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Archiv para marzo, 2018

Manuel Camacho, el protector de maestros borrachos

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Aunque se asume como el funcionario consentido del gobernador Marco Antonio Mena Rodríguez, el titular de la Secretaría de Educación Pública, Manuel Camacho Higareda, aprendió muy rápido el comportamiento priista y como si fuera un viejo militante de ese partido se ha dedicado a proteger y solapar a maestros acusados de borrachos.

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Muy alto será el costo que tendrá que pagar Manuel Camacho Higareda en su prestigio y como responsable de la SEP en Tlaxcala al negarse a aplicar la ley a los maestros que son acusados de consumir bebidas embriagantes en una escuela pública.

Su actitud omisa para sancionar a los profesores José Antonio Rosete Bello, Luis Edgardo Luria Espíndola, Omar Sánchez Moreno, Lenin Santacruz Lima y Javier Rivas Morales, el junior del dirigente de la sección 31 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Demetrio Rivas Corona, que están involucrados en ese escándalo le pesará más de lo imaginado.

Los mencionados docentes de la Secundaria Técnica 35 ubicada en la colonia El Alto en Chiuatempan enviaron una carta aclaratoria a la redacción de e-consulta que ya fue publicada, en la cual no sólo niegan los hechos a los que se les vincula, sino que aseguran que no han sido notificados sobre ningún procedimiento en su contra.

Desesperados por limpiar su imagen, los maestros fueron desmentidos y evidenciados por José Dario Álvarez Díaz, supervisor de la zona 08, quien confirmó las acusaciones que pesan sobre los docentes y aseguró que por parte de las autoridades educativas de Tlaxcala ha existido una extraña omisión para aplicar las sanciones que establece la ley.

Ese funcionario señaló que los maestros involucrados mienten y que Manuel Camacho ha sido omiso sobre el caso, pues no sólo está enterado del problema, sino que ya recibió una instrucción de la Contraloría del Ejecutivo para que proceda y deje de evadir su responsabilidad, sin embargo esa disposición no ha sido acatada pese a que los hechos sucedieron hace más de un año.

Ese comportamiento que prevalece en la Secretaría de Educación Pública es replicado en la mayoría de las dependencias del gobierno del estado, de ahí los diferentes problemas de gobernabilidad que se están generando.

Si no existe voluntad ni interés por aplicar la ley a unos maestros que se emborracharon en una escuela pública, usted cree que las autoridades estatales harán algo para destituir al alcalde de Ixtenco Miguel Ángel Caballero Yonca que generó el caos en su población o que se trabajará para esclarecer el robo violento que sufrió en su casa el diputado perredista Alberto Amaro Corona.

Hay claras evidencias de que algo está fallando en el gobierno de Marco Mena porque los problemas lejos de solucionarse se complican.

A nadie le conviene que el gobierno del estado sea percibido como débil. Las autoridades estatales están ante la disyuntiva de empezar a aplicar la ley y mostrar liderazgo o seguir en esa actitud omisa que contribuye al desgobierno.

El gobernador tiene la palabra.

La farsa de la legalidad al interior del TSJE

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El nuevo presidente del Tribunal Superior de Justicia en el Estado, Héctor Maldonado Bonilla, no pierde oportunidad para presumir y destacar la supuesta legalidad que prevalece en ese poder, misma que no existe porque está tan arraigada la corrupción, el amiguismo, el oportunismo y el tráfico de influencias que todos se prestan para encubrir esas sucias prácticas.

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Estamos a años luz de ver una transformación del Poder Judicial de Tlaxcala.

Las malas prácticas y pésimas costumbres se encuentran incrustadas en su ADN. Hoy se vive un nuevo periodo de complicidad e impunidad que pretenden solapar el libertinaje de la ex presidenta del TSJE Elsa Cordero Martínez y cumplir los caprichos de los magistrados Rebeca Xicoténcatl Corona y Mario Antonio de Jesús Jiménez Martínez.

