La violencia y la inseguridad siguen siendo una constante en la entidad tlaxcalteca.

 

 

Los números e indicadores quizá sostienen que los delitos van a la baja, pero la realidad es cruel y despiadada.

 

No es normal, al menos no en Tlaxcala, que en un lapso de seis días ejecuten a dos empresarios, uno la madrugada del pasado viernes en Chiautempan y ayer otro en una gasolinera ubicada en San Pablo Apetatitlán.

 

Del primero no se sabe nada, sólo que al parecer los sicarios que llevaron a cabo el cobarde asesinato son de Veracruz, lugar al que supuestamente se regresaron luego de tirar el cuerpo de Roberto N. en el municipio poblano de San Miguel Xoxtla.

 

Por lo que respecta al segundo, tampoco hay información sobre el móvil y el paradero de los criminales que llegaron en una motocicleta al lugar para ejecutar al empresario Ángel N.

 

Los asesinos lograron escapar tras abandonar la motocicleta en un terreno, evidenciando que la policía es incapaz de perseguir una unidad con bajo cilindrada.

 

Ambos asesinatos han generado temor y preocupación entre los tlaxcaltecas, quienes ya comprobaron que en Tlaxcala lo mismo te puede asesinar un comando armado en la madrugada o un par de sicarios te puede disparar durante la mañana y escapar impunemente.

 

Y si a lo anterior le agregamos el asalto que un cuentahabiente sufrió al interior de una sucursal bancaria de Apizaco, llegaríamos a la conclusión que es urgente revisar la estrategia de seguridad porque obviamente algo está fallando, ya que ningún operativo puesto en marcha para detener y dar con los responsables de esos crímenes ha dado resultados.

 

Si las autoridades piensan que con designar a un nuevo enlace de comunicación en la Secretaría de Seguridad Ciudadana a cargo del marino de agua dulce Alberto Perea Marrufo va a mejorar la percepción o que los criminales se van a asustar porque al titular de la Secretaría de Gobierno, Luis Antonio Ramírez Hernández, se le ocurrió esa brillante idea, se equivocan porque eso y nada es lo mismo.

 

Es apremiante que el gobierno lorenista reconozca que el problema de la inseguridad está creciendo aunque los datos digan lo contrario, porque al final la percepción de los ciudadanos cada vez es peor sobre la falta de seguridad y vigilancia que existe en Tlaxcala.

 

A la actual administración estatal no le caería nada mal convocar a una reunión en materia de seguridad donde no sólo participen las autoridades de los tres niveles encargadas de esa responsabilidad, sino que valdría la pena que también fueran invitados los diputados, alcaldes, empresarios, los verdaderos representantes del sector privado, los transportistas, los padres de familia, los colectivos de mujeres y las organizaciones sociales y de campesinos para que pudieran exponer sus puntos de vista y aporten ideas que ayuden, en una primera instancia, a contener la ola delictiva que cada día golpea más a los ciudadanos.

 

Si el problema de la inseguridad no es tan grave o delicado como dicen las autoridades estatales, las cuales aseguran que todo está bien y que algunos sectores tlaxcaltecas y los medios de comunicación exageran con el tema, entonces cuál fue la razón por la que la administración lorenista compró una decena de camionetas Suburban blindadas y que están almacenadas en el estacionamiento subterráneo del Centro Expositor.

 

A qué funcionarios les serán asignadas.

 

Si no hay delincuencia organizada y los hechos que se registran son aislados, entonces para qué comprar camionetas blindadas.

 

Cuánto destinó el gobierno lorenista para esos vehículos de lujo.

 

Será que algunas camionetas se destinarán para el uso de los familiares de la mandataria.

 

Son preguntas que ojalá algún funcionario responda, porque sencillamente no hay congruencia entre lo que dicen y lo que hacen.

 

O no.

 

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