La reiterada línea discursiva de la oposición en el sentido de que en Tlaxcala el problema de la inseguridad viene creciendo y que la estrategia gubernamental para detener esa ola delictiva está rebasada, sin dudas ha empezado a ganar terreno y se observa cuando funcionarios lorenistas encargados del tema como Sergio González Hernández, secretario de Gobierno, titubean y recurren a declaraciones “chimoltrufias” que aprovechan los adversarios para desacreditar su trabajo.
La actual administración comenzó con el pie izquierdo su trabajo en materia de seguridad, pues no sólo hubo dudas y ajustes de último momento para designar al primer secretario de Seguridad Ciudadana, Alfredo Álvarez Valenzuela, quien resultó ser un truhán que generó división y rivalidad en esa dependencia que tuvo que ser rescatada por Maximino Hernández Pulido, titular del Centro de Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo (C4), pues se comprobó que gran parte de los mandos de esa corporación no tenían el perfil ni muchos menos habían aprobado los exámenes de control y confianza.
La limpia de la Policía Estatal comenzó y en una primera etapa se supo que serían dados de baja cerca de 15 elementos con funciones de mando. A la par de que se lleva a cabo ese proceso, también se impusieron por parte de la Oficialía Mayor de Gobierno algunas medidas para controlar el gasto de gasolina y tener ahorros, lo que llevó a establecer un riguroso proceso para llenar los tanques de combustible de las patrullas que ha generado molestia entre los uniformados.
Aunque no ha trascendido públicamente, al interior de la Secretaría de Seguridad Ciudadana hay malestar e inconformidad, razón por la cual es evidente que los policías estatales han optado por simular que trabajan en las últimas semanas, es decir, sin ser tan explícitos hacen como que vigilan y cuidan a los ciudadanos cuando por otro lado no emprenden ninguna acción específica ni concreta para detener a las bandas delictivas que operan en Tlaxcala.
Ante el control y supervisión constante que existe en las cámaras de vigilancia y los arcos de seguridad para detectar unidades con reporte de robo y otros delitos, en las últimas semanas se han logrado buenos resultados al tener una mayor recuperación de vehículos robados que los que son hurtados al mes por los criminales, lo cual no pasaba antes porque los anteriores jefes policiacos se prestaban a la corrupción y a los negocios sucios.
No crea que la actitud descrita es exclusiva de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, pues se sabe que también se réplica en la Procuraduría General de Justicia del Estado donde los policías de investigación están varados porque los vehículos oficiales no tienen gasolina y porque su jefe Víctor Enrique Montiel Ramos prefiere que sus subordinados no hagan nada, ya que si logran una detención o seguir la pista de un hecho delictivo le provocan estrés y preocupación a ese recomendado, lo cual hace que ya no disfrute su cómoda oficina.
Si bien los funcionarios lorenistas han salido en varias ocasiones ante los medios de comunicación para asegurar que se está trabajando y mejorando la seguridad en Tlaxcala, en los hechos las fuerzas policiacas simulan que están entregadas a su labor cuando en realidad mantienen una huelga de brazos caídos porque no están contentos con las medidas impuestas para controlarlos y evitar la corrupción, así como para lograr ahorros forzosos en el consumo de combustible.
A lo anterior hay que agregar que los hechos delictivos de los últimos días han generado preocupación entre la población tlaxcalteca que lo mismo se entera de un secuestro de una joven de Tlaxco que de una artera ejecución de un funcionario municipal en esa misma población.
También está la aparición de personas asesinadas en diferentes lugares y el intento de levantón de un médico y de otra persona en municipios del oriente de la entidad como Huamantla.
La operación de bandas dedicadas a asaltar con lujo de violencia viviendas de tlaxcaltecas sigue sin freno, al igual que la presencia de criminales que lo mismo roban camiones de carga que vehículos particulares, fenómeno que ya se registra en prácticamente en todo el territorio tlaxcalteca.
Los hechos y la presión mediática llevaron a Sergio González Hernández, secretario de Gobierno, a titubear sobre la presencia del crimen organizado en la entidad, toda vez que hace un mes descartó esa posibilidad y ayer dejó entrever que es posible que ya haya llegado esa clase de criminales a Tlaxcala.
Diputados locales como el perredista Juan Manuel Cambrón Soria y la priista Blanca Águila Lima no han quitado el dedo del renglón y siguen siendo los principales críticos de la actual administración en materia de seguridad.
Ayer utilizaron la tribuna del Congreso de Estado para lanzar señalamientos y exigir resultados al gobierno de Lorena Cuéllar Cisneros.
Los aliados de la mandataria como la diputada morenista Marcela González Castillo intentaron contrarrestar las críticas con tontos argumentos y peores ideas, razón por la cual hizo una vez más el ridículo esa mediocre operadora del lorenismo.
Sin duda la inseguridad está resultando la piedra en el zapato del nuevo gobierno.
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