Una medida urgente deberán aplicar el titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, Domingo Tamalatzi Rodríguez y la procuradora general de Justicia en el Estado, Ernestina Carro Roldán, para demostrar que sí se castigarán los delitos realizados con el desvío de recursos públicos, excesos o malversación de fondos, porque los números dados a conocer por ellos mismos evidencian que su trabajo es pobre y sus resultados nulos.
Para empezar Ernestina Carro debería estudiar mejor los datos y evitar mentiras porque sólo la muestran como una procuradora Justicia mentirosa e improvisada, pues mientras ella afirmó ayer ante los medios de comunicación que en la actual administración se han radicado mil 148 carpetas de investigación por presuntos delitos ligados a la corrupción, es decir, de septiembre del 2021 a marzo de 2022, el fiscal encargado de esa área Domingo Tamalatzi le corrigió la plana y precisó que tal número de expedientes se generó desde el 2018 al presente año.
Lo anterior revelaría que por año se presentan un promedio de 229 denuncias y que hasta la fecha ninguno de los mil 148 expedientes ha terminado en una detención y menos en una sentencia.
A ambos funcionarios les debería dar vergüenza ese nivel de eficiencia y eficacia, porque me queda claro que tanto la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción como la Procuraduría General de Justicia en el Estado simulan y son los principales protectores de los malos funcionarios públicos que hay en Tlaxcala.
Del total de las carpetas de investigación, sólo 21 de ellas se han judicializado, es decir, que en casi cinco años apenas si se logró armar esos expedientes, lo que implica que por cada doce meses apenas si se logra llevar ante un juez cuatro casos, dejando en la bodega del archivo muerto los otros asuntos que tal vez un día reciban atención del personal de la PGJE.
Lo interesante sería conocer cuáles fueron los criterios y lineamientos que se siguieron para judicializar hasta ahora esas 21 carpetas, porque a lo mejor hay una procuración de justicia selectiva y dirigida, ya que habrá casos en los que a lo mejor se repita el ex funcionario acusado como podría ser ex alcalde perredista de Panotla, Eymard Grande Rodríguez.
Y sí la Procuraduría General de Justicia en el Estado no puede con esos más de mil expedientes relacionadas con la corrupción, es obvio que difícilmente atenderá o dará prioridad a los casos que en breve recibirá de la actual administración cuyos asuntos están siendo armados contra ex funcionarios menistas que cometieron faltas graves y que en teoría se buscará que sean sancionados.
No se sabe si las denuncias que se presenten contra los ex presidentes municipales también recibirán una atención adecuada, pues una vez que el Congreso del Estado repruebe las cuentas públicas de varios ayuntamientos tlaxcaltecas correspondientes a los manejos financieros de los últimos ocho meses de esas administraciones correspondientes de enero a agosto del 2021, se procederá penalmente contra ellos.
El combate a la corrupción debe ser real y efectivo, de ahí que la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción y la Procuraduría General de Justicia en el Estado deben dar resultados antes de que los ciudadanos y las ciudadanas se convenzan que Morena es igual al PRI, PAN y PRD, partidos que cuando tuvieron el poder en Tlaxcala protegieron y alentaron la corrupción en todos los niveles.
El gobierno optó por antro y no por cafetería
Quién será el funcionario lorenista que asumirá el castigo o la llamada de atención por convertir la terraza del Museo de Arte de Tlaxcala (MAT) en un antro fifí, sobre todo ahora que el director general del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) en la entidad, José Vicente de la Rosa Herrera, confirmó que su dependencia avaló una cafetería y no un bar.
En una entrevista colectiva el funcionario federal reveló que cuando el INAH llevó a cabo la intervención en el inmueble localizado frente al zócalo capitalino se avalaron unas obras para acondicionar una cafetería, pero fue la administración de Lorena Cuéllar Cisneros y la Secretaría de Cultura (SC) a cargo de Antonio Martínez Velázquez los que definieron el uso de ese espacio y sus horarios.
Pero si el INAH avaló una cafetería y restaurante pero en realidad funciona como bar, entonces por qué no interviene y procede a la clausura.
Ese asunto sigue vigente y José Vicente de la Rosa volvió a poner el tema en la agenda mediática. Ahora sólo falta ver si por fin habrá un funcionario estatal que asuma el error de abrir un antro en ese inmueble o seguirán evadiendo su responsabilidad, pues el INAH ya dejó en claro que las autoridades estatales no se respetaron la sugerencia de abrir una cafetería que estuviera operando con los horarios del Museo de Arte de Tlaxcala,
No se necesita ser genio para saber que alguien se pasó de listo y que ese antro si quiere seguir funcionando tendrá que dejar la venta de alcohol y la estruendosa música que se escucha por las noches para volverse una simple cafetería con venta de alimentos.
Así de simple.
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