Acostumbrado a la sumisión y a obedecer órdenes, Héctor Maldonado aceptó como buen mozo convertirse en la tapadera de Cordero Martínez, quien al final de su pésimo periodo como representante del Poder Judicial de Tlaxcala logró al menos 10 basificaciones, de las cuales 5 fueron para personajes ligados a sus intereses.

También a la soberbia abogada le dio tiempo para subir la categoría a 20 trabajadores del TSJE sin rendir cuentas a nadie. Vaya, no le importo que las finanzas del TSJE se encuentren dañadas.

En los últimos días de poder, Elsa Cordero no tuvo empacho en despacharse con la cuchara y grande y sumar cómplices de sus excesos. Por esa razón, permitió que la magistrada María Sofía Margarita Ruiz Escalante incrustara a un familiar más en la nómina de TSJE.

Karla Margarita Moreno Ruiz, hija de la mencionada magistrada y recién egresada de la licenciatura fue designada como Oficial de Partes Juzgado Tercero de lo Civil, violando la ley que establece que para desempeñar ese cargo es necesario comprobar una experiencia mínima de 3 años, lo cual se logra a partir de que se obtiene la cédula profesional.

Sin embargo, la buena suerte de la magistrada María Sofía Margarita Ruiz estaría por terminarse, pues al parecer Héctor Maldonado está siendo presionado por los magistrados Rebeca Xicoténcatl Corona y Mario Antonio de Jesús Jiménez Martínez para impedir que la primera se siga desempeñando como miembro del Consejo de la Judicatura, cuyo periodo vence el 17 de marzo de este año.

La abogada será sometida a una evaluación que incluso fue abierta al personal del TSJE y  a litigantes para determinar si debe o no continuar como representante de los magistrados ante el mencionado consejo.

Antes del 16 de marzo se conocerá el resultado, pero la intención es que Ruiz Escalante sea rechazada para que el pleno del TSJE nombre a otro representante de los magistrados, que por ley puede ser un miembro del Poder Judicial o un externo.

Esa posición la quieren la ambiciosa Rebeca Xicoténcatl Corona y el hábil Mario Antonio de Jesús Jiménez Martínez, pues su intención es que el sobrino del segundo Ramón Jiménez Casco, Juez Primero de lo Penal asuma ese encomienda para que empiecen a tener injerencia en el Consejo de la Judicatura.

Esos dos magistrados están convertidos en los más influyentes al interior del TSJE, de ahí que la magistrada Rebeca Xicoténcatl no tiene ningún problema en llegar tarde y dejarse ver por pocas horas en su centro de trabajo, pues según ella nadie le puede decir algo porque Héctor Maldonado le debe la presidencia del Poder Judicial.

Pero no crea que Xicoténcatl Corona no ha aprovechado su posición, pues ha logrado que Yeniséi Esperanza Flores Guzmán se mantenga como jueza pese a que nunca presentó el examen de oposición que se requiere para ocupar ese puesto.

Y la que de plano anda insoportable en el Poder Judicial es la directora del Centro Estatal de Justicia Alternativa, Georgette Pointelin González, quien asume actitudes de primera dama luego de las múltiples atenciones que le brinda el poblano Héctor Maldonado.

Así las cosas en el TSJE.

La insultante impunidad del SNTE en Tlaxcala

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El nuevo modelo educativo y la mentada reforma educativa son una vil farsa que son insostenibles cuando un solo acto confirma que la impunidad es la que prevalece en un sistema corrupto que protege a influyentes, como es el caso de un junior que se burla de todos sólo por ser hijo del líder de la sección 31 del SNTE.

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El cuasi poeta y aspirante a intelectual que se encarga de la Secretaría de Educación Pública en Tlaxcala, Manuel Camacho Higareda, resultó todo un pusilánime a la hora de aplicar la ley a Javier Rivas Morales, hijo del líder de la poderosa sección 31 del SNTE, Demetrio Rivas Corona, quien en horario laboral y usando las instalaciones de una escuela ingirió bebidas alcohólicas en compañía de otros docentes sin que a la fecha exista alguna autoridad que tenga el valor de sancionar esa conducta.

