Si al actual gobierno ya lo consideraban represor e intolerante por su política de lanzar gases lacrimógenos, chorros de agua y macanazos a manifestantes que tomaron plazas públicas, las calles y vialidades para protestar y exigir mejores condiciones de vida y denunciar a acosadores, ayer se confirmó que las autoridades tlaxcaltecas prefieren ejercer el monopolio de la violencia para imponerse aunque eso implique poner en riesgo la gobernabilidad.

 

 

Pareciera que cerraron o descartaron por completo el camino del diálogo y la negociación para encontrar acuerdos y soluciones.

 

A un gabinete pequeño y extremadamente limitado, no se le puede exigir talento, ni muchos menos resultados. Cómo ya se ha visto, en las crisis los colaboradores lorenistas optan por esconderse y dejar sola a su jefa, quien también puede ver como los diputados locales de su grupo y los aliados se guardan para no mostrar el mínimo respaldo a las decisiones de su administración, como sería la implementación del nuevo modelo de atención médica para los burócratas y los maestros estatales que ha derivado en un severo conflicto que cada vez crece y se complica más.

 

Desde hace meses se sabía que el secretario de Gobierno, Sergio González Hernández, no era el indicado para ocupar ese puesto, no sólo por su evidente incapacidad, falta de juicio, inteligencia y de pelotas, sino porque en los hechos siempre ha operado para engañar a la mandataria, protegerse él y a su corto y pequeño grupo político y para encapsular a su jefa a fin de que ésta se mantenga aislada y con escasa información que la ha llevado a tomar decisiones arriesgadas que la dibujan como una gobernadora intolerante, insensible, represora, cerrada, arbitraria, desinformada y negada al diálogo, lo cual no es así porque sencillamente esos adjetivos no describen en nada a Lorena Cuéllar Cisneros.

 

Si hay alguien empática con los tlaxcaltecas y sus problemas es Lorena Cuéllar, una mujer que siempre está abierta al diálogo y a buscar soluciones a los conflictos y problemas. No es propensa a la represión ni al uso de la violencia del Estado, pero es obvio que sus colaboradores de mayor confianza la han engañado y fallado, porque han sido ellos los que decidieron usar a la policía estatal y sus bombas de gases lacrimógenos para intimidar a manifestantes que realizan protestas en la entidad y porque fueron los que también le vendieron la idea que la empresa contratada para dar el nuevo esquema de salud a los empleados del gobierno era la mejor y que éste servicio no sólo sería de calidad, sino eficiente.

 

Las imágenes y videos de la forma en que ha actuado la policía estatal contra los manifestantes ponen muy mal a la administración lorenista. Primero durante la madrugada de ayer en el desalojo violento del plantón que los inconformes habían instalado frente al Palacio de Gobierno y después al disolver los bloqueos de calles en la ciudad de Tlaxcala, pues sin importar que éstos cierres estuvieran encabezados por mujeres trabajadoras, que incluso algunas estaban en sillas de ruedas, los gorilas uniformados y con escudos lanzaron, sin mediar alguna negociación, gases lacrimógenos para reabrir la circulación vial, una acción que es violatoria de los protocolos de seguridad y que obviamente atenta contra los derechos humanos de las personas.

 

A la par de que se registraba en la tarde de ayer la violenta acción antes descrita, otro grupo de inconformes gritaban consignas contra la gobernadora Cuéllar que se encontraba en las instalaciones de la Secretaría de Cultura del gobierno federal donde se realizaba un concierto. Resultó tan incómoda la protesta y las descalificaciones, que la mandataria tlaxcalteca decidió retirarse del lugar para que el evento pudiera desarrollarse de manera tranquila.

 

Además, a los sindicalizados y a los maestros estatales les bastó dos días para comprobar que el nuevo modelo de servicio médico contratado por la actual administración es una decepción, no sólo porque en los módulos instalados no hay medicinas, sino porque tampoco se otorgan incapacidades y la atención de los doctores es muy deficiente.

 

En el caso de los empleados que requieren médicos especialistas y medicinas de alta gama para tratarse enfermedades cardiacas o de otro tipo, el personal de la empresa Operadora de Servicios Médicos ML, S.A. de C.V., conocida como «Medical Life» que ganó el contrato por más de 80 millones de pesos que cobrará de agosto a diciembre de este año, ya notificó a los pacientes que se venían tratando que esos fármacos no serán surtidos y que ahora deberán acudir con sus especialistas, situación que pone en riesgo la vida de esas personas que desde ahora responsabilizan al gobierno lorenista de cualquier desenlace fatal que pudiera registrarse por imponer un esquema que los desprotege.

 

El conflicto seguramente se agravará. Ayer los elementos de la policía estatal hicieron gala del uso del monopolio de la violencia, pero habrá que ver si la próxima semana en que se espera una marcha multitudinaria asumen la misma actitud, porque no es lo mismo reprimir a decenas de personas que a cientos o miles que decidan participar en la manifestación que está siendo convocada para mostrar el rechazo al gobierno de Lorena Cuéllar.

 

La protesta está siendo convocada para el próximo 9 de agosto, día que podría convertirse en un tremendo caos si los organizadores muestran músculo y deciden otras acciones para hacer evidente su inconformidad y malestar.

 

A la gobernadora le urge rodearse de funcionarios capaces y de asesores que no la engañen, porque sólo así podrá recomponer su administración que sigue a la deriva.

 

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