El recreo electoral y la violación a las leyes es la constante no sólo en el país, sino en las entidades donde las autoridad electorales demuestran que son incapaces para frenar los actos anticipados de campaña y la promoción indebida que realizan funcionarios, alcaldes, diputados y políticos con miras a los comicios del próximo año.

 

 

Antes las autoridades electorales frenaban esas violaciones y exigían a los actores políticos respetar los tiempos establecidos en la norma para evitar la inequidad, sin embargo desde que Morena se hizo del control de la presidencia de México y de 21 gubernaturas, se ha tolerado y aceptado que se transgreda la ley una y otra vez si es para dar ventaja y favorecer a personajes ligados con la Cuarta Transformación.

 

Si las corcholatas presidenciables de Morena, el PT y el PVEM pueden llevar a cabo actos anticipados de campaña sin ninguna consecuencia legal, es obvio que en la mayoría de las entidades del país sucede lo mismo con políticos locales y funcionarios públicos que hacen lo mismo, es decir, pintan bardas, pagan espectaculares, sostienen reuniones masivas y realizan toda la promoción que pueden hacer para tratar de conseguir una candidatura y un posicionamiento que les garantice un nuevo cargo de elección popular en el 2024.

 

En Tlaxcala antes de que el Instituto Tlaxcalteca de Elecciones (ITE) fuera renovado, al menos los consejeros electorales intervenían y simulaban que actuaban para contener la efervescencia electoral, pero lamentablemente de un tiempo para acá ese organismo se ha convertido en un ente pasivo, tolerante, solapador e inútil que no hace nada para poner orden en el estado.

 

Un claro ejemplo que demuestra que el ITE hoy en día está al servicio y a las órdenes de la gobernadora morenista Lorena Cuéllar Cisneros, es que se niega a atender las denuncias y quejas que se han presentado contra los políticos adelantados y los funcionarios estatales que presuntamente han violado la ley como es el caso de Eréndira Cova Brindis, secretaría de la Función Pública.

 

Desde el pasado 3 de marzo el Instituto Tlaxcalteca de Elecciones que hoy preside el dócil consejero Emmanuel Ávila González recibió una denuncia para iniciar un procedimiento especial sancionador contra la mencionada funcionaria lorenista, quien venía desde finales del año pasado y principios de este utilizando las redes sociales para destacar su imagen y promoverse con el respaldo de las acciones gubernamentales, situación que resultaría ilegal.

 

La queja no sólo tiene un sustento legal sino que está acompañada de las evidencias que demuestran sus señalamientos como el probable uso de recursos públicos para promocionar la imagen de la funcionaria, sus actos anticipados de campaña y el uso indebido de la imagen gubernamental con fines políticos.

 

Han pasado cuatro meses desde que se presentó el caso sin que el quejoso haya recibido alguna respuesta por parte del ITE y lo que es peor, es que se desconoce si la Comisión de Quejas y Denuncias que encabeza el desconocido consejero Edgar Alfonso Aldave Aguilar dará el cauce legal junto con sus compañeros Erika Periañez Rodríguez y Hermenegildo Neria Carreño o simplemente no actuarán para evitarse problemas con el gobierno lorenista.

 

Faltan pocos meses para que inicie formalmente el proceso electoral de Tlaxcala y con estos antecedentes lo único que se genera es desconfianza hacia las autoridades del ITE encargadas de aplicar la ley y garantizar la confianza, la equidad, la imparcialidad y la certeza.

 

Los actuales consejeros electorales tlaxcaltecas son tan dóciles que ni siquiera han externado públicamente la necesidad de concretar una reforma electoral, la cual seguramente ya no se hará porque la gobernadora no tiene interés o porque no quiere tratar ese asunto con el diputado local perredista, Juan Manuel Cambrón Soria, quien tiene bajo su responsabilidad ese proceso legislativo.

 

El consejero presidente del ITE, Emmanuel Ávila, es uno de los principales interesados en la reforma electoral, pero su entreguismo a Morena y a la gobernadora Lorena Cuéllar lo han obligado a quedarse callado, lo cual le implicará problemas cuando se analice y se revise el presupuesto que se solicitará para los comicios locales del próximo año, sobre todo cuando la administración estatal decida entregar sólo lo indispensable.

 

Por lo pronto no queda otra más que seguir viendo el recreo electoral que todos toleran.

 

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