Los padres de familia de la escuela secundaria Técnica número 35, ubicada en la colonia El Alto, en Chiautempan, han solicitado a las autoridades educativas que castiguen ese comportamiento que se llevó a cabo en dos ocasiones por profesores de dicha institución, pues existen evidencias que comprueban los excesos cometidos por los maestros.

Aunque se iniciaron los procedimientos sancionadores, éstos se frenaron por arte de magia sin que se perciba alguna señal clara de que esos casos se concluirán y se evitará la impunidad que tanto lastima a los tlaxcaltecas.

El pasado 16 de diciembre del 2016 so pretexto del convivio de fin de año, los profesores José Antonio Rosete Bello, Luis Edgardo Luria Espíndola, Omar Sánchez Moreno y Lenin Santacruz fueron sorprendidos por una madre de familia cuando ingerían bebidas embriagantes en el portón trasero de la institución, junto al autobús escolar.

Desde ese momento y con ayuda de las autoridades de la escuela y de la USET se trató de ocultar el nombre de Javier Rivas Morales a fin de evitar un escándalo mayor, sin embargo los padres de familia constataron la presencia del hijo del líder del SNTE y exigieron que también fuera sancionado por esa grave irregularidad.

Para sorpresa de los tutores, el día 9 de enero del 2017 entre las 18:00 y las 20:30 horas, comprobaron que el director del plantel, Eliseo Carro Juárez en compañía del subdirector Pedro Méndez Contreras y el profesor Milton Valdemar Villegas usaban las instalaciones educativas como cantina.

Ambos hechos fueron denunciados ante las autoridades de la Secretaría de Educación Pública en Tlaxcala sin que el personal de esa dependencia haya hecho el mínimo esfuerzo por investigar y proceder conforme a derecho.

Los excesos de los maestros y del influyente junior que goza de la total protección de su papá Demetrio Rivas están documentados y son del conocimiento de Manuel Camacho, secretario de Educación Pública, Leticia Santillán Gracia encargada de la Contraloría Interna de la USET y del supervisor de la zona escolar.

También están enterados la directora de Relaciones Laborales; al jefe del departamento de Recursos Humanos; la Contraloría del Ejecutivo María Maricela Escobar Sánchez; así como al jefe de departamento de Educación Secundaria y Juan Pablo Alvarado Cortes, jefe del departamento Jurídico y Laborales de la SEP-USET y quien ha resultado el mejor aliado de esos docentes acusados de borrachos.

La negligencia y omisión de las autoridades educativas sobre ese caso resulta preocupante.

Ahora se entiende el desorden y caos que prevalece en el sistema educativo de Tlaxcala, pues es obvio que esa dependencia está en manos de un funcionario gallina que le encanta vivir de apariencias.

Cuánta presión mediática será necesaria para que se aplique la ley.

La impunidad del junior hijo del papá líder de la sección 31 de SNTE ofende y encabrona. O no.

Se desinfló la alianza del PAN, PRD, y Movimiento Ciudadano

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La coalición electoral Por México al Frente no prendió en Tlaxcala al grado que ha sido incapaz de mantener el apoyo ciudadano ganado a finales de diciembre y principios de enero. Para los primeros días de marzo su intención de voto apenas si rebasa los 20 puntos porcentuales, dejando la segunda posición para la alianza integrada por el PRI, el Panal y el PVEM.

pri 14 febrero

PAN, PRD y Movimiento Ciudadano se han equivocado al momento de elegir a sus candidatos a los diferentes puestos de elección popular rumbo a los comicios del 1 de julio, pues ninguno supo aprovechar la gran ola opositora que se generó hacia el PRI para posicionarse y ubicarse como una alternativa real para ganar las elecciones.

