Si el inicio del proceso legislativo para elegir al nuevo comisionado o comisionada del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (IAIP) Tlaxcala ya fue cuestionado por su opacidad, no dude que pronto salgan a relucir otros detalles que manchen la credibilidad de esa tarea al existir elementos que harán pensar que existen dados cargados para beneficiar a alguien en especial.

 

 

Resulta que hasta anoche se habían registrado 21 aspirantes al mencionado cargo, entre los que destacan los nombres de la ex magistrada priista con dizque corazón morenista, Elsa Cordero Martínez y Jaime Martínez Sánchez, quienes mantienen una relación de amistad y de cercanía con uno de los tres integrantes del jurado que se encargará de aplicar los exámenes orales y escritos llamado Francisco Mixcoatl Antonio.

 

La ex magistrada Elsa Cordero que actualmente recibe su jugoso haber de retiro del Tribunal Superior de Justicia en el Estado y que además trabaja en el Poder Judicial Federal en donde percibe un sueldo de 48 mil pesos como Directora de Transparencia, extraña el reflector y el protagonismo, por lo que está decidida a asumir la posición que en unos días más dejará el comisionado Didier Fabián López Sánchez que llegó al IAIP como una cuota del PRI.

 

 

Si los diputados locales del PRD y del PRI, Juan Manuel Cambrón Soria y Blanca Águila Lima, respectivamente, han empezado a desacreditar el proceso de elección del próximo comisionado por la actitud opaca de la presidenta de la Junta de Coordinación y Concertación Política del Congreso del Estado, Marcela González Castillo, quien junto con sus aliados intenta obstruir la transparencia de ese procedimiento, imagínese qué pasará cuando se documente que Francisco Mixcoatl Antonio no garantiza imparcialidad.

 

Los otros dos jurados son Liliana Cárdenas Morales y Kira Ciofalo Lagos. Lo prudente sería que Francisco Mixcoatl se excusara, pues a nadie se le olvida el hecho de que cuando éste personaje terminó su pésima labor como presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, su amiga Elsa Cordero que se desempeñaba como magistrada lo contrató en el Poder Judicial de Tlaxcala.

 

 

También se sabe que ese jurado mantiene una relación de amistad con otro aspirante al cargo de comisionado del IAIP que se llama Jaime Martínez Sánchez.

 

Desconozco si la intención de la diputada morenista Marcela González y sus aliados el PT, el Verde Ecologista y los de Nueva Alianza pretendan imponer a la ex magistrada Elsa Cordero como nueva comisionada del mencionado organismo, pero es obvio que algo raro está pasando que hace dudar que el procedimiento legislativo se esté llevando a cabo con imparcialidad y transparencia.

 

Veremos si las diputadas y los diputados deciden corregir y limpiar el procedimiento que realizan o se mantienen en la línea actual sin importarles que sus acciones y su proceder sea cuestionado y descalificado por carecer de certeza.

 

Urgen los medicamentos en los hospitales

 

Las autoridades estatales y federales deberían dejar un momento su protagonismo y sus anuncios estrambóticos de compra de millones de medicamentos para Tlaxcala, porque de nada sirve que se promocione ese supuesto logro cuando es una realidad la escasez de fármacos en las clínicas y hospitales de la entidad.

 

Hasta ayer, había centros de salud que ni siquiera tenían paracetamol, lo que tira a la basura las declaraciones de que en el estado existe un abasto de medicamentos superior al 95 por ciento cuando no es así.

 

El director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo Aburto, informó anoche que con la operación del Plan de Salud IMSS-Bienestar, en Tlaxcala se adquirieron 11 millones 660 mil 832 piezas de medicamentos con una inversión de 503 millones de pesos, lo que según él representa un abasto de medicinas gratuitas en recetas surtidas del 99 por ciento en los hospitales de IMSS-Bienestar de la entidad en beneficio de la población que no cuenta con seguridad social.

 

Insisto, en el discurso se ve muy bien, pero en los hechos resulta mentira. Y si no me cree ojalá el funcionario federal pueda darse una vuelta por la clínica 8 del IMSS que se localiza por el boulevard Guillermo Valle en la capital u otros hospitales como el de Tzompantepec o el de San Pablo del Monte para que comprueben que no hay medicamentos.

 

Hay que ser serios señores.

 

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