La decisión de proponer un aumento en el Impuesto Sobre Nóminas que en caso de ser aprobado por los diputados y las diputadas locales pasará del 2 al 3 por ciento, se puede convertir un problema para el gobierno lorenista si la creciente inseguridad no es por lo menos contenida en los primeros meses del próximo año.
Los representantes de las cámaras empresariales de Tlaxcala como Canacintra, Canaco, Coparmex, el Clúster Automotriz y otras dieron su respaldo al gobierno estatal para incrementar ese gravamen sin consultar a sus agremiados, quienes están más que molestos porque ese aumento les pega a sus deterioradas utilidades.
De acuerdo con la postura de esos sumisos y entregados dirigentes empresariales, los recursos excedentes que se capten por ese gravamen serán destinados y utilizados para mejorar la deficiente seguridad pública, cuya estrategia a cargo del capitán de la Marina, Alberto Perea Marrufo, no ha funcionado por más que diga lo contrario.
En el 2023 la administración de la mandataria Lorena Cuéllar Cisneros captó más de 550 millones de pesos por ese impuesto y para este año la intención es recaudar más 660 millones de pesos, de ahí que para el 2025 la cifra podría superar los 700 millones de pesos.
La duda y molestia que existe entre los empresarios tlaxcaltecas es si realmente los recursos extras que se obtengan serán usados para financiar acciones de seguridad y en tecnología o simplemente se hizo esa promesa para recaudar más y gastar en ocurrencias gubernamentales que no dejan ni un provecho, ya que está comprobado que en la actualidad se invierten fondos públicos para que los funcionarios hagan negocios y se beneficien.
Un claro ejemplo, sería el gasto millonario en camionetas de lujo blindadas que recientemente se comprobaron y que sólo fueron para uno que otro funcionario consentido, para la mandataria Cuéllar y su familia, porque en nada se benefició a los tlaxcaltecas con esa adquisición exorbitante.
Si bien hasta ahora el malestar de los empresarios se ha mantenido en mensajes de WhatsApp, lo real es que sus representantes han perdido la confianza de sus agremiados y éstos no dudarán en protestar en los siguientes meses si perciben que las autoridades tlaxcaltecas no cumplieron su ofrecimiento de mejorar la seguridad pública.
Y ya que hablamos de malestar, le cuento que los jubilados y pensionados del gobierno del estado cada vez andan más que desesperados y encabronados porque la escasez de medicina en los módulos médicos que contrató la actual administración a una empresa para atender sus padecimientos y enfermedades es más evidente cada día.
Hace unos días, el secretario de Gobierno, Luis Antonio Ramírez Hernández, se comprometió a atender el problema de un adulto mayor, a quien ofreció acompañarlo y asistir al módulo para que recibirá sus fármacos y una buena atención, sin embargo cuando llegó a las instalaciones médicas que se localizan en la comunidad de Ixtulco de la capital, varios pensionados y jubilados lo encararon y le exigieron el mismo trato que recibió su compañero, situación que se volvió más que incómoda para el funcionario lorenista que fue increpado por varias personas que se quejaron del mal servicio.
Desconcertado por los reclamos, Ramírez Hernández se escudó en su séquito de seguridad y abandonó el lugar, lo cual generó derivó en severos señalamientos de los pensionados y jubilados que acordaron organizarse para quejarse con la gobernadora Cuéllar.
Cómo se podrá dar cuenta, el problema de la falta de medicamentos y de mala atención en los módulos médicos contratados por el gobierno lorenista para atender a los pensionados y sindicalizados pertenecientes al “7 de Mayo” va en aumento, de ahí que no descarte que nuevamente surja el movimiento de protesta como se observó hace unos meses.
Unos alcaldes salieron una fichitas
Algunos presidentes municipales que están por cumplir tres meses en sus cargos han empezado a dar señales de que están más interesados en controlar sus poblaciones para que se refuerce la presencia de actividades criminales que en buscar el desarrollo y progreso de sus ayuntamientos.
Lo sucedió en la madrugada de ayer cuando tres hombres fueron encontrados desnudos y amarrados a un poste en las inmediaciones del municipio de Santa Catarina Ayometla, al parecer a manos de un grupo criminal debería preocupar al gobierno estatal.
Hay versiones y supuestos indicios que apuntarían a que el alcalde de Ayometla, David Cortés Cuchillo, tendría relación con malandros, situación que ya hizo que ese municipio se considere como un foco rojo, al igual que el ayuntamiento de San Juan Huactzinco que está bajo el control de Eberth Robles Ocotzi.
Las labores de inteligencia en el gobierno estatal están fallando y están permitiendo que ciertos presidentes municipales y sus familiares con pésimos antecedentes controlen municipios donde las actividades ilícitas vienen creciendo sin que nadie haga algo para denunciarlas o detenerlas.
Por ejemplo, será interesante ver qué explicación da Morena y sus aliados que entregaron el poder del ayuntamiento de San Lucas Tecopilco a Guadalupe García Cervantes, quien ganó el pasado domingo las elecciones extraordinarias, pero que para mala suerte de los habitantes es hermana del principal responsable de la inseguridad en esa población.
El hermano de la nueva alcaldesa tiene varias denuncias penales en su contra, no sólo por lesiones, amenazas y por allanamiento de morada, sino que se le vincula a una organización criminal dedicada al supuesto tráfico de personas.
Ayer le comentaba que no sería extraño que en Tlaxcala se replicara el operativo “Enjambre” que se aplicó en el Estado de México, porque según los reportes que se tienen hay varios presidentes municipales tlaxcaltecas que no ocultan sus nexos con bandas de maleantes.
Lo malo es que en Tlaxcala al parecer nadie ve su mal comportamiento
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