En los próximos días se verá si los actuales diputados harán efectivo el combate a la corrupción o se sumarán a la simulación que existe en el ámbito estatal, pues pronto llegarán a sus manos los informes financieros de los últimos ocho meses de las administraciones de los ex presidentes municipales, quienes aprovecharon los fondos públicos y los últimos meses en el poder para saquear algunos los ayuntamientos y heredar problemas a sus sucesores.
El Órgano de Fiscalización Superior hizo en tiempo y forma las observaciones correspondientes a esas ex autoridades, mismas que han tenido el tiempo suficiente para intentar solventar las anomalías detectadas, por lo que una vez cerrado el plazo se procederá a entregar los informes finales que serán utilizados por los diputados para emitir los dictámenes.
En una semanas más se sabrá cuántos ex presidentes municipales no enfrentarán problemas y podrán dormir en paz, pero también se conocerá cuántos podrían ser inhabilitados y adicionalmente ser denunciados ante la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción de la Procuraduría General de Justicia en el Estado.
Los actuales diputados locales han dado pasos y enviado señales para evidenciar que su comportamiento es distinto a otras legislaturas, de ahí que será clave y determinante para ellos la ruta que seguirán en torno a la aprobación o no de las cuentas públicas de los 60 ex alcaldes, sobre todo porque hay varios que se excedieron, razón por la cual ya han sido acusados de haber incurrido en malos manejos financieros.
Hay ex presidentes municipales que dispusieron de recursos de manera indebida o que pagaron liquidaciones a trabajadores consentidos que no se ajustaron a la ley, así como gastos que no están justificados o que costearon obras pero que éstas no se llevaron a cabo.
La promesa del gobierno estatal y de la actual legislatura local que defienden los principios de la Cuarta Transformación en el sentido de combatir la corrupción y castigar a los malos funcionarios que aprovechaban los fondos públicos para hacer negocios y enriquecerse, sigue sin ser una realidad a casi siete meses de que asumieron el poder en Tlaxcala.
El gobierno de Lorena Cuéllar no ha tocado ni con el pétalo de una rosa a los ex funcionarios estatales que acompañaron al ex gobernador priista Marco Antonio Mena Rodríguez, situación que ojalá no sea replicada por los actuales diputados a la hora de revisar y decidir si sancionan o no a los ex alcaldes tlaxcaltecas.
Hasta ahora, el combate a la corrupción se ha quedado en el discurso, porque en los hechos los ciudadanos y las ciudadanas no han visto nada sobre ese tema.
Y aunque no lo crea, uno que otro ex presidente municipal sí ha evidenciado alguna preocupación sobre su futuro, ya que al hablar con los diputados en funciones éstos le han dado la espalda y se han negado a brindar la ayuda necesaria para evitar la reprobación de su última cuenta pública.
Los meses que le restan al 2022 serán claves para conocer si en Tlaxcala se castigará la corrupción de los servidores públicos o si Morena y sus autoridades sólo simularán tal y como lo hizo el PRI, el PAN y el PRD cuando detentaron el poder.
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