Ricardo Anaya Cortés, candidato presidencial de la coalición Por México al Frente no logró la unidad al interior de los partidos que lo postularon (PAN, PRD y Movimiento Ciudadano), situación que ayer se vio claramente reflejado en el acto de su registro, donde fue notoria la ausencia de los gobernadores que forman parte de los partidos que integran esa alianza como el de Puebla, Baja California Sur, Chihuahua, Morelos, Veracruz, Querétaro, Durango, Quintana Roo, Michoacán y Aguascalientes.

Sólo asistieron para mostrar su abierto respaldo al ex líder del PAN los mandatarios de Tamaulipas, Baja California, Nayarit, Guanajuato, Tabasco y el jefe de gobierno de la Ciudad de México, lo que fue interpretado como un sigo de división y debilidad ante la fuerza que ha mostrado en los últimos meses el candidato presidencial de Morena, Andrés Manuel López Obrador.

En Tlaxcala conforme ha avanzado la designación de candidatos a legisladores federales se ha desmoronado la expectativa de triunfo. A los electores de la entidad no le ha gustado enterarse que la panista Adriana Dávila Fernández irá por su tercer cargo por la vía plurinominal. Tampoco que la ex perredista y hoy panista Minerva Hernández Ramos podría encabezar la fórmula del mencionado frente para el Senado.

Curiosamente políticos como el perredista Alberto Amaro Corona y el panista Juan Carlos Sánchez García que tendrían mayor capacidad de aceptación y operación no se les permitió competir, con lo cual PAN, PRD y Movimiento Ciudadano van destinados al fracaso en los comicios federales y locales.

Aunque el PAN y el PRD lo nieguen, la realidad es que sus procesos internos para elegir candidatos a legisladores federales y locales han generado divisiones y desánimo entre la militancia de ambos partidos, de ahí que tendrán serios problemas para repetir o lograr el número de diputados que actualmente tienen en el Congreso del Estado.

El PRD siguió los pasos reeleccionistas del PRI y permitió que tres de sus cinco diputados locales vayan por la permanencia en el Poder Legislativo. Adrián Xochitemo Pedraza y César Fredy Cuatecontzi Cuauhtle intentarán repetir si es que ganan los próximos comicios. Alberto Amaro intentará prolongar su estancia en el Congreso del Estado a través de la vía plurinominal, para lo cual amarró la segunda posición de la lista que su partido registrará ante las autoridades electorales.

Las tendencias rumbo a los comicios del 1 de julio han cambio en lo que respecta al PRI y sus aliados (Panal, PVEM y PS), pues ha crecido en sus niveles de aceptación y ya se ubica en la segunda posición, sin embargo aún se encuentra lejos de llegar a los niveles de competencia que muestra Morena y Andrés Manuel López Obrador.

Los datos no mienten y reflejan la desesperanza que existe en el PAN, el PRD y Movimiento Ciudadano, por lo que no es extraño que muchos militantes de esos partidos buscan acomodo y acercamiento con los operadores de López Obrador, quienes se dan el lujo de aplicar una estricta política de selección.

El crecimiento del PRI ha sido mínimo y para ganar posiciones tendrá que hacer milagros en las próximas semanas.

La guillotina podría llegar al IAIP

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La paciencia está por agotarse y la decisión de remover a dos de los tres comisionados que integran el Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales de Tlaxcala (IAIP) podría ejecutarse de un momento a otro, debido a que la actitud de esos funcionarios ha sido de franca rebeldía y de reto al estado de derecho.

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El diálogo que el gobierno del estado estableció como mediador en el conflicto que sostienen los comisionados del IAIP Marlene Alonso Meneses, David Cabrera Canales y Francisco Javier Morones Servín no ha prosperado, pues es evidente que uno de ellos se siente intocable y capaz de someter a todos a su estúpido capricho de ser el jefe aunque sea de manera espuria.

