La cuenta regresiva para los 60 presidentes municipales de Tlaxcala comenzó y ese proceso se da en medio de una incertidumbre, sobre todo porque ya comprobaron que en esta ocasión no serán tolerados los desvíos de recursos públicos y los quebrantos en las arcas de los ayuntamientos.
A los alcaldes y a las alcaldesas les restan 74 días de su periodo de gobierno, los cuales seguramente serán innecesarios para tratar de corregir y subsanar las observaciones del Órgano de Fiscalización Superior (OFS) que en unas semanas presentará los informes correspondientes al ejercicio fiscal del 2023.
De las 15 cuentas públicas de ayuntamientos correspondientes al ejercicio fiscal del 2022 que fueron reprobadas por el Congreso de Estado, hasta ahora el presidente municipal de Zacatelco, Hildeberto Pérez Álvarez, es el único que ha enfrentado un proceso penal por ese hecho, de ahí que permanece encerrado en la cárcel de Tlaxcala por supuestamente malversar más de 10 millones de pesos.
Aunque la semana pasada el secretario de Gobierno, Luis Antonio Ramírez Hernández, descartó que la aprehensión de Hildeberto Pérez, edil en funciones de Zacatelco y de Eymard Grande Rodríguez, ex presidente municipal de Panotla se deba a una revancha política, ahora el gobierno lorenista y la Procuraduría General de Justicia en el Estado tendrán que demostrar que no es así y que se seguirá aplicando la ley, sobre todo porque hay casos donde es evidente la corrupción de algunos ediles en funciones.
Los presidentes municipales deben aprovechar el tiempo que les queda para subsanar las observaciones del OFS. Aun cuenta con personal y recursos para corregir sus irregularidades, porque una vez entregando el poder enfrentará otra realidad y seguramente lamentarán no haber solventado las inconsistencias.
Hoy existen muchas dudas sobre el proceso de fiscalización y la elaboración de los informes del Órgano de Fiscalización Superior que dirige desde noviembre del año pasado Arturo Lucio Salas Miguela, pues hay rumores de que los encargados de las auditorías se estaban prestando para negociar y ayudar a subsanar inconsistencias con estímulos económicos de 50 mil pesos para arriba.
Pronto se verá si ese rumor es cierto, porque ni modo que ese ente fiscalizador no detecte los sobreprecios en obra y productos que está contratando la Oficialía Mayor de Gobierno o qué no descubra las malos manejos que existen en la Secretaría de Salud en el caso de los tratamientos que reciben los enfermos renales o qué no sancione el pago irregular que algunos presidentes municipales hicieron a policías y directores de seguridad que carecen de certificación y de exámenes de control y confianza.
En fin, en unas semanas más se comprobará que tan real y cierto es el combate a la corrupción o si en realidad se usó esa medida para castigar a enemigos y adversarios del gobierno.
Ayer, la Procuraduría General de Justicia del Estado a cargo de Ernestina Carro Roldán demostró que está enfocada en su trabajo y en dar resultados. Logró que un juez vinculara a proceso a los tres primeros involucrados en el linchamiento de dos policías estatales en Zacatelco ocurrido el pasado 8 de abril.
El asunto parecía más que complicado, sin embargo es un hecho que el personal de la procuraduría se enfocó y está consiguiendo aplicar la ley a los probables responsables de haber masacrado a golpes y batazos a los dos elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.
Y mientras unos funcionarios lorenistas están haciendo su trabajo y generando buena imagen para el gobierno estatal, hay otros que están empeñados en dañar el prestigio de la actual administración, como es el caso de Javier Marroquín Calderón, secretario de Desarrollo Económicos, quien en presunto estado de ebriedad retó a golpes a un abogado poblano de nombre Rodolfo Aragón.
De acuerdo con la versión del litigante, el bochornoso episodio ocurrió el viernes pasado en el restaurante “La Única” que se localiza en el Centro Comercial City Angelópolis en el estado de Puebla, de ahí que en breve presentará la denuncia correspondiente para que se sancione a Javier Marroquín.
El escándalo llegó a las redes sociales a través del abogado Rodolfo Aragón que exhibió al funcionario tlaxcalteca. Incluso el afectado utilizó su cuenta de X para enviarle un mensaje a la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros, a quien le pide que revise la conducta de Javier Marroquín que en pleno restaurante lo retó a golpes.
No es la primera vez que ese torpe y devaluado funcionario lorenista se exhibe, pues se le ha visto borracho en el palenque y en otros eventos públicos. Su trabajo es deficiente y malo, por lo que nadie se explica por qué se mantiene en el cargo.
Ojalá su pésima conducta tenga consecuencias, porque es un lastre para el gobierno de Lorena Cuéllar.
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