El proceso de evaluación de los miembros del gabinete legal y ampliado de la administración que encabeza Lorena Cuéllar Cisneros ha comenzado.

 

 

Al escritorio de la mandataria están llegando los reportes de aquellos funcionarios lorenistas qué si trabajaron y apoyaron a los candidatos de Morena y sus aliados en los pasados comicios, pero también aquellos que simularon o jugaron en contra, lo que seguramente los llevará a aparecer en la lista de los que podrían dejar el cargo.

 

La lista de los colaboradores que trabajaron para lograr que Morena y sus aliados ganaran la presidencia de México con Claudia Sheinbaum Pardo, el Senado con Ana Lilia Rivera Rivera y José Antonio Álvarez Lima, así como las diputaciones federales con Irma Garay Loredo, Raymundo Vázquez Conchas y Alejandro Aguilar López es corta.

 

La mayoría de los funcionarios lorenistas fallaron y están reprobados en su trabajo y aportación política electoral, por lo que su única posibilidad de seguir en el gobierno de Tlaxcala es que sus cuentas públicas del 2023 salgan limpias y sin observaciones graves, porque de no ser así existen altas posibilidades de que sean removidos como le pasó en su momento a Enrique Padilla Sánchez que dejó la dirección del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Tlaxcala (Conalep) y a Humberto Macías Romero gerente del Fideicomiso de Ciudad Industrial Xicohténcatl (Fidecix).

 

A principios de este mes se cerraron los procesos de solventación de observaciones de los 106 entes fiscalizables de la entidad. El Órgano de Fiscalización Superior (OFS) a cargo de Arturo Lucio Salas Miguela, trabaja en la elaboración de los informes contables que deberá presentar al Congreso del Estado a finales del próximo mes.

 

Se habla que varias dependencias estatales y organismo públicos descentralizados saldrán con observaciones relacionadas a un probable daño patrimonial, situación que pondrá a sus titulares en el radar de la gobernadora que podría tomar la decisión de despedir a esos funcionarios que no dieron resultados y defraudaron su confianza.

No lo cuente en voz alta, pero se menciona que la Universidad Politécnica de Tlaxcala bajo la responsabilidad de Rosalía Nalleli Pérez Estrada no pudo corregir las anomalías financieras y administrativas con que venía operando esa institución, de ahí que la cuenta pública del ejercicio fiscal del 2023 podría salir reprobada.

 

En la misma situación, estaría el Instituto Tecnológico Superior de Tlaxco que mal dirige el aprendiz de político Blas Marvin Mora Olvera y la Universidad Tecnológica de Tlaxcala (UTT) que está en manos del borrachales Moctezuma Bautista Vásquez.

 

De acuerdo con las versiones de los auditores del OFS la Secretaría de Salud a cargo de Rigoberto Zamudio Meneses también enfrentará varias observaciones, pues el desorden administrativo y el manejo de los recursos públicos no está del todo claro, tal y como también pasa en la Secretaría de Desarrollo Económico donde despacha el desprestigiado Javier Marroquín Calderón.

 

Dicen que hay otros entes fiscalizables que también registran anomalías, razón por la cual muchos funcionarios lorenistas andan preocupados y más porque no atendieron en tiempo y forma las observaciones que recibieron las dependencias.

 

Julio será un mes importante y clave para la permanencia de los funcionarios lorenistas. Su evaluación está en proceso y quizá sea en agosto o en septiembre cuando se realicen los cambios y ajustes.

 

En agosto se cumplirán tres años de la actual administración y empezará la cuenta regresiva. Los que podrían dejar sus cargos en los próximos días son el secretario de Cultura, Antonio Martínez Velázquez, quien se incorporará al equipo de trabajo de la presidenta electa de México Claudia Sheinbaum. Otro que se dice que abandonará su responsabilidad en las siguientes semanas es titular de la Secretaría de Salud, Rigoberto Zamudio, que viajará a España para estudiar una especialidad médica.

 

Y ya que hablamos de despedidas, le cuento que los actuales presidentes municipales andan preocupados por su futuro, pues varios están teniendo problemas para justificar la aplicación de los recursos públicos que ejercieron en el 2023, situación que podría derivar en la reprobación de su cuenta pública y por lo mismo enfrentar una denuncia penal.

 

Muchos ediles ya se pusieron en contacto con los futuros alcaldes electos a fin de mostrar colaboración y disposición para llevar a cabo el relevo de autoridades. La mayoría ya entregó información contable y la conclusión es que los ayuntamientos operan con recursos limitados y que muchos tendrán problemas de liquidez para pagar los finiquitos que se generarán por el despido de trabajadores.

 

Los nuevos presidentes municipales tlaxcaltecas encontrarán las arcas vacías o limitadas, razón por la cual las nuevas administraciones iniciarán sus gobiernos con austeridad y sin recursos para llevar a cabo acciones u obras importantes de septiembre a diciembre de este año.

 

Ni hablar, esa es la realidad que enfrentarán las próximas autoridades municipales.

 

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