nte su falta de interés por cambiar las cosas y seguir con la inercia heredada de utilizar los recursos destinados a seguridad para pagar aviadores y contratar amigos y amigas que nunca realizaron acciones de policías municipales, hoy los 60 alcaldes de Tlaxcala enfrentan serios problemas porque deberán reintegrar recursos públicos y porque deberán corregir las serias anomalías con que operan sus direcciones de Seguridad.
El monto de los recursos que deberán ser reintegrados es cuantioso y corresponde a una revisión que emprendió la Auditoría Superior de la Federación, misma que fue practicada a los primeros cuatro meses de las actuales administraciones municipales, es decir, de septiembre a diciembre del 2021.
El ente encargado de fiscalizar esos recursos determinó que los presidentes municipales en funciones han provocado un daño patrimonial al manejar indebidamente la nómina del personal contratado para la seguridad pública porque no sólo los elementos carecen de registro, sino que no están certificados.
Los datos obtenidos fueron demoledores y explican una de las razones por las cuales la percepción de inseguridad ha aumentado en los últimos meses.
Según el Registro Nacional de Personal de Seguridad Pública en Tlaxcala los 60 ayuntamientos tienen contratados 2,400 policías, pero en realidad sólo se encuentran ejerciendo esa función 1,400.
En pocas palabras, se detectó que hay mil personas que cobran como elementos de seguridad pero que no se sabe que actividades realizan.
Se presume que esos mil policías trabajan de manera irregular y que en caso de realizar esa labor la llevan a cabo sin atender los protocolos porque no están capacitados, certificados y tampoco registrados en el padrón nacional.
Ante tal situación algunos presidentes municipales como el de Tlaxcala, el torpe morenista Jorge Corichi Fragoso, de inmediato procedió a despedir a una docena de elementos sin dar ninguna explicación, por lo que en los hechos no se ha incrementado el número de elementos como ha presumido ese devaluado y mentiroso político.
Si esos policías van a demandar o no al ayuntamiento capitalino que mal administra Corichi Fragoso no se sabe, sin embargo al interior de esa corporación existe un gran malestar hacia el alcalde.
Para que tenga una idea de la gravedad que estamos hablando, el presidente municipal de Acuamanala, Fernando Luna Martínez, tiene en la nómina de ese ayuntamiento a 22 policías, de los cuales se decía que dos estaban certificados, pero que en realidad era uno, de ahí que está siendo obligado a reintegrar más de 672 mil pesos correspondientes a cuatro meses.
Otra grave anomalía y con consecuencias administrativas y penales es la que cometió el soberbio alcalde de Zacatelco, Hildeberto Pérez Álvarez, alias “El Cachorro”, pues elementos de la Dirección de Seguridad Pública portaban armas sin estar certificados, lo que derivó en una tragedia registrada el pasado 31 de diciembre del año pasado.
Ese día un policía municipal de Zacatelco disparó su arma provocando la muerte a su compañero. Hildeberto Pérez como jefe de esa corporación tenía la obligación de seguir los protocolos y verificar qué elementos podían portar armas y qué otros carecían de autorización, lo cual es obvio que no se respetó porque esa negligencia tuvo serias consecuencias.
No lo cuente en voz alta, pero Tlaxcala se encuentra entre los peores estados del país en materia de certificación y registro de policías.
Los presidentes municipales ya están advertidos y se espera que corrijan esas anomalías, porque así como el año pasado el gobierno estatal que encabeza Lorena Cuéllar Cisneros les otorgó apoyos y estímulos para reforzar la seguridad, hoy la mandataria tlaxcalteca está decidida en ver que se realicen los ajustes y cambios para que realmente mejore la seguridad no sólo en los municipios sino en toda el estado.
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