoria ni el prestigio, pero sí la cercanía con el poder y el don de la obediencia ciega para ser tomados en cuenta.
Los próximos magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa de Tlaxcala representan posiciones claves para el lorenismo, porque llegado el momento serán los encargados de conocer y aplicar la ley a los funcionarios del actual gobierno una vez que dejen sus cargos el 30 de agosto del 2027.
No se sabe quién será el sucesor o la sucesora de Lorena Cuéllar en el gobierno de Tlaxcala, ni cuál será la actitud que asumirá el futuro gobernador o gobernadora hacia lorenistas, porque se puede dar el caso que los colaboradores de la mandataria sean investigados por posibles actos de corrupción y que éstos enfrenten la ley.
Por esa razón, se hizo todo para nombrar a Ernestina Carro Roldán como titular de la Fiscalía General de Justicia en Tlaxcala, cargo que desempeñará hasta el mes de julio del 2030, pues nadie mejor que la amiga de la gobernadora para cuidar a los lorenistas.
Y para cerrar la pinza, el lorenismo se hará del control del mencionado tribunal en donde se perfilan personas muy cercanas a la mandataria. La primera sería Luz María Vázquez Ávila, ex titular de la Secretaría de Movilidad y Transportes (SMyT) y ex presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala.
Sin embargo no es la única con altas posibilidades de ser nombrada, ya que también está Teresa Ramírez Cortés, una abogada cercana a los intereses y del círculo de influencia de la poderosa nueva fiscal Ernestina Carro.
Otro que también se perfilaría sería Manuel Vázquez Conchas, actual asesor jurídico del Despacho de la Gobernadora y esposo de Jakqueline Ordóñez Brasdefer, presidenta de la CEDH. Es hermano del diputado federal electo, Raymundo Vázquez Conchas.
Hay 20 aspirantes a ocupar las dos magistraturas. Algunos conocidos por los cargos que han ocupado como Francisco Javier Santillán Cuautle, quien es ex cuñado de la gobernador Lorena Cuéllar o Justino Hernández Jiménez, ex regidor del ayuntamiento de Apizaco e hijo del ex presidente del Tribunal Superior de Justicia en el Estado, Justino Hernández Hernández.
En la lista también aparecen algunos funcionarios del Tribunal de Justicia Administrativa de Tlaxcala como Jesús Zúñiga González, a quien al parecer se le inició un proceso por cobrar un salario esa instancia y otro en Querétaro, de donde es originario.
Conforme pasen los días se verá hacia dónde se cargan los dados y quiénes serán los premiados con esas dos magistraturas. Por los antecedentes que existen los diputados y las diputadas sólo esperarán la instrucción para votar por las personas que indique la gobernadora, porque francamente dudo que en este proceso se rebelen o quieran desobedecer una orden de su jefa.
O no.
El TET la vuelve hacer
La madrugada de este día el Tribunal Electoral de Tlaxcala (TET) anuló las elecciones en Huamantla y Xiloxoxtla por supuestas anomalías, decisión que sin duda tendrá muchas implicaciones políticas y legales.
Al parecer el gobierno lorenista no sólo recurrió a la justicia para castigar a los presidentes municipales que se salieron de su círculo de influencia como Zacatelco y Huamantla a los que se les abrió procesos penales. El primero Hildeberto P. se encuentra preso por supuestamente malversar 10 millones de pesos y el segundo Salvador Santos Cedillo goza de su libertad gracias a un amparo que obtuvo.
Sin embargo, es evidente que alguien en el gobierno estatal no quiere que Salvador Santos regrese a la presidencia municipal de Huamantla tras haber obtenido su triunfo electoral el pasado 2 de junio, de ahí que se operó para que los comicios de ese pueblo mágico fueran anulados por los desprestigiados magistrados del TET, Lino Montiel Sosa, Miguel Nava Xochitiotzi y Claudia Salvador Ángel.
El fallo para quitar a Morena el triunfo en el distrito 15 con cabecera en San Pablo del Monte para entregárselo a Movimiento Ciudadano y la nulidad de la elección a la presidencia municipal de Huamantla sin lugar a dudas se convertirán en dos asuntos de interés y con serias repercusiones políticas.
Si el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación respalda esos fallos no habrá tantos problemas en la entidad tlaxcalteca, pero si los revoca y confirma que Morena recupera el distrito 15 y Salvador Santos la alcaldía de Huamantla, los magistrados del TET quedarán muy mal parados y se confirmará que actuaron con la consigna que les ordenó el gobierno de Tlaxcala, lo cual será desastroso.
Ahora habrá que esperar cuáles son las consecuencias de ese nuevo fallo.
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