La pasividad que muestra la secretaria de la Función Pública, Eréndira Cova Brindis, para investigar presuntos actos de corrupción y excesos que cometen algunos funcionarios lorenistas es inexplicable, de ahí que nadie entiende el errado comportamiento de esa priista disfrazada de morenista que últimamente le ha dado por hostigar a sus compañeros del gabinete al obligarlos a llevar a cabo un examen de control y confianza que se practica en las instalaciones del C5i.

 

 

Desde la semana pasada y hasta mañana miércoles funcionarios de primer y segundo nivel de todas las dependencias habrán tenido que desfilar por el Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo, Coordinación e Inteligencia para contestar un cuestionario de casi 200 preguntas, mismas que en algunos casos resultan incómodos y fuera de lugar, pues hasta ahora nadie les ha explicado cuál es la intención y el objetivo de llevar a cabo dicha prueba cuando la administración está por cumplir dos años en el poder.

 

Al inicio de gobierno estatal a los principales colaboradores se les aplicó una prueba psicológica y ahora una de control y confianza, lo cual es absurdo porque hay funcionarios estatales acusados de ejercer violencia familiar, de solapar acoso laboral y sexual, de incurrir en actos de corrupción, de abusar del alcohol y provocar accidentes viales y de otras conductas inapropiadas que no han sido castigadas o sancionadas, ya que esos personajes siguen laborando y cobrando puntualmente su quincena.

 

Entre los funcionarios existe incertidumbre y preocupación, no sólo porque la semana pasada durante la reunión del gabinete legal y ampliado recibieron una ridícula capacitación de parte de Eréndira Cova de cómo se debe levantar un acta administrativa al personal que incurre en anomalías y el procedimiento que se debe seguir para despedir a un trabajador, porque según esa impoluta servidora pública se están cometiendo errores que están derivando en juicios laborales que el gobierno tiene perdidos y que resultan una carga para las finanzas estatales.

 

La obsesión de la secretaria de la Función Pública por hostigar y querer perjudicar a ciertos funcionarios que al parecer no le resultan agradables a su persona e intereses, es tal que ella misma acude con libreta en mano para verificar que los responsables están laborando en sus oficinas y cumpliendo su horario, situación que ya generó molestia entre sus compañeros de gabinete que no entienden por qué no dedica ese tiempo a investigar y castigar la corrupción de los ex funcionarios que laboraron en el gobierno de Marco Antonio Mena Rodríguez o a indagar las denuncias y quejas que se han presentado contra los encargados de la Comisión Estatal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios del Estado de Tlaxcala, la Coordinación de Protección Civil, la Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado y Coordinación de Bienestar Animal, la Secretaría de Turismo y otras más.

 

Eréndira Cova no puede negar que estaba enterada de los excesos y abusos de la comisionada Estatal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios del Estado de Tlaxcala, Mónica Yazmín Jiménez Gutiérrez, quien incurrió en nepotismo y en presuntos actos de corrupción, pues desde hace semanas recibió una queja donde se exponían esos casos, sin embargo la ignoró y no movió ningún dedo para aplicar la ley, de ahí que habrá que ver si asumirá la misma actitud después de conocerse la denuncia que presentaron la semana pasada tres gerentes regionales de esa dependencia.

 

Resulta ilógico que la “honesta e intachable” Cova Brindis haya obligado a los funcionarios a presentar el examen de control y confianza cuando por lo menos el 30 por ciento de los policías estatales no ha cumplido con ese requisito al que están obligados y que sigan cobrando su salario, cuando por ley no deberían hacerlo porque carecen de la acreditación para ejercer el cargo de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

 

De pena ajena la labor y actitudes que asume la secretaria de la Función Pública de Tlaxcala.

 

Morena y sus aliados se consolidan en el Congreso del Estado

 

Aunque oficialmente será el jueves cuando queden asignadas las nuevas responsabilidades al interior del Congreso del Estado, desde ayer ya se supo que será la diputada del desaparecido Partido Encuentro Social la que asuma la presidencia de la Mesa Directiva, mientras que la legisladora Reyna Flor Báez Lozano se hará responsable de la influyente Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos que dejó el dócil y obediente perredista que ha sido el mejor aliado de Morena, Ever Alejandro Campech Avelar que seguirá recibiendo juego política al encabezar la Comisión de Finanzas y Fiscalización.

 

La Junta de Coordinación y Concertación Política y el Comité de Administración del Poder Legislativo seguirán siendo controlados por morenistas. La primera estará por segundo año consecutivo bajo el control de la lenguaraz Marcela González Castillo y el segundo órgano por Vicente Morales Pérez.

 

Hasta ahora llama la atención que la diputada del Partido Fuerza por México Tlaxcala, Reyna Flor Báez Lozano, es la que ha tenido más participaciones en cargos desempeñados en las diferentes mesas directivas que se han instalado y la que más comisiones ha presidido en lo que va de la actual legislatura.

 

La legisladora ha presidido la Comisión Especial encargada de evaluar el desempeño del Magistrado del TSJE, Héctor Maldonado Bonilla, también la Comisión Especial Encargada del Proceso de Designación de la titular de la Procuraduría General de Justicia del Estado y la Comisión Especial de Diputados de sustanciar la denuncia de Juicio Político Contra la Titular del Ejecutivo.

 

También la Comisión Especial de diputados encargada sustanciar la investigación de Desaparición del Ayuntamiento de Xicohtzinco y la Comisión Especial de Diputados encargada de sustanciar el procedimiento de Juicio Político en contra del Juez Octavo de Control y Juicio Oral del Distrito de Guridi y Alcocer, Gabriel Flores Alvarado.

 

A esas comisiones hay que sumar la Comisión Especial encargada de Sesión Solemne de inscripción «2023 bicentenario del Heroico Colegio Militar», la Comisión Especial encargada de analizar la situación jurídica y evaluar el desempeño de la Magistrada del TSJE, Mary Cruz Cortés Ornelas, la Comisión Especial encargada de evaluar ejecutoria del Juez respecto del Amparo promovido por Magistrado del TSJE, Héctor Maldonado Bonilla y la Comisión Especial encargada del proceso para otorgar el premio “Miguel N. Lira”, en la celebración del día del Periodista.

 

El trabajo es evidente y los resultados ahí están.

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