Ante el fracaso que tuvo la política y la negociación en ese caso, se ha llegado a la decisión de recurrir a la ley para poner orden ese organismo autónomo.

Los excesos cometidos por David Cabrera y Francisco Javier Morones que desconocieron a Marlene Alonso como presidenta del IAIP han agotado la paciencia del jefe político del estado, quien sin exabruptos mueve los hilos del poder para poner fin a esa disputa basada en una actitud revanchista y misógina.

Hasta donde se sabe, el Congreso del Estado ya tiene la instrucción de solucionar el problema que entra en su competencia y analizar los elementos jurídicos que permitan cesar de sus cargos al orticista Cabrera Canales y al panista de closet Morones Servín, quienes empezarán a vivir otra realidad una vez que han dejado de tener la protección de la influyente ex secretaria de Gobierno, Anabel Alvarado Varela.

La Procuraduría General de Justicia en el Estado sigue armando la carpeta de investigación iniciada contra ambos comisionados que fueron denunciados por Marlene Alonso, pero en especial contra David Cabrera, quien es acusado de usurpar funciones al ostentarse como presidente del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales de Tlaxcala, cuando es obvio que nunca ha tenido el reconocimiento legal.

Se dice que hay elementos probatorios ante el Ministerio Público que demuestran claramente la violación a la ley por parte de Cabrera Canales, de ahí que el expediente es armado con facilidad al existir evidencias que encuadran el delito.

En las próximas horas se hará un último intento por encontrar una salida negociada al conflicto, pero en caso de no obtener un acuerdo entre los comisionados se optará por la guillotina que dejará al orticismo y al panismo sin posiciones en el Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales.

Pronto podríamos conocer una nueva faceta del gobierno de Marco Mena.

La consigan es no desembolsar ni un peso

Los académicos del el Colegio de Bachilleres de Tlaxcala tendrán la libertad de hacer paros técnicos y las manifestaciones de protesta que quieran para exigir el pago de prestaciones y adeudos salariales, porque la consigna que tiene la altanera directora general de ese subsistema educativo, Silvia Josefina Millán López, es no gastar ni un peso para satisfacer esas legítimas demandas.

La académica y experta en matemáticas fue adiestrada por su protector y amigo Manuel Camacho Higareda, secretario de Educación Pública, para dar largas a esa problemática y evadir cualquier compromiso que implique el pago de los adeudos reclamados por los docentes, bajo el argumento de que las finanzas del Cobat se encuentran muy dañadas.

Millán López difícilmente podrá lidiar con ese conflicto que tarde o temprano subirá de tono, porque su perfil “académico” y no político le impedirá enfrentar el malestar de los catedráticos que no están dispuestos a ceder en sus demandas.

Algo apesta en el Cobat porque no es posible que de un año a otro se haya matado la bonanza que existía. O no.

Pobreza contra popularidad, la verdadera batalla

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A 114 días de que se lleven a cabo las elecciones para elegir presidente de México, senadores, diputados federales y locales, la disputa por los cargos parece centrarse, al menos en Tlaxcala, entre las coaliciones que encabezan por un lado el PRI y por el otro Morena, por lo que las estrategias para asegurar los votos que requieren parece que están definidas.

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Aunque la meta que pretende el PRI con sus aliados (Panal, PVEM y PS) en la elección federal es de 400 mil votos, en realidad buscará obtener 300 mil sufragios que le permitan, por primera vez, ganar los comicios presidenciales, pues en los últimos tres procesos para elegir presidente de México no ha logrado ubicarse como el triunfador en las urnas instaladas en Tlaxcala.

La apuesta del PRI para estos comicios se concentra en los programas sociales y los 500 mil beneficiarios tlaxcaltecas que reciben algún tipo de apoyo del gobierno federal y estatal, de ahí que no resultan extrañas las constantes visitas de funcionarios federales para entregar y repartir recursos económicos antes de que inicien las campañas.

