Faltan nueve días para que se conozcan los informes del Órgano de Fiscaliza Superior correspondiente al ejercicio fiscal del 2022, lo que permitirá saber qué tan eficientes y eficaces han sido las autoridades estatales y municipales en el manejo de los recursos públicos y a la vez, que tan malas salieron para provocar subejercicios, comprar o contratar a sobre precios y generar quebrantos.
Los entes fiscalizables tuvieron tiempo para tratar de justificar sus movimientos financieros y aclarar el destino de los recursos públicos, sin embargo no todos los responsables de las dependencias estatales, organismos autónomos, universidades y ayuntamientos tlaxcaltecas actuaron responsablemente, por lo que sus cuentas públicas podrían salir reprobadas.
Será muy interesante conocer los montos observados y documentados como daño patrimonial porque obviamente será un buen indicativo para deducir que tan honestas resultaron las autoridades o que tan voraces salieron.
Se especula que tan sólo las observaciones de la Auditoría Superior de la Federación al gobierno de Tlaxcala superan los mil millones de pesos, pues habría detectado varios subejercicios en la Secretaría de Infraestructura y en otras dependencias más, así como pagos indebidos de obras que no están concluidas y otras irregularidades que fueron detectadas en las revisiones.
Muchos están esperando con ansias los informes del Órgano de Fiscaliza Superior a fin de verificar qué tan serios y creíbles son, porque para varios adversarios de la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros y de los presidentes municipales de la entidad se tratará de ocultar o limpiar la información para evitar que se documenten presuntos casos de corrupción.
Por ejemplo, muchos se preguntan cómo justificarán el hecho de que Rubén Domínguez Medel, hijo del fallecido líder transportista Rubén Darío Domínguez Guzmán, siga siendo beneficiado con un contrato millonario firmado con la Secretaría de Educación Pública del Estado (Sepe) sin que haya podido demostrar que tiene la capacidad para movilizar a los docentes que son trasladados a poblaciones lejanas de Tlaxcala.
Ese ex funcionario lorenista controlaría la empresa denominada “Transportadora Turística Alejandra”, la cual es la responsable de brindar el servicio de traslado de los maestros a la SEPE a municipios retirados de la capital, para lo cual recibe un pago mensual superior a los 15 millones de pesos.
Se sabe que Rubén Domínguez subcontrata a otros transportistas y de esa manera irregular cumple con el contrato, el cual tan sólo en el 2022 le habría implicado ingresos por más de 180 millones que obtuvo fácilmente porque le fue asignado ese servicio sólo por ser amigo de la gobernadora Lorena Cuéllar.
Hasta ahora sólo existen rumores y versiones que apuntarían a que se han detectado serías anomalías financieras en algunas universidades, dependencias y ayuntamientos, mismas que pronto se conocerán porque la información se hará pública.
Los diputados y las diputadas locales tuvieron hace unas semanas la intención de involucrarse en el proceso de fiscalización, al grado que pasó por sus cabezas aprobar un acuerdo para tener injerencia en los informes y la posibilidad de modificarlos, sin embargo la presidenta de la Junta de Coordinación y Concertación Política, Marcela González Castillo, decidió desechar esa propuesta impulsada por el presidente de la Comisión de Finanzas y Fiscalización, Jaciel González Herrera, porque sencillamente iba a generar problemas.
El combate a la corrupción que tanto prometieron tanto la gobernadora Lorena Cuéllar y los actuales legisladores locales sólo quedaron en palabras, porque en los hechos los ex funcionarios del gobierno de Marco Antonio Mena Rodríguez siguen felices y disfrutando lo que presuntamente se llevaron, al igual que varios ex presidentes municipales que pese a acumular hasta tres cuentas públicas reprobadas se les observa tranquilos en restaurantes y en eventos políticos.
Lo anterior es una triste realidad.
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