María Isabel Maldonado Textle, auditora general del Órgano de Fiscalización Superior (OFS), se alista para dejar su cargo en unos meses más, es decir, en uno de noviembre de este año, lo que sin duda desatará una lucha sin cuartel por esa posición que muchos anhelan, codician y desean.
Aunque se analizó políticamente hablando la posibilidad de ratificar a Maldonado Textle en el cargo por un periodo más, lo cierto es que se impuso el razonamiento jurídico que determinó que lo anterior sencillamente no era posible.
Hubo propuestas para reformar la actual ley a fin de eliminar algunas restricciones o candados que impedían la participación de cierto funcionario ligados a la actual gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros para ser designado auditor general de OFS, sin embargo esa opción tampoco se puso en marcha porque se llegó a la conclusión de que terminaría por desgastar al próximo encargado de la fiscalización en el estado.
Hoy se revisan perfiles y se analizan trayectorias de personajes que podrían llegar a ese importante cargo. Se dice que la mandataria propondrá a una persona cercana a ella, aunque también se menciona que la propuesta final podría salir del ex gobernador Alfonso Sánchez Anaya, quien cogobierna Tlaxcala.
Aunque parece una decisión sencilla, en realidad no lo es, porque se requiere de un perfil honesto, leal, con probada experiencia y capacidad para que garantice la continuidad del trabajo profesional realizado en los últimos años por el OFS. Debe ser un personaje alejado de escándalos o señalamientos de corrupción que no lo deslumbre el reflector ni los halagos.
En unas semanas más se empezarán a mencionar los nombres de los posibles sucesores de María Isabel Maldonado y veremos si cumplen con las características que se necesitan.
Por lo pronto, le puedo decir que no prosperó el intento que se planteó en la Junta de Coordinación y Concertación Política del Congreso del Estado que encabeza la diputada morenista, Marcela González Castillo, para que la Comisión de Finanzas y Fiscalización pudiera cambiar el sentido de los dictámenes que en breve presentará el Órgano de Fiscalización Superior sobre las revisiones correspondientes al 2022.
Como suele pasar en cada legislatura local, algunos diputados y algunas diputadas querían modificar los dictámenes para aprobar ciertas cuentas públicas que durante la revisión contable salieron reprobadas, situación que no se aceptó porque de inmediato se hablaría de corrupción y obviamente afectaría no sólo la imagen de los que lo hicieran, sino de todos porque la percepción sería que el Poder Legislativo limpia las transas de las dependencias estatales, organismos autónomos y de los presidentes municipales.
El proceso de fiscalización de este año tiene un elemento más que lo hace interesante, pues son las primeras cuentas públicas correspondientes a la actual administración estatal, es decir, si hay anomalías, excesos y errores éstos serán acreditados a los funcionarios lorenistas y no a los priistas que en el 2021 manejaron los recursos públicos por 8 meses.
Seguramente habrá quebrantos financieros que alguien deberá explicar y aclarar. Sólo es cuestión de tiempo para que la información empiece a fluir.
Los morenistas deben entender que son los responsables del gobierno y que los tiempos de echar la culpa a los priistas ya pasaron.
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