La pobreza y la necesidad de los tlaxcaltecas serán los elementos que explotarán el PRI y sus candidatos para enfrentar la popularidad y deseos de cambio que proyecta Morena a través de su abanderado presidencial Andrés Manuel López Obrador, quien mantiene un arrastre importante entre los electores de la entidad.

En estos comicios el PRI y sus estrategas no le apostarán a la estructura gubernamental para operar abiertamente las elecciones como lo hacía en el gobierno de Mariano González Zarur, sino que recurrirá a los padrones y a un ejército de promotores para visitar y convencer a los beneficiarios de los programas sociales que voten por su candidato presidencial José Antonio Meade Kuribreña y sus abanderados a senadores, diputados federales y locales si es que quieren mantener los apoyos económicos.

Existe un perfil detallado de cada uno de los beneficiarios, así como un diagnóstico de las necesidades que enfrentan y un minucioso mapa que marca con detalle los votos que requiere el PRI en cada sección electoral del estado, por lo que se aprovechará toda la información disponible para garantizar los votos que requiere el partizado para ganar los comicios del 1 de julio.

En las últimas dos elecciones la popularidad de López Obrador ha sido determinante para ganar Tlaxcala. Su meta es sumar 300 mil votos en la entidad, cifra que según sus operadores prácticamente está amarrada pese a la compra y presiones que el PRI y el gobierno estatal ejerzan sobre los electores.

El pasado fin de semana en la convivencia que sostuvo el gobernador Marco Antonio Mena Rodríguez con los amigos que lo ayudaron a ganar la elección local del 2016 comprobaron que la próxima operación electoral tendrá como eje central los programas sociales.

El encuentro que parecía una feria del empleo porque el mandatario recibió múltiples solicitudes de trabajo de los amigos que participaron en su campaña de hace dos años, terminó con una larga lista de personas que, según la promesa de los menistas, serán incorporados a los programas sociales y no a la nómina oficial del gobierno del estado.

Por cierto quien ya se siente el gran estratega y operador del PRI y del mandatario Marco Mena es el titular de la Secretaría Técnica Gobernador, Carlos Bailón Valencia, quien anda presumiendo que hará ganar a Meade y a los candidatos del menismo tal y como lo logró en el 2016, porque según él, la oposición en Tlaxcala está débil y dividida.

La soberbia entre los pocos priistas que están cercanos al gobernador es evidente. Presumen triunfos que por ahora sólo existen en sus mentes, porque la realidad es que el PRI en Tlaxcala aún no entra en una zona de competencia con Morena.

Los yerros de diputados, magistrados y funcionarios

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A la clase política tlaxcalteca le encanta el protagonismo mediático, porque sus acusaciones nunca se traducen en alguna denuncia ante las instancias correspondientes para que puedan ser investigadas y sancionadas, lo que demuestra la gran simulación con que trabajan y pretenden engañar a los ciudadanos.

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El diputado Alberto Amaro Corona confirmó que fue la ex presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE), Elsa Cordero Martínez, la responsable de alertar a los ex presidentes municipales con acusaciones de penales de la existencia de órdenes de aprehensión en su contra, lo que les permitió evadir la cárcel y tramitar amparos.

Adolfo Escobar Jardínez, ex alcalde de Tlaxcala, fue uno de los beneficiados de esa filtración por parte de Elsa Cordero, pero no su ex tesorera Norma S., quien el pasado 10 de enero fue detenida y enviada a la cárcel, cuando la intención era que el panista fuera el primero en pisar una celda ante el manejo dudoso de más de 25 millones de pesos que hizo en las finanzas del ayuntamiento capitalino.

El presidente de la Comisión de Finanzas y Fiscalización del Congreso del Estado reconoció que en los procedimientos contra los ex alcaldes hubo violaciones a la ley al filtrarse información privilegiada, sin embargo es la fecha que no ha presentado alguna denuncia por ese caso para que se investigue y se sancione esa conducta que permitió a los ex presidentes municipales burlarse de la justicia y del trabajo de los legisladores.

