El inicio de las nuevas administraciones municipales en Tlaxcala ha sido un calvario para los presidentes y las presidentas municipales, quienes no encuentran la cuadratura al círculo ni la forma para empezar a dar resultados cuando carecen de recursos públicos y de los perfiles adecuados para ciertos cargos.
Ya pasó el primer mes de gobierno y muchos ayuntamientos aún carecen de los fondos para pagar los sueldos de los trabajadores, por lo que en esta semana no se descarta que en algunos municipios inicien las protestas contra los ediles en funciones.
También se espera que pronto el gobierno del estado apoyado por el Órgano de Fiscalización Superior (OFS) sugiera el despido de algunos directores de Seguridad Municipal que no fueron avalados ni certificados, de ahí que varios de ellos tendrán que ser separados de manera inmediata para evitar que los presidentes municipales incurran en una falla administrativa que al final se traduce en un daño patrimonial.
Las nuevas administraciones están desesperadas y algunas ya están más que listas para exigir al OFS que acelere la presentación de las denuncias penales contra los ex alcaldes a fin de que sean llamados a rendir cuentas a la brevedad.
De acuerdo con la revisión de los informes de las cuentas públicas del primer semestre de este año, se estima que 20 sujetos fiscalizables podrían enfrentar la reprobación de sus estados financieros al sumar en conjunto un probable quebranto superior a los 98 millones de pesos.
Se habla que la administración municipal de Zacatelco, cuyo ex alcalde Hildeberto N. se encuentra preso por presuntamente malversar casi 10 millones de pesos del ejercicio fiscal del 2022, acumula el mayor monto de observaciones como probable daño patrimonial por una cantidad superior a los 20 millones de pesos.
También destaca el ayuntamiento de San Pablo del Monte, que cuantificó un desfalco por más de 18 millones de pesos, por lo que el ex edil Raúl Tomás Juárez Contreras, se perfila como uno de los ex funcionarios con más posibilidades de enfrentar la ley en las próximas semanas.
La cuenta pública del municipio de Tlaxcala, durante el mandato de la alcaldesa interina Maribel Pérez Arenas, enfrenta observaciones al documentar supuestas irregularidades financieras por 13 millones de pesos.
Otros casos que generan polémica, son el de Huamantla, que según el reporte sería reprobado por contabilizar un daño de 12 millones de pesos. En la misma situación estaría la administración municipal de Chiautempan a cargo del morenista Gustavo Jiménez Romero, quien durante el primer semestre del año sumó un presunto quebranto de más de 8 millones de pesos.
La lista de municipios con probables acusaciones de malversación de recursos públicos sigue, sin embargo ahora lo importante no sólo será que los diputados y las diputadas locales procedan a reprobar esas cuentas, sino que orden al OFS iniciar los procedimientos penales y administrativos para que se castiguen estos excesos y abusos y se lleven a cabo los litigios para tratar de recuperar esos fondos del erario.
Hoy se habla que existen 180 denuncias penales y administrativas en contra de ex autoridades municipales, de las cuales hasta el momento cinco han sido judicializadas como la de Calpulalpan, Zacatelco, Panotla, Chiautempan y Xaloztoc, Neptalí N., Hildeberto N., Eymard N., Héctor N. y J. Carmen N., respectivamente, lo que demuestra la gran ineficiencia del Órgano de Fiscalización Superior, de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción y del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA).
En términos reales, casi el 3 por ciento de esas denuncias ha llegado ante un juez o ha tenido alguna implicación jurídica, porque el resto sigue en los escritorios o archiveros de las instancias encargadas de atenderlas sin que se observe la mínima voluntad de desahogarlas.
Usted percibe que haya voluntad y disposición de castigar la corrupción en Tlaxcala o piensa que se trata de una vil simulación porque en los hechos no se hace nada.
Si hay 180 denuncias y se espera que en breve se presenten más, la pregunta será a cuál de ellas se le dará prioridad, a las acumuladas o las nuevas, pues es obvio que el sistema armado en Tlaxcala para castigar la corrupción es inoperante porque los datos así lo demuestran.
Para qué sirve que salga el zopenco auditor general del OFS, Arturo Lucio Salas Miguela, a dar a conocer las observaciones millonarias de presuntos daños patrimoniales detectados y que existen tantas denuncias penales contra ex autoridades municipales cuando al final no hay consecuencias de ningún tipo.
Por desgracia, esa es nuestra lamentable realidad.
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