Este día comienza un nuevo mes, el cual será clave para terminar la evaluación de los funcionarios que integran el equipo de la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros, quien casi podría tener definido dónde y en qué áreas de su administración hará ajustes y cambios de colaboradores que no se adaptaron al ritmo de trabajo ni cumplieron con las expectativas.

 

 

La mandataria tlaxcalteca siempre fue clara y por esa razón ha mantenido una supervisión y evaluación permanente a su equipo de trabajo. Su experiencia y su olfato político le han ayudado a detectar las áreas que requiere reforzar en su gobierno tras siete meses en el poder, sobre todo cuando sabe que una vez concluido el mes de abril le quedarán 123 para cumplir su primero de seis años que dura su gestión.

 

El 10 de abril cuando se realice la consulta nacional de revocación de mandato que busca demostrar que los mexicanos siguen apoyando incondicionalmente el gobierno del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, servirá para medir la capacidad operativa de la estructura lorenistas que como mínimo pretende llevar a las mesas receptoras de votos a más de 300 mil tlaxcaltecas, cifra que parece difícil de alcanzar por la forma en que han venido trabajando para ese ejercicio.

 

Después de esa consulta, no sería extraño que la gobernadora Lorena Cuéllar revele el nombre del próximo secretario de Seguridad Ciudadana y de paso aproveche para designar al titular de la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda, dependencia que sigue acéfala desde el 1 de enero de este año.

 

En la primera dependencia funge desde noviembre del año pasado como encargado de despacho, Max Hernández Pulido, responsable del Centro de Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo (C4).

 

Si serán pocos o varios los ajustes en el equipo lorenista nadie lo sabe con precisión, pero lo que sí es un hecho es que habrá movimientos.

 

Por lo pronto, la gobernadora tendrá que enviar en los siguientes días una terna para que los diputados locales procedan a designar a un nuevo magistrado del Tribunal Superior de Justicia en el Estado. Ayer, los morenistas y sus aliados desecharon el dictamen presentado por la Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos para nombrar al sucesor de la ahora ex magistrada, Rebeca Xicohténcatl Corona, sencillamente porque las propuestas (Integradas por abogados sin méritos como Rodolfo Montealegre Luna, Leonel Ramírez Zamora y Casimira Pérez Sánchez) las hizo el entonces gobernador priista Marco Antonio Mena Rodríguez.

 

A la magistrada interina Marisol Barba Pérez ya le queda muy poco tiempo para disfrutar el cargo, pero por una semanas más seguirá gozando por pertenecer a la nómina dorada del Poder Judicial de Tlaxcala.

 

Con la futura designación de otro u otra magistrada lorenista pura, la gobernadora ampliará su poder e influencia en el Tribunal Superior de Justicia en el Estado, pues al menos tendrá dos posiciones suyas. Actualmente tiene oídos y ojos a través de la intrascendente magistrada Fanny Margarita Amador Montes y próximamente del nuevo integrante que sea nombrado en unos días más.

 

La actual presidenta del Poder Judicial de Tlaxcala, Mary Cruz Cortés Ornelas, está sumada al cien por ciento a la gobernadora al igual que su compañero Héctor Maldonado Bonilla, quienes buscan su reelección y por tal motivo ya se olvidaron de su amor al PRI y sobre todo de su pasado marianista.

 

Anel Bañuelos Meneses es una magistrada lorenista de conveniencia y su permanencia en el cargo depende de una resolución de la justicia federal. Fernando Bernal Salazar es un magistrado que está doblegado y domesticado, de ahí que el único magistrado “independiente” que aún queda es el nefasto Pedro Sánchez Ortega, quien responde a los intereses de los “hermanos lelos” conocidos como José Aarón Pérez Carro y José Antonio Aquiahuatl Sánchez, ex secretario de Gobierno y ex procurador de Justicia, respectivamente.

 

Llegó abril y muchos funcionarios vivirán su viacrucis

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