O se trata de un simple premio de consolación al mediocre ex candidato perdedor del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) al Senado de la República, Sergio González Hernández o a al gobierno estatal de Tlaxcala ya le gustó desperdiciar el dinero en algunas dependencias, cuyo objetivo, solo es dar chamba bien pagada a sus supuestos aliados con presupuestos millonarios que simplemente nadie comprende su razón de existir.
Estamos hablando del famoso e inoperante Instituto Tlaxcalteca para Devolver al Pueblo lo Robado, el cual, al parecer nació muerto, pues es el momento en que nadie sabe qué es lo que realizan en esta dependencia los aproximadamente 33 trabajadores que gozan sueldos abultados y que no justifican un solo peso de lo que cobran.
La única razón de su existencia, pareciera ser un pago de cuotas al chico Badabun del pasado proceso electoral, Sergio González Hernández, quien pese a haber recibido el apoyo de todo el equipo gubernamental, desafortunadamente los tlaxcaltecas le demostraron que simplemente no lo quieren y que se trata de uno de los peores políticos en la historia de la entidad que ya es mejor conocido como la “cebra”.
Y es que no encuentro otro motivo para que el Instituto Tlaxcalteca para Devolver al Pueblo lo Robado siga manteniéndose con un presupuesto de 18 millones de pesos que se reparten entre 33 burócratas, donde lo único que llama la atención, es que se encuentran metidos los amigos de Sergio González, los mismos que cuando fue secretario de Gobierno, solo lo acompañaban en sus borracheras y le ayudaban a hacer sus transas para quedarse con la mayor parte del presupuesto.
Y si no me lo cree usted, solo por mencionar tres casos, el primero es el titular del Instituto, Miguel Sánchez Ramírez, ex director Jurídico de la Segob, que lo único que sabe es envolver a las personas con ser un gran abogado de Tlaxcala, pero en los hechos, no es capaz de redactar un solo párrafo para una Ley y la única que hizo para la creación de esta dependencia, resultó ser una de las peores en la historia, pues su contenido fue severamente criticado e invalidado en muchos de sus artículos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), por lo que en estos momentos se encuentra inoperante.
También destaca la íntima amiga de Sergio González, María Guadalupe Esquino Flores, quien fungió como directora administrativa en la Segob y quien se encargó de realizar todos los movimientos necesarios para generarle una importante bolsa de recursos al oriundo de Texoloc para su nefasta campaña electoral, obviamente, todo con cargo a las finanzas de la dependencia estatal donde hoy despacha Luis Antonio Ramírez Hernández.
También podemos encontrar en ese lugar a Rafael Hernández Hernández, el compañero de copas del secretario de Gobierno y ex director de Evaluación y Seguimiento del Sistema de Justicia Penal de la Segob, donde simplemente no hizo nada pues como todo burócrata, solo se la pasaba en convivencias, y así la mayoría de los abogados y abogadas que su único mérito fue apoyar la campaña de Sergio González Hernández, incluso se habla que varios de los que ocupan las 33 plazas, solo simulan trabajar, ya que en realidad, dichos salarios irían a parar a manos del chico Badabun.
Y vaya que habría que cuidarle las manos a Miguel Sánchez Ramírez, pues pareciera que uno de los objetivos de crear este Instituto, más que para devolverle al Pueblo lo Robado, es para devolverle a Sergio González una solvencia económica que le permita seguir viviendo cómodamente del erario.
Solo para que se dé una idea, uno de los compromisos con la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros del excandidato ecologista vía Miguel Ramírez, fue que a través de este Instituto se generarían ingresos a las arcas del Estado de 150 millones de pesos para este año, una cantidad más que atractiva, pero de los cuales no se ha obtenido ni un solo peso porque sencillamente no opera.
Y si tiene alguna duda sobre el mencionado compromiso, pregúntele al secretario de Finanzas de Tlaxcala, David Álvarez Ochoa, toda vez que si alguien se queja de ese instituto, es ese funcionario que ya comprobó que la abultada nómina que se paga es una carga para el gobierno lorenista.
Lo único en que han operado los ambiciosos abogados, es en acudir con una actitud amenazante a todas aquellas instituciones que realizan la enajenación de bienes, a solicitarles que les hagan entrega de las listas de activos que tienen para comenzar con el traslado de dichos bienes muebles e inmuebles a manos del Instituto Tlaxcalteca para Devolver al Pueblo lo Robado, pues según ellos se trata de una instrucción directa de la gobernadora.
De acuerdo con el Decreto de creación de dicho Instituto, éste será el encargado de la administración, enajenación, destrucción y destino de los bienes, activos o empresas asegurados y decomisados en los procedimientos penales, con base en las disposiciones de la Ley para la Administración y Destino de Bienes Asegurados, Abandonados, Decomisados y Extinción de Dominio del Estado de Tlaxcala que entró en vigor el pasado 15 de abril.
Con lo que no contaba este ambicioso y chafa abogado, es que en Tlaxcala existen otras normas que están debidamente integradas y avaladas, donde se establece que los bienes que queden bajo su resguardo derivado de procedimientos penales, serán entregados a la Universidad Autónoma de Tlaxcala y no el fantoche Instituto que preside Miguel Sánchez, esa es otra de las inconsistencias jurídicas que el jurista de cuarta no pudo advertir.
En fin, ya son siete meses en los que el Club de Toby, perdón, el Club de Sergio González, ha dispuesto de un presupuesto a través de jugosos salarios, sin que hasta el momento de un solo resultado y todo indica que así cerrarán el año, disfrutando de esta millonaria beca avalada por la mandataria tlaxcalteca.
Ojalá que la titular de la Coordinación General de Planeación e Inversión, la engreída Gimena Lara Pérez, aprendiera a hacer bien su trabajo y advirtiera de la inoperancia de este Instituto en lugar de solo pasársela de viaje.
Es triste ver como hay funcionarios que sólo mienten y siguen en sus cargos. O no.
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