Lo más lamentable sobre el caso fue la estúpida defensa que asumió Elsa Cordero respecto al señalamiento que hizo en su contra el diputado perredista Alberto Amaro. La “honorable” abogada negó que hubiera utilizado la información confidencial que tenían los jueces para poner sobre aviso a los ex ediles implicados, dejando entrever que ella no fue pero que a lo mejor un juez si pasó el pitazo.

Esa postura traicionera de Elsa Cordero era de esperarse, pues antes de enfrentar una responsabilidad lo más seguro es que exponga a alguien más.

Además, nadie le puede creer que ella como presidenta del TSJE no estaba al tanto de los procesos penales que se mantenían abiertos en los juzgados y que involucran a más de cinco ex alcaldes.

Ni hablar, Elsa Cordero resultó ser toda una fichita.

Asusta y preocupa la postura que asumió el nuevo procurador de Justicia de Tlaxcala, José Aarón Pérez Carro, sobre el escándalo mediático que provocó la difusión en redes sociales de un video donde se observa como una mujer maltrata con golpes a un par de gemelos oriundos de esta entidad.

Pisoteando la presunción de inocencia de la mujer, el procurador aseguró que se utilizarán todos los instrumentos legales para aplicar el peso de la ley a esa supuesta niñera, porque según el funcionario en la Procuraduría no puede caber un solo espacio para aquellas personas que atentan contra los infantes y que sus conductas sean calificadas como ilícitas.

Si bien la conducta y actitud de la mujer resulta reprobable, lo prudente hubiera sido que el procurador primero investigara el caso y nos informara que sanción podría recibir la acusada y luego asumirse como el defensor de los niños tlaxcaltecas.

Y así como se muestra muy eficiente e interesado en la procuración de justicia sobre ese hecho, ojalá muestre el mismo interés para esclarecer la desaparición de la niña Karla Romero Tezmol, agilizar las investigaciones contra los ex presidentes municipales acusados de corrupción, resolver las ejecuciones estilo narco registradas en Apizaco y en Nativitas, detener a las bandas dedicadas al robo de autotransportes, de casahabitación y de automóviles.

La verdad es que se espera más de un procurador que decía tener una larga experiencia, pero por lo que se ve resultó otro petardo.

Maldonado Bonilla el pelele de Cordero y Jiménez

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Muy poco le duro al marianismo el control del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE) en la figura del blandengue magistrado presidente Héctor Maldonado Bonilla, quien a un mes de haber asumido a la máxima representación del Poder Judicial se encuentra rebasado por la fuerza y control que ejercen los magistrados Elsa Cordero Martínez y Mario Antonio Jiménez Martínez.

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El triunvirato que existe al interior del TSJE ya empezó a generar molestia y desconfianza entre el personal del Poder Judicial de Tlaxcala, debido a que está claro que de ahora en adelante los amigos y aliados de los magistrados Héctor Maldonado, Elsa Cordero y Mario Antonio Jiménez serán los que obtengan ascensos, privilegios y proyección.

Al marianista Maldonado Bonilla le han dejado creer que ejercerá el poder absoluto en el Tribunal Superior de Justicia en el Estado, sin embargo en los hechos su influencia es relativa.

Los que en realidad están fortaleciendo su influencia y control en el Poder Judicial son Elsa Cordero y Mario Antonio Jiménez, quienes lograron llevar a cabo sin ningún problema una rotación de jueces.

La escasa carrera y arraigo en el Poder Judicial de Héctor Maldonado han provocado que sea un vil espectador más del reparto de privilegios, pues la rotación de jueces fue aprovechada por Cordero y Jiménez para castigar a aquellos funcionarios que se han mostrado desleales a sus proyectos, por lo que hubo impartidores de justicia que fueron alejados a juzgados retirados como Calpulalpan y Huamantla.

