Al nuevo auditor general del Órgano de Fiscalización Superior de Tlaxcala, Arturo Lucio Salas Miguela, le bastó casi un año para terminar con la credibilidad, prestigio y profesionalismo con que venía trabajando ese ente.
Hoy, por desgracia, existen muchas dudas sobre su trabajo y desempeño y más sobre la probidad del auditor Salas Miguela y su séquito de fiscalizadores que son buenos para crear e inventar observaciones, pero ciegos y malos para aplicar la ley en casos evidentes de violaciones a la ley.
Será que esos chafas auditores se atreverán a observar la violación a la ley que se hizo desde los primeros días de septiembre cuando la gobernadora de Tlaxcala, Lorena Cuéllar Cisneros, designó a su cuñado, Fabricio Mena Rodríguez, como secretario de Turismo.
El caso es un claro asunto de nepotismo si se atienden a los criterios del sistema nacional y estatal anticorrupción y a otros ordenamientos legales como la Ley de Responsabilidades, pues se trata de un pariente por afinidad de segundo grado, es decir, es su cuñado pues está casado con la hermana de la mandataria, Karina Cuéllar Cisneros.
No es posible que no vean esa evidente falta y si inventen observaciones como la que se hizo al presidente municipal de Huamantla, Salvador Santos Cedillo, quien fue acusado por los torpes auditores del OFS se violar la ley de acuerdo al informe contable de los primeros ocho meses del 2024, por según ellos utilizó recursos públicos para organizar eventos oficiales que representaron actos anticipados de campaña.
Por esa y otras razones más nadie confía en el desprestigiado Órgano de Fiscalización Superior, de ahí que existan serias dudas sobre si los excesos y transas de los ex presidentes municipales serán castigadas o perdonadas porque se tratan de amigos del sistema.
A continuación le enlistare las anomalías que se encontraron en el proceso de entrega recepción del ayuntamiento de Chiautempan y que involucran presuntos malos manejos del ex alcalde Gustavo Jiménez Romero y de su hijo Juan Carlos Jiménez Ramírez, quien realmente controlaba ese ayuntamiento y hoy se desempeña asesor del edil capitalino Alfonso Sánchez García y como impoluto consejero estatal de Morena.
Hasta el momento no se ha podido justificar el pago a las empresas Publicidad y Marketing Rupercalia S.A de C.V y los hechos a William de Jesús Téllez Alonso, Bernardo Miguel Rangel Juárez y Grupo Pragelopolis S.A de C.V por un monto de 870 mil pesos.
Tampoco ha quedado claro el gasto por el baile de las fiestas patrias, el baile y evento navideño del 2023, los aguinaldos navideños donde está involucrado el proveedor Omar Alarcón Fernández que recibió un pago por más de 700 mil pesos.
Lo mismo sucede con otros proveedores que entregaron papelería y otros productos como tóner. Las empresas señaladas son Rospar Papelería y Suministros Conexos S.A de C.V., quien facturó por un monto de 716 mil pesos y Productos y Servicios Hiperco S.A. de C.V. que recibió la cantidad de 230 mil pesos.
Otros gastos bajo observación son el de Marcos Paredes Suárez, Luis Fernando Guevara Espinoza por impresiones y escaneo de documentación, a quienes se les pagó 560 mil pesos, al igual que a la empresa Saneri S.A. de C.V. por mantenimiento de equipo de cómputo y escaneo de cuenta pública, trabajos que implicaron un gasto de más de 220 mil pesos.
La Comercializadora FET S.A. de C.V recibió un monto de 630 mil pesos por la venta de equipo de cómputo, multifuncionales, memorias y cartuchos.
Soluciones Guly S. de R. L de C.V, Servicio de Fumigación y Sanitización nunca justificó el pago de 510 mil pesos por un supuesto trabajo que realizó, pues nunca entregó evidencia documental y fotográfica del mismo.
Silvia Mateos Díaz y José Gerardo Meneses Carrizosa, rentaron un dron al ayuntamiento de Chiautempan y cobraron por publicidad de Informe de Gobierno Municipal la cantidad de más de 250 mil pesos.
Y José Gerardo Meneses también facturó por la elaboración de un estudio demoscópico de desempeño de las áreas del ayuntamiento que implicó el desembolso de 80 mil pesos.
Magenta Productos Distribución y Asesoría S.A de C.V. también aparece en la lista de operaciones dudosas al vender equipo de radiocomunicación para seguridad pública por un total de 480 mil pesos.
Otras inconsistencias tienen que ver con descuentos irregulares en el pago del impuesto predial, por ejemplo a la Inmobiliaria Taurina S.A de C.V que pertenece al empresario millonario Rafael Torres Mendoza y a los propietarios del Centro Cultural Pacelli de Tlaxcala A.C.
La pregunta será si las inconsistencias que existen en esos gastos serán revisadas y sancionadas o al final serán avaladas las operaciones financieras para evitar que el ex presidente municipal de Chiautempan enfrente problemas legales, pues para nadie es desconocido que se trata de un amigo del sistema.
Muchos ex alcaldes que dejaron sus cargos en agosto pasado heredaron desastres administrativos, sin embargo el OFS está más ocupado en presionar y vigilar a los nuevos presidentes municipales que en elaborar los expedientes que permitan llamar a cuentas a las ex autoridades que malversaron varios millones de pesos.
Por lo que se ve, la fiscalización en Tlaxcala es una vacilada.
O usted qué opina.
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