El gobierno de Lorena Cuéllar Cisneros tomó una decisión arriesgada que, al parecer, nunca contó con el aval y respaldo de los burócratas y maestros estatales que se ven decididos a no aceptar el nuevo servicio médico que a partir de hoy ofrecerá un particular, no sólo porque fue impuesto discrecionalmente, sino porque limita el monto para recibir medicamentos, porque los obliga a acudir a los módulos en caso de emergencias y porque atenta contra el derecho a la salud.
Ayer, los trabajadores y los maestros estatales (Sección 55 del SNTE) se unieron y rechazaron la nueva modalidad para recibir atención médica, para lo cual generaron un tremendo caos que se prolongó por horas ante la inexplicable tolerancia de las autoridades tlaxcaltecas.
El gobierno lorenista se apanicó y evidenció que no está preparado para afrontar el problema y la crisis que derivó en el desquiciamiento de la capital y de otros dos puntos del estado con el bloqueo de vialidades que provocaron el cierre de oficinas públicas, millonarias pérdidas económicas a diferentes sectores productivos y la ingobernabilidad, porque los ciudadanos y las ciudadanas fueron los afectados por las protestas que las autoridades consintieron por casi 8 horas.
La mandataria tlaxcalteca está sola y su equipo no sólo la volvió a engañar, sino que demostró que funcionarios como el que ocupa la Secretaría de Gobierno, Sergio González Hernández, carece de talento, inteligencia, capacidad política y de eficacia para resolver un problema que la actual administración generó, el cual podría agravarse y poner en riesgo la frágil gobernabilidad del estado porque los burócratas y docentes estatales ya mostraron fuerza y decisión para mantener su protesta hasta que se dé marcha atrás al nuevo modelo de servicios médicos que se les pretende imponer.
Resulta absurdo que mientras la gobernadora y sus inútiles funcionarios sostenían la tarde de ayer una reunión de “cuarto de guerra” para decidir qué harían con el problema que ellos mismos provocaron, los tlaxcaltecas buscaban cómo trasladarse y evitar los bloqueos viales porque las autoridades sencillamente se negaban a hacer valer el Estado de Derecho que juraron respetar y ejercer.
Los módulos médicos y las farmacias de Pensiones Civiles que venían operando bajo la responsabilidad del gobierno para atender a los burócratas y a los maestros estatales fueron desmantelados y prácticamente dejaron de funcionar el pasado fin de semana, ya que a partir de hoy los servicios médicos que fueron concesionados a Operadora de Servicios Médicos ML. SA de CV. serán otorgados por esa empresa, según el contrato que firmó el gobierno morenista de Lorena Cuéllar.
Los trabajadores sindicalizados del gobierno y los docentes de la Sección 55 del SNTE no están dispuestos a aceptar el cambio que de manera discrecional pretende concretar el gobierno lorenista, ya que no les parece justo que ahora les vayan a entregar medicamentos genéricos, que al año sólo puedan disponer de fármacos por un monto menor a los cinco mil pesos y que en caso de emergencias o de algún padecimiento que requiera de especialistas tengan que trasladarse a uno de los seis módulos médicos que operarán en Huamantla, Chiautempan, Apizaco, San Pablo de Monte y dos más en Tlaxcala capital o a clínicas de la ciudad de Puebla o de la Ciudad de México, porque resulta inviable y poco funcional para ellos.
Lamentaron que las autoridades estatales hayan utilizado su poder para impedir que el Sindicato 7 de Mayo pudiera contar con una dirigencia reconocida legalmente, pues está más que claro que recurrieron a artimañas jurídicas para dejar acéfala esa representación a fin de concretar su imposición de un nuevo servicio médico que atenta contra su derecho a la salud.
La administración estatal ha guardado silencio y toleró las protestas de los inconformes que bloquearon calles y algunas vialidades principales de Tlaxcala, lo que generó un tremendo caos que se prolongó por casi 8 horas y que multiplicó las críticas y descalificaciones hacia la gestión que encabeza Lorena Cuéllar.
Los gorilas de la policía que estaban encabezados por el principal represor de manifestantes como normalistas, mujeres y adultos mayores, Guadalupe Ballesteros Arellano, amenazó en repetidas ocasiones a los inconformes para que reabrieran las vialidades, sin embargo nunca logró intimidarlos, de ahí que ese bravucón sólo se limitó a contemplar el desmadre que se está generando.
En repetidas ocasiones le he comentado que la actual administración se muestra débil, sin fuerza y sin liderazgo. Ayer se pudo comprobar que así es, pues ni siquiera tuvo la capacidad de defender sus decisiones, ya que dejó, toleró y permitió que los sindicalizados y maestros estatales hicieran el cierre de vialidades y calles sin ningún problema, como si los ciudadanos y las ciudadanas que resultaron seriamente afectados no importaran.
Desastroso está resultando el inicio de agosto, mes en que la administración de Lorena Cuéllar cumplirá dos años en el poder y, que por lo visto, habrá muy poco que celebrar o festejar porque los problemas abundan y los proyectos gubernamentales no terminan por cuajar.
Lamentable, no.
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