La decisión de aplicar la ley a ex alcaldes y a los actuales presidentes municipales en funciones es buena y está marcando un precedente importante en Tlaxcala, porque por primera vez se está actuando para castigar presuntos actos de corrupción.
Sin embargo, la forma selectiva en que se ha actuado está generando dudas y sospechas debido a que esa acción emprendida por la titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC) de la Procuraduría General de Justicia en el Estado, Adriana Delgado Bolaños, no es pareja y pareciera que está dirigida a ciertos personajes.
Por ejemplo, hay asuntos con montos más relevantes que siguen siendo ignorados, como el caso de los ex alcaldes de Chiautempan, Contla, Apetatitlán, Zacatelco y Tzompantepec que involucra a Antonio Mendoza Romero, Miguel Muñoz Reyes mejor conocido como “Don Cheto”, Eloy Reyes Juárez, Tomás Orea Albarrán y Arturo Rivera Mora, respectivamente.
Los ex ediles se pasean impunemente cuando está documentado por el Órgano de Fiscalización Superior que abusaron del poder y malversaron fondos millonarios.
El actuar de la fiscal Adriana Delgado ha generado incertidumbre y temor entre los ex alcaldes tlaxcaltecas, así como en los ediles que actualmente desempeñan el cargo, pero también les ha dado tiempo para deshacerse de sus propiedades y ocultar sus fortunas, como es el caso de Arturo Rivera, quien para evitar problemas decidió “vender” a su papá su rancho y las hectáreas localizadas en el municipio poblano de Ixtacamaxtitlán que compró siendo edil de Tzompantepec.
Me queda claro que la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción y el Órgano de Fiscalización Superior han hecho su trabajo, pero no así la Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica Tlaxcala (Uipet) que mal dirige Neri Toshiro León Sauza, porque es un área muerta que no ha servido para nada, es decir, ni ha fortalecido la rendición de cuentas, ni ha prevenido casos de corrupción y tampoco ha contribuido para combatir operaciones con recursos de procedencia ilícita, como lavado de dinero y financiamiento a actividades ilegales.
El 14 de marzo del 2020 el entonces gobernador de Tlaxcala Marco Antonio Mena Rodríguez y el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) Santiago Nieto Castillo, dieron los primeros pasos para crear una instancia similar a nivel estatal, pero para desgracia de los tlaxcaltecas desde esa fecha y hasta la actualidad esa oficina es un simple adorno en el gobierno estatal debido a que no ha dado ningún resultado que se conozca y que pueda presumir la administración encabezada por la mandataria Lorena Cuéllar Cisneros.
Lo más relevante que ha conseguido Neri Toshiro León es asumir el 1 de abril del año pasado la presidencia del Comité Nacional de Unidades de Inteligencia Antilavado de Dinero, pero eso y nada es lo mismo porque no ha contribuido ni aportado algún elemento para sancionar la creciente corrupción que existe en Tlaxcala.
A poco no se ha enterado de los sobreprecios que paga al gobierno o de la riqueza que hoy presumen varios funcionarios estatales que llegaron con modestos automóviles y hoy son propietarios de lujosas camionetas o casas. Tampoco sabrá de los excesos de los actuales presidentes municipales que han malgastado los recursos y de las transas que llevan a cabo varios servidores públicos en los ayuntamientos.
Y créame cuando le digo que hay varios ex alcaldes preocupados y temerosos, pues se habla que en los próximos días la PGJE seguirá deteniendo a varios de ellos y a uno que otro en funciones.
Se dice que las órdenes de aprehensión existen y que es cuestión de tiempo para que se ejecuten.
Por cierto, le cuento que si bien el alcalde de Zacatelco Hildeberto Pérez Álvarez no ha podido dejar la cárcel por las dificultades que ha encontrado en las instancias locales luego de ser acusado de malversar más de 10 millones de pesos durante el ejercicio fiscal del 2022, se menciona que su caso está recibiendo un tratamiento diferente en la justicia federal y que ahí sí podría conseguir su libertad, lo cual seguramente dejará muy mal parada a la PGJE, al Poder Judicial de Tlaxcala y al gobierno lorenista.
Tan nerviosos andan los actuales alcaldes que están tratando de corregir sus inconsistencias y por ello se han dado a la tarea de “castigar” actos de corrupción en sus administraciones, como en la de Chiautempan donde se “comprobó” que la encargada de las licencias de funcionamiento de negocios incurrió en un delito al embolsarse una lana que salió de los contribuyentes.
El hecho se detectó en marzo y la involucrada de nombre Verónica Ipatzi decidió reembolsar el dinero, pero al iniciar la revisión de esa y otras oficinas del ayuntamiento de Chiautempan se supo que el director de Ingresos también estaría incurriendo en anomalías.
Por esa razón, Verónica Ipatzi fue despedida en mayo y ahora enfrenta un proceso para ser sancionada, porque la administración del alcalde Gustavo Jiménez Romero quiere “demostrar” que sí castiga la corrupción.
Así las cosas.
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