La clase empresarial tlaxcalteca que pertenece a los organismos de la iniciativa privada siempre ha sido gris, convenenciera y pusilánime.
Sin ninguna representación social importante o destacada en la sociedad tlaxcalteca, dos dirigentes empresariales dejaron su papel de comparsas y patiños del gobierno lorenista, para asumir el papel de personeros de las autoridades y lanzar amenazas veladas a los tlaxcaltecas que opten por llevar a cabo protestas que impliquen el cierre de carreteras, como ayer lo hicieron los conductores de diferentes plataformas digitales del servicio de pasajeros que bloquearon varias vialidades cansados de la inseguridad que enfrentan para desempeñar su trabajo.
Marcos del Rosario Haget representante del sector Automotriz Puebla-Tlaxcala y Carlos Alberto Tamayo Chavero dirigente de la delegación en Tlaxcala de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), censuraron el proceder de los inconformes porque, según ellos, su movimiento implicó una falta de respeto a los tlaxcaltecas y generó la pérdida de “miles de dólares”.
Incluso, los empresarios se aventaron la puntada de decir que analizan la posibilidad de promover denuncias penales contra los responsables del bloqueo.
Marcos del Rosario y Carlos Alberto Tamayo pidieron a la mandataria que no permita nuevamente este tipo de acciones de protesta y que si es necesario recurra a la fuerza pública para hacer valer el Estado de Derecho en Tlaxcala.
Pareciera que ambos dirigentes fueron instruidos por un poderoso funcionario del gobierno lorenista para criticar la acción de los conductores de diferentes plataformas digitales del servicio de pasajeros y así tener la justificación para reprimirlos si es que deciden realizar nuevos bloqueos ante la falta de respuesta de las autoridades tlaxcaltecas, pues es evidente que se niegan a reconocer que existe un grave problema de inseguridad y que los asaltos armados a automovilistas van en aumento desde hace varios meses.
Ese par de empresarios comparsas y personeros sólo criticaron el movimiento y pidieron el uso de la fuerza pública contra ese tipo de manifestaciones, pero no emitieron ningún comentario sobre la creciente ola delictiva que azota la entidad y menos se atrevieron a criticar al secretario de Gobierno, Luis Antonio Ramírez Hernández, quien fue el responsable de haber tolerado el día de ayer el cierre por varias horas de carreteras y vialidades.
No fueron capaces de exigir al inútil secretario de Seguridad Ciudadana, Alberto Perea Marrufo, resultados y explicaciones de por qué operan impunemente bandas de criminales que de día y de noche atracan a conductores de plataformas y a ciudadanos que son despojados de sus vehículos.
Tampoco tuvieron el valor de lanzar una crítica del silencio que guardó el gobierno lorenista para dar la cara no sólo a los inconformes, sino a los cientos de ciudadanos que se vieron afectados por esa protesta.
A leguas se observó que Marcos del Rosario y Carlos Alberto Tamayo se prestaron al juego y a los intereses del gobierno estatal, lo cual los deja muy mal parados porque ya quedó claro que se prestaron para lanzar amenazas y justificar una probable represión si es que los conductores de diferentes plataformas digitales se vuelven a manifestar o cualquier otro grupo inconforme que decida bloquear las carreteras, como lo han hecho los miembros del sindicato 7 de Mayo, los transportistas, las normalistas de Panotla y los productores agrícolas del oriente del estado.
Por eso la clase empresarial de Tlaxcala nunca ha brillado y ni brillará. Los representantes de la iniciativa privada que forman organismos son convenencieros y pusilánimes que siempre buscan sacar provecho para sus intereses.
Sí se ampararon los magistrados del TJA
Con la novedad que los dos magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa de Tlaxcala que no fueron avalados por los diputados locales para ser ratificados en el cargo María Isabel Pérez González y Marcos Tecuapacho Domínguez, sí recurrieron a la justicia federal para tratar de revertir la decisión del Congreso del Estado.
Hasta ahora poco se sabe de los detalles de su impugnación y de los argumentos que presentaron, sin embargo su decisión podría sacar a la luz pública un expediente que se tiene sobre sus excesos y presuntos malos manejos.
La decisión para evitar su permanencia en el cargo ya se tomó y el procedimiento para buscar a sus reemplazos seguirá de acuerdo a lo planeado.
Por lo pronto, el Congreso del Estado deberá litigar ese nuevo caso y demostrar las razones por las cuales se decidió no permitir la ratificación de esos magistrados que el próximo31 de agosto dejarán su cargo.
Veremos en qué termina este nuevo litigio.
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