Sin que se hable de cifras escandalosas porque a lo mejor éstas fueron pactadas, lo cierto es que el gobierno morenista que encabeza la mandataria Lorena Cuéllar Cisneros, también incurrió en los vicios, mañas, transas e inconsistencias que en su momento cometieron los priistas, panistas y hasta perredistas cuando detentaron el poder en Tlaxcala.
Al parecer el proceso de fiscalización que fue benigno para las dependencias estatales, no así para los ayuntamientos y organismos autónomos donde las revisiones contables fueron más estrictas, arrojó cifras que a lo mejor no reflejan la realidad de lo mal que se han manejado los recursos públicos.
Y me explico, el año pasado la administración estatal dispuso de un presupuesto de egresos superior a los 22 mil millones de pesos y resulta que el daño patrimonial detectado en dependencias y entidades paraestatales fue de poco más de 137 millones de pesos, cifra que es bajísima porque apenas si supera el 0.6 del total de esos fondos.
Pareciera que se limpiaron muchas anomalías, errores administrativos y transas a fin de reducir los montos económicos para tratar de vender la idea de que la actual administración es honesta y se conduce de acuerdo con la ley y con una auténtica austeridad.
Vaya, con decirles que el daño patrimonial de las dependencias y entidades paraestatales representa el 35 por ciento del monto total de las observaciones que se hicieron a los 106 entes fiscalizables de los recursos públicos correspondientes al ejercicio fiscal del 2022.
De acuerdo con las revisiones que se llevaron a cabo, se encontró que las autoridades morenistas también incurrieron en préstamos entre programas, en pagos indebidos e improcedentes, a facturas de empresas fantasmas y a otras anomalías más que reflejan que tuvieron el mismo comportamiento irregular que en su momento llegaron a tener gobiernos encabezados por los priistas Marco Antonio Mena Rodríguez y Mariano González Zarur, así como el panista Héctor Ortiz Ortiz.
Tal y como ya es costumbre, la mayoría de las cuentas públicas serán aprobadas por el Congreso de Estado aunque tengan montos importantes de presuntos malos manejos como el Colegio de Bachilleres de Tlaxcala que acumuló observaciones por más de 33 millones de pesos y cuyo responsable no es otro más que el amigo de la mandataria Darwin Pérez y Pérez o la Secretaría de Salud en manos del médico foráneo Rigoberto Zamudio Meneses que también habría generado un quebranto por más de 30 millones de pesos.
En ese proceso de tolerar errores y esconder transas, destaca la Secretaría de Infraestructura, cuyo titular, Alfonso Sánchez García, está más concentrado en su futuro político porque no deja de promocionarse para convertirse en candidato de Morena al Senado, le encontraron un presunto daño al erario por más de 20 millones de pesos, ya que pagó volúmenes de obras no ejecutados y obras que no se llevaron a cabo, entre otras anomalías más.
La lista de los presuntos daños patrimoniales en las dependencias y entidades paraestatales es amplia, sin embargo difícilmente ese mal desempeño de los funcionarios lorenistas encargados de las mismas representará un problema, porque si no son removidos por su torpe desempeño y nulos resultados, menos perderán su trabajo por no cuidar debidamente los fondos públicos cuando se sabe que esas fallas son responsabilidad del personal administrativo que responde exclusivamente a las órdenes e intereses de la gobernadora Lorena Cuéllar.
Lo que se da como un hecho es la reprobación de las cuentas públicas de la Universidad Politécnica de Tlaxcala y del Fideicomiso Ciudad Industrial Xicohténcatl, cuyos responsables Enrique Padilla Sánchez y Humberto Macías Romero, respectivamente, ya fueron despedidos de la actual administración estatal.
Al primero se le culpa de haber generado un quebranto por más de 18 millones de pesos, mientras que al panista se le responsabiliza de irregularidades por más de 7 millones de pesos.
A ese par de cuentas públicas que no serán avaladas por los diputados y las diputadas, se sumarán las de 17 ayuntamientos que sencillamente no pudieron justificar adecuadamente el destino de los fondos públicos ejercidos en el 2022.
Los alcaldes de San Pablo del Monte, Xiloxoxtla, Tepeyanco, Yauhquemehcan, Zacatelco, Tetlatlahuca, Tlaltelulco, Tlaxcala, Texoloc, Xicohtzinco, Apetatiltlán, Cuapiaxtla, El Carmen Tequexquitla, Lázaro Cárdenas, Mazatecochco y Muñoz de Domingo Arenas serán lo que enfrenten problemas con sus cuentas públicas y los que deberán aplicarse y corregir el rumbo si es que quieren evitarse problemas penales.
Al final, todos son iguales a la hora de manejar y ejercer los recursos públicos.
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