El cambio se venía consensando desde hace cinco meses entre Elsa Cordero y Mario Antonio Jiménez, por lo que la semana pasada se concretaron esos movimientos una vez que obtuvieron el aval del títere de Héctor Maldonado, quien lejos de intervenir o proponer algún cambio optó por aprobar esa rotación sin chistar nada.

Quedaron libres de algún cambio las juezas consentida de Elsa Cordero y que son Marisol Barba Pérez y Angélica Aragón Sánchez, así como el sobrino del magistrado Mario Antonio Jiménez, el juez Ramón Jiménez Casco, así como otros incondicionales del eterno aspirante a la presidencia del TSJE.

El malestar por la rotación existe y no dude que pronto se empiecen a ventilar asuntos de corrupción ligados a los jueces consentidos, pues es evidente que esos cambios dañaron intereses entre el personal del Poder Judicial de Tlaxcala.

Sin embargo, es probable que esas acusaciones no tengan ningún efecto porque las pocas voces críticas que había al interior del Consejo de la Judicatura ya fueron compradas y hoy se encuentran satisfechas con las migajas que lograron conquistar, al grado que ya olvidaron su lealtad al gobernador Marco Antonio Mena Rodríguez.

Para nadie es un secreto que los consejeros Mildred Murbatián Aguilar y Álvaro García Moreno obtuvieron las plazas que querían y ahora se mueven al compás que les tocan.

Dicen que pronto habrá cambios en el TSJE y que llegará un marianista más a la estructura del Poder Judicial de Tlaxcala. Aunque no está pelón adivinar de quien se trata, se menciona que dicho personaje está encargado de limpiar todos los expedientes de los ex funcionarios del gobierno de Mariano González Zarur que por alguna razón han sido observados por los órganos de control y vigilancia.

Antes de dejar su cargo en la pasada administración, ese abogado que no tiene un pelo de humildad maniobró para que un despacho externo ligado a sus intereses fuera contratado a fin de determinar si los procedimientos contra servidores públicos eran viables. El negocio fue redondo porque es obvio que cobró y al mismo tiempo exculpó a los ex funcionarios involucrados en algún tema delicado.

Lamentable es lo que pasa en el TSJE o no.

Silvia Josefina Millán, una funcionaria de adorno

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A casi 10 meses de haber asumido el control del Colegio de Bachilleres del Estado de Tlaxcala (Cobat), Silvia Josefina Millán López ha demostrado que el cargo le quedó muy grande y que su amplio currículum académico no le fue suficiente para administrar y dirigir eficientemente un subsistema educativo que está a punto de entrar en caos.

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Algo pasa en la actual administración estatal que muchos funcionarios nomás no pueden con la tarea asignada. Llegaron presumiendo enormes trayectorias y una amplia experiencia que tras varios meses no se ve reflejada en acciones concretas o en el control de las áreas que tienen bajo su responsabilidad.

Si para nombrar a un funcionario es necesario que pasen semanas o meses, para despedir o cambiar a algún miembro de la estructura de mando del gabinete legal o ampliado será necesario que ocurra algo extraordinario, de ahí que es muy probable que se siga tolerando y hasta solapando los errores e ineficiencias que algunos servidores públicos como Millán López han mostrado.

La directora general Cobat, Silvia Josefina Millán, tomó el control del subsistema educativo desde el pasado 8 de mayo del 2017, por lo que tuvo tiempo suficiente para conocer la situación legal y administrativa que tenía la Institución, así como enterarse de los excesos en que incurrió el ex director general David Flores Leal y que al final no merecieron ninguna investigación.

Es obvio que la académica lejos de conocer las extrañas del Cobat se dedicó en los últimos meses a tirar rostro en los 24 planteles y ante los 15 mil estudiantes inscritos en la Institución, con un afán protagónico que la hizo olvidar o marginar las relaciones que la parte institucional tenía con los docentes y los trabajadores administrativos.

Replicando las actitudes de cualquier