La fiscalización en tiempos del lorenismo

Pronto se conocerán las consecuencias de la fiscalización del ejercicio fiscal del 2023.

La revisión y aprobación de las cuentas públicas del 2022 provocó el despido de algunos funcionarios estatales como Enrique Padilla Sánchez y del panista Humberto Macías Romero, así como el encarcelamiento del aún presidente municipal de Zacatelco, Hildeberto N., por presuntamente malversar recursos por más de 10 millones de pesos.

De acuerdo con el informe que ayer entregó el auditor superior del Órgano de Fiscalización Superior (OFS), Arturo Lucio Salas Miguela, faltan por aclarar el destino de 355 millones de pesos por parte de dependencias estatales, el Poder Judicial, el Congreso de Estado y de los organismos autónomos de Tlaxcala.

Inicialmente, las observaciones detectadas por el OFS alcanzaron casi los mil millones de pesos, sin embargo los 104 entes fiscalizables de la entidad lograron justificar o reintegrar un total de 642 millones de pesos.

El primer dato que llama la atención, es que en el 2023 los recursos observados fueron menores en casi 112 millones de pesos a los detectados en el ejercicio fiscal del 2022 que sumaron 467 millones de pesos.

Conforme se conozcan los detalles de la información del OFS, se sabrá cuántos ayuntamientos están involucrados con saldos negativos, así como cuáles son las dependencias estatales con problemas contables y los organismos autónomos con señalamientos financieros.

Probablemente los titulares de dependencias con observaciones serán removidos de sus cargos, como sucedió con Enrique Padilla una vez que se supo que la cuenta pública del 2022 de la Universidad Politécnica de Tlaxcala sería reprobada al contabilizar anomalías por más de 18 millones de pesos.

Aquí vale la pena hacer una precisión, porque si bien Padilla Sánchez ya no era rector de la UPTx, sí se desempeñaba como director general del Conalep.

El otro caso que terminó con un cese fue el del panista Humberto Macías Romero que se encargaba del Fideicomiso de la Ciudad Industrial de Xicohténcatl (Fidecix), a quien le documentaron inconsistencias por casi 8 millones de pesos durante el ejercicio fiscal del 2022.

Existen muchas dudas sobre cuál será la línea que seguirá el proceso de fiscalización en Tlaxcala, pues hasta ahora pareciera que éste se ha utilizado con fines políticos y de venganza.

Hasta ahora nadie ha explicado por qué se decidió encarcelar al alcalde de Zacatelco por supuestas anomalías cometidas en el 2022 cuando hay otros 15 ediles que también enfrentaron la reprobación de sus cuentas públicas y con montos más elevados que siguen ejerciendo el poder sin ningún problema.

O por qué hay una presunta persecución contra el edil con licencia y reelecto de Huamantla, Salvador Santos Cedillo, quien si no ha pisado la cárcel es porque se encuentra amparado y porque ha llevado una buena defensa legal.

Hay casos del 2022 más graves, como el de San Pablo del Monte que preside Raúl Juárez Contreras con un quebranto de más de 24 millones o el de La Magdalena Tlaltelulco que encabeza Marco Antonio Pluma Meléndez con un daño patrimonial por más 17 millones de pesos, mismos que han sido ignorados por el OFS y la Fiscalía de Combate a la Corrupción de la PGJE.

Es probable que muchos presidentes municipales vuelvan a reprobar la cuenta pública del 2023 como sucedió en el 2022, pero quizá eso no sea suficiente para que ahora sí se arme un proceso penal de manera inmediata como se hizo en Zacatelco.

No se descarta que las cosas se dejen sin castigo y se haga como si no pasara nada sólo por el hecho de que los ediles involucrados en esas anomalías son obedientes a las indicaciones del secretario de Gobierno, Luis Antonio Ramírez Hernández.

La fiscalización del 2023 tendrá consecuencias y sólo es cuestión de tiempo para que se conozcan.

Se dice que una vez conocidos los informes del OFS se podrían concretar algunos cambios dentro del gabinete legal y ampliado de la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros, quien en 45 días habrá agotado la mitad de su periodo por el que fue electa.

Por cierto, no lo cuente en voz alta pero trascendió que hay otras dos órdenes de aprehensión que podrían ejecutarse y que estarían relacionadas a casos de corrupción. No se tiene preciso si se trata de alcaldes en funciones o de ex presidentes municipales, pero lo que es un hecho es que pronto podría haber dos detenidos más.

Lo que me queda claro es que la fiscalización en tiempos del lorenismo está provocando incertidumbre en los actuales funcionarios estatales, alcaldes y encargados de los organismos autónomos, pero más en los futuros presidentes y presidentas municipales que están recibiendo una “morenaterapia” para que se ajusten a los principios de no robar, no mentir y no traicionar.

Así las cosas.

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