A unos días de que a los actuales presidentes municipales les quede un mes para entregar el poder, las advertencias para que no dejen adeudos ni problemas financieros en sus ayuntamientos han sido constantes.
La gobernadora de Tlaxcala, Lorena Cuéllar Cisneros, dejó entrever que no serán solapadas ni encubiertas las anomalías que se reporten los nuevos alcaldes que entrarán en funciones el 31 de agosto, fecha en que también iniciarán los últimos tres años de la actual administración estatal.
De entrada, se deben preocupar los 16 alcaldes que reprobaron su cuenta pública del 2022, pero más si en la revisión del ejercicio fiscal del 2023 que iniciará en la primera semana de agosto de este año vuelven a tener observaciones sobre presuntos daños patrimoniales, porque seguramente enfrentarán un proceso penal que podría complicarse con la entrega recepción de sus administraciones, ya que los nuevos ediles estarán obligados a documentar y reportar las inconsistencias que encuentren.
Y si piensan que por ser lorenistas no serán sancionados, se equivocan, porque más allá que al presidente municipal de Zacatelco, Hildeberto P., se le haya detenido por supuestamente desviar más de 10 millones de pesos en el 2022, en realidad su proceso penal obedece más a una venganza política del actual secretario de Gobierno, Luis Antonio Ramírez Hernández, quien no soportó que un alcalde lo haya mandado al carajo y no lo obedeciera.
Veremos si el juez penal que lleva el caso encuentra los elementos y argumentos para sentenciarlo o al final decide dejarlo en libertad al carecer de bases legales para declararlo culpable de malversación de fondos públicos, lo cual representará un duro golpe para el gobierno lorenista, sobre todo si “El Cachorro” se declara víctima de una persecución política.
Curiosamente los ex alcaldes que enfrentan procesos penales por presuntos actos de corrupción han logrado convencer al juez para llevar a cabo en libertad su caso penal, de ahí que el único edil en funciones que está detenido es el de Zacatelco.
Será interesante ver cuál será el comportamiento del gobierno lorenista y de la próxima Fiscalía General de Justicia de Tlaxcala que en breve empezará a funcionar bajo la responsabilidad de Ernestina Carro Roldán, quien este día será designada por el pleno del Congreso de Estado.
Los actuales presidentes municipales andan nerviosos y preocupados porque no tiene claro el futuro que les espera, es decir, el de enfrentar posibles procesos penales o el retiro obligado de la política para desaparecer y evitar alguna situación penal o administrativa.
La segunda opción no está descartada, pues hay que tener presente que el gobierno lorenista fue extremadamente benevolente con los funcionarios de la administración del priista y hoy morenista Marco Antonio Mena Rodríguez, pues ninguno de ellos fue sancionado pese a que se documentaron anomalías y transas que están en los expedientes que se armaron en la Secretaría de la Función Pública pero que no se concluyeron.
Lo anterior lo puede confirmar la ex secretaria de la Función Pública, Eréndira Cova Brindis, quien fue la más feliz de que no se aplicara la ley a los funcionarios menistas.
Por lo que toca a los futuros alcaldes y alcaldesas, sus problemas ya empezaron porque la gran mayoría está teniendo problemas para encontrar a los futuros directores de seguridad municipal, quienes por ley deberán tener título profesional, cédula y la acreditación actualizada de sus exámenes de control y confianza.
Seguramente habrá designaciones que se aceptarán bajo reserva y si en un tiempo determinado los directores de seguridad no cumplen con lo que marca la ley, serán removidos porque el gobierno de Tlaxcala no permitirá que haya jefes policiacos en los municipios que no sean confiables y menos que no quieran trabajar de manera coordinada.
Otros funcionarios que serán revisados con lupa, serán los tesoreros y los directores de obra, pues la intención es contener a la mafia que se mueve alrededor de esos funcionarios y que suelen brincar de ayuntamiento a otro con sus vicios y en algunos casos con sus factureras que les permiten desviar recursos públicos.
En 35 días se sabrá cómo dejan los actuales presidentes municipales los ayuntamientos y cómo empezarán a laborar los nuevos ediles que prometieron mucho y que ahora deberán cumplir para no decepcionar a los ciudadanos.
La cuenta regresiva para los alcaldes en funciones comenzó.
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