Será el sábado por la noche o en la madrugada del domingo cuando se conozca si las personas detenidas por su probable participación en el linchamiento de dos policías en el municipio de Zacatelco serán vinculadas a proceso o si logran su libertad porque el Ministerio Público no pudo acreditar su injerencia en ese acto de barbarie cometido el pasado 8 de abril.
Hasta ahora se sabe que han sido detenidos tres varones que según las investigaciones de la Procuraduría General de Justicia en el Estado (PGJE) intervinieron en los lamentables hechos en donde perdieron la vida Antonio Hernández Portillo, director de Investigación de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y Rubén Bernabé Rocha, Policía Acreditable de Análisis Táctico.
En cuestión de horas se conocerá si la investigación y el expediente de la PGJE están apegados a derechos o si hubo alguna consigna para detener a tres personas que cargarán con la responsabilidad de la muerte de dos oficiales, ya que son acusados de llevar a cabo el delito de homicidio calificado.
Se desconoce si hay videos y fotografías de cuando la turba de más de casi cien personas masacró con golpes y batazos a los policías estatales o si hay algún testigo que hizo los señalamientos de quiénes incitaron y participaron en el linchamiento.
Si los detenidos son vinculados a proceso tal vez si se cumpla el ofrecimiento del gobierno del estado de hacer justicia, pero si son liberados surgirán muchas dudas sobre si será posible castigar a los responsables de la trágica muerte de los dos elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.
Por cierto, ya que hablamos de intentos de hacer justicia, le cuento que de nada sirvió que a la Secretaría de la Función Pública haya llegado María Isabel Delfina Maldonado Textle, porque al final el ex contralor de la Secretaría de Educación Pública, Edmundo Vázquez José, acusado de acoso sexual y laboral por el personal de esa área fue reubicado y no despedido.
Al parecer la aún poderosa ex secretaría de la Función Pública y hoy senadora suplente electa, Eréndira Cova Brindis, intervino para que su protegido fuera asignado en la Dirección de Recursos Humanos de la Secretaría de Salud.
Lo anterior no sólo resulta grave, sino que a la Contraloría Interna de la SEP llegó un contador priista de nombre Dagoberto Nicolás Hernández Nava, quien arrastra pésimos antecedentes no sólo en el manejo de los recursos públicos cuando se desempeñó como Director Administrativo del Colegio de Bachilleres de Tlaxcala, sino que también estaría vinculado a la red de venta de plazas en el sector educativo.
En pocas palabras, los cambios de funcionarios en la administración lorenista de nada sirven, porque mueven a ciertos personajes para al final terminar igual o peor.
Y sobre los cambios de 19 directores de seguridad municipal de igual número de ayuntamientos tlaxcaltecas por no estar certificados, ayer el secretario de Gobierno, Luis Antonio Ramírez Hernández, reconoció que la orden que giró el Consejo Estatal de Seguridad Ciudadana de Tlaxcala no ha sido acatada por la mayoría de los alcaldes que mantienen en sus cargos a dichos mandos.
Por tal motivo, el funcionario lorenista dijo que esperarán que se realice el relevo de administraciones municipales para pedir a los nuevos ediles que sus directores de seguridad si estén certificados, con el propósito de cumplir con la ley y garantizar que haya personal capacitado en los ayuntamientos para las labores de seguridad.
Si no se iba a mantener la firmeza y la instrucción de despedir a esos 19 directores de seguridad municipal, entonces para qué citar el pasado 23 de mayo a una sesión extraordinaria del Consejo Estatal de Seguridad Ciudadana de Tlaxcala si tres semanas más tarde se saldría con el absurdo de asegurar que sólo se trató sólo de una recomendación y un exhorto.
Entonces para qué presumir en un comunicado oficial del gobierno del estado tal decisión si a la mera hora no se va a cumplir la instrucción u orden. Para qué dar a conocer que se pedirá la intervención del Órgano de Fiscalización Superior para revisar los casos y en su momento sancionarlos, si no habrá ningún tipo de consecuencia legal para los presidentes municipales en funciones.
Francamente es incomprensible lo que pasa, o no.
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