Tarde, pero el gobierno de Lorena Cuéllar Cisneros confirmó la madrugada de este día que no habrá marcha atrás en la implementación del nuevo servicio médico para los burócratas y maestros estatales.
Cerca de las 4 de la mañana la Policía Estatal llevó a cabo un operativo para desalojar, con lujo de violencia, a un reducido grupo de inconformes que habían instalado un plantón permanente frente a Palacio de Gobierno.
Los sindicalizados mostraron fuerza y firmeza el pasado lunes cuando bloquearon calles y carreteras para mostrar su rechazo a la nueva modalidad del servicio médico que, según ellos, afecta seriamente su derecho a la salud.
Las mesas de diálogo establecidas por el inútil secretario de Gobierno, Sergio González Hernández, no han servido de nada y de ahí la decisión de imponer la ley de garrote y la represión.
La administración lorenista le apostó a la violencia del Estado para imponer su nueva modalidad de servicio médico, lo cual es un movimiento riesgoso porque ahora habrá que ver si los sindicalizados y maestros se rinden o deciden endurecer su postura y sus acciones de protesta que lleven a perder la frágil gobernabilidad en la entidad.
Ayer, las actividades en las dependencias estatales y municipales localizadas en el primer cuadro de la capital se suspendieron debido a las protestas de los burócratas y los maestros estatales que se oponen a que una empresa privada les ofrezca los servicios de salud, les entregue medicamentos genéricos y se limite a menos de cinco mil pesos la dotación de fármacos que pueden acceder en un año. Tampoco están en desacuerdo en que ahora deban trasladarse a la Ciudad de México o Puebla para ver a un especialista o someterse a alguna operación.
El conflicto no desaparecerá ni se esfumará. La molestia hacia la administración estatal es real y va en aumento.
Algo está fallando en el gobierno lorenista ya que los proyectos y acciones no logran el respaldo de los ciudadanos y los trabajadores de la actual administración.
Veremos en qué deriva el desalojo de esta madrugada.
En duda la reforma del OFS
La reforma que analizan los diputados y las diputadas locales para cambiar la ley sobre los requisitos que se requieren para ser Auditor General del Órgano de Fiscalización Superior (OFS), podría quedarse en la congeladora porque abogados especialistas ya alertaron que en caso de concretarse ésta será impugnada por contravenir la norma federal y porque seguramente se hizo para beneficiar a un personaje cercano a la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros, lo que será interpretado como un arreglo dirigido.
Trascendió que varios litigantes esperan que los legisladores tlaxcaltecas eliminen el requisito que establece la actual ley de exigir la separación de algún cargo público por lo menos dos años antes de asumir el mencionado puesto de auditor y de establecer que su profesión esté vinculada a áreas económico administrativas, pues abrir ese proceso a profesionistas relacionados con las ciencias sociales, jurídicas, administrativas y afines se contrapone con los criterios federales.
La actual legislatura corre el riesgo de aprobar una reforma que se podría caer y complicar el proceso de elección del Auditor General del OFS que deberá asumir funciones el 1 de noviembre de este año.
Además, los diputados tlaxcaltecas podrían confirmar que se trató de un cambio dirigido si se confirma que en el proceso para designar al mencionado encargado del OFS recae en un funcionario cercano a la gobernadora Lorena Cuéllar como su leal y obediente secretario de Finanzas, David Álvarez Ochoa, el voraz Juan Manuel Lemus Pérez, director del Icatlax o algún otro colaborador que haya estado bajo el mando de la mandataria.
Se dice que son varios los abogados dispuestos a impugnar esa reforma en caso de concretarse, incluso se habla que el diputado perredista Juan Manuel Cambrón Soria es uno de los interesados en oponerse a la mencionado reforma, pues está convencido que la Legislatura debe garantizar la designación de un profesional que garantice la independencia del OFS y evite que ese órgano se convierta en una oficina más bajo el control de la gobernadora de Tlaxcala, porque la fiscalización dejaría de ser un proceso versado para convertirse en un garrote político y de encubrimiento para la corrupción de los amigos.
El asunto de la reforma ya se complicó.
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