La falta de contundencia y firmeza en el gobierno del estado está contribuyendo a la descomposición social de Tlaxcala, la cual se observa y se percibe por los constantes conflictos en los ayuntamientos, por la creciente ola de inseguridad y la obvia escasez de resultados de la mayoría de los funcionarios que en lugar de ponerse a trabajar se la pasan culpando a los periodistas de su ineficiencia y nula capacidad.
El municipio de Tlaxco puede ser un buen ejemplo del desorden que prevalece. Los habitantes de esa población aún no superan el secuestro de una jovencita que días después fue rescatada, cuando anoche se enteraron que el Director de Obras Públicas de ese ayuntamiento, José Carlos Serrano Hernández, fue asesinado a balazos.
Para nadie es desconocido que en ese municipio existen grandes diferencias entre grupos políticos y que el alcalde perredista de ese Pueblo Mágico, Armando Flores López, ha polarizado a los habitantes, al grado que las quejas de un sector importante de ciudadanos por lo que consideran una pésima administración han ido en aumento.
Ojalá la Procuraduría General de Justicia en el Estado a cargo de Ernestina Carro Roldán se concentre en este lamentable caso y esclarezca si el asesinato de ese funcionario municipal está relacionado con su labor o si se trató de una venganza o nuevamente fue un hecho delictivo aislado, porque necesita dar resultados y respuestas. Su pueril estrategia de recurrir al silencio y a evasivas ya no le ayudará mucho, debido a que está acumulando varios expedientes que necesitan desahogarse y demostrar que los culpables de los asesinatos registrados en la actual administración sí irán a la cárcel.
Los mensajes del gobierno que encabeza Lorena Cuéllar Cisneros son confusos. Después de dejar por varios meses a Maximino Hernández Pulido como encargado de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, el martes pasado la mandataria reveló que sigue analizando los perfiles de quien ocupará ese cargo y adelantó que ya hay una terna compuesta por dos mujeres y un varón. Otra característica que mencionó del futuro funcionario es que el nuevo jefe de la policía estatal será foráneo.
Con tal declaración se confirma que Maximino Hernández no será secretario y que nuevamente ese cercano colaborador de la gobernadora se concentrará en su trabajo como titular del Centro de Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo (C4), pero lo malo será en que vendrán reacomodos y quizá una nueva estrategia en materia de seguridad que en lo que se pone en marcha y da resultados las bandas criminales seguirán haciendo de las suyas como ha pasado en los últimos meses, lo cual es preocupante porque la ola delictiva sigue imparable.
Además, nadie puede garantizar que el nuevo o la nueva titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Tlaxcala no resultará una fichita como el anterior responsable de esa área Alfredo Álvarez Valenzuela, a quien lo presentaron como lo mejor y resultó un total fiasco por sus antecedentes de acosador sexual y presunto violador de derechos humanos.
Ayer le comentaba que Prisciliano Carro Córdova fue cesado como titular del Instituto Tlaxcalteca para la Educación de los Adultos (ITEA) ante el cúmulo de quejas de empleadas que fueron víctimas de acoso sexual.
El expediente de ese mal funcionario que contiene, audios, videos y conversaciones de sus excesos fue recopilado por los pocos discretos empleados de la Secretaría de la Función Pública en manos de la ex priista Eréndira Cova Brindis, quienes en los últimos días no se han cansado de presumir que gracias a su “trabajo de sabuesos” se corrió a un perverso acosador, sin embargo trascendió que Homero Meneses Hernández, secretario de Educación Pública de Tlaxcala, habría optado por operar un discreto relevo a fin de cuidar el poco prestigio de su camarada.
De no existir un cambio de última hora, el lugar de ese abusador será ocupado por la ex diputada local que estaba en el Sepuede, la neo petista Michaelle Brito Vázquez.
En otra área del gobierno donde también se rumora que existió un nuevo cambio es en Pensiones Civiles de Tlaxcala que va por su tercer responsable en siete meses. Se habla que a esa posición llegó una enfermera por eso de que esa dependencia se encuentra financieramente hablando muy grave.
Lo curioso es que pasan encargados y ninguno de ellos ha querido hablar ni dar resultados de las investigaciones iniciadas para castigar a los responsables de varias ventas de pensiones y de los malos manejos financieros que existieron.
Se dice que por 100 mil pesos Blanca Lara o Celso García, empleados de esa dependencia te hacían pasar por viudo o concubino de alguna pensionada fallecida, con lo cual se estaba en posibilidades de seguir cobrando las pensiones de manera ilegal. Es la fecha que nadie sabe porque la carpeta que existe en la PGJE por esos delitos no avanza y menos por qué nadie quiere generar responsabilidades a un abogado de apellido Cuahutencos, quien presume su cercanía con la actual procuradora de Justicia.
En fin, las cosas están para llorar.
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