Sin lugar a dudas la reforma a la Constitución propuesta por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, para garantizar la independencia de los ministros, magistrados y jueces tendrá sus repercusiones en Tlaxcala, tal y como lo dejaron ver los senadores reeleccionistas de Morena Ana Lilia Rivera Rivera y José Antonio Álvarez Lima.
La reforma busca que los ciudadanos participen en la elección de los ministros, magistrados y jueces a través del voto popular. También se está planteando que haya propuestas de los tres poderes, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, con el propósito de llevar a cabo un profundo análisis y revisión a fin de escoger a los mejores perfiles para esos cargos.
El cambio y la transformación del Poder Judicial federal va en serio, por lo que será cuestión de tiempo para que se replique esa fórmula y método en Tlaxcala.
Por lo pronto, los actuales diputados y diputadas deben publicar en los próximos días la convocatoria abierta para nombrar a dos magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa de Tlaxcala, luego que María Isabel Pérez González y Marcos Tecuapacho Domínguez no fueran avalados para lograr su ratificación por un periodo más.
El plazo para impugnar la decisión del Congreso del Estado venció el pasado viernes 21 de junio, de ahí que se desconozca si ese par de litigantes lo hizo, pues su intención si era inconformarse porque estuvieron solicitando expedientes y documentos para recurrir a la justicia federal.
El periodo para que el fueron electos vence el 31 de agosto, de ahí la importancia de que los legisladores tlaxcaltecas tomen muy en serio este proceso y garanticen que los próximos magistrados serán abogados con el perfil y que gozan de calidad y prestigio para desempeñar ese puesto.
Hay que tener presente que las últimas designaciones de magistrados del Tribunal Superior de Justicia en el Estado recayeron en abogados sin trayectoria y que pudieron colarse por el impulso recibido por la actual gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros, quien pidió a los diputados y a las diputadas inclinarse por Fanny Margarita Amador Montes y Enrique Acoltzi Conde.
El proceso de elección de los dos magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa no es menor, sobre todo porque el artículo 26 fracción VI de la Ley Orgánica establece la especialidad que deben tener los aspirantes en materia fiscal, en fiscalización, responsabilidades administrativas, hechos de corrupción o rendición de cuentas, lo cual tendrán que acreditar, situación que seguramente no todos podrán hacerlo.
La designación seguramente estará bajo la lupa y los adversarios y críticos de la gobernadora y del Congreso del Estado estarán pendientes, porque si hay fallas, errores o dados cargados para un candidato o candidata a la magistratura comenzarán los señalamientos y se resaltará que la corrupción impera en ese proceso y en el Poder Judicial de Tlaxcala.
Lo anterior se debe evitar porque si hay alguna irregularidad de inmediato será cuestionada la reforma Constitucional que propone López Obrador y que los senadores y diputados de Morena quieren aprobar antes de octubre.
Veremos si los diputados y las diputadas se aplican o si optan por manchar la designación de los futuros magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa.
Y la autoridad dónde está
La anterior pregunta era constante la tarde noche de ayer, luego que conductores de plataformas de servicio de pasajeros decidieron bloquear el Libramiento Tlaxcala con dirección a Chiautempan, el acceso a la autopista Tlaxcala-Puebla, la carretera federal Tlaxcala-Puebla a la altura de Acuitlapilco y la carretera Tlaxcala-Texoloc, en demanda de seguridad y de operativos que logren detener a las bandas criminales que los asaltan con total impunidad.
La protesta también era para exigir el peso de la ley contra una pareja, la cual al parecer se dedica a asaltar a choferes de ese tipo de unidades. Se sabe que el pasado 20 de junio en el municipio de Amaxac robaron un vehículo de una plataforma y en el proceso hirieron con arma de fuego a un conductor, sin embargo los delincuentes podrían quedar en libertad por el mal trabajo del Ministerio Público y de los policías.
Los conductores de esas plataformas digitales tienen razón en manifestarse y emprender medidas de presión para las autoridades, las cuales sólo se cruzaron de brazos y permitieron que los inconformes generaran un completo caos que afectó a miles de automovilistas que no pudieron llegar a su destino.
Aquí no aplicaron la ley del garrote y la intolerancia. Total los ciudadanos pueden sufrir y padecer las consecuencias de una protesta.
El gobierno lorenista se equivoca, porque el malestar fue mayúsculo y es evidente que cada vez más ciudadanos están optando por reprobar la actitud de la mandataria tlaxcalteca que tolera los excesos.
El gobierno nuevamente se vio débil y extremadamente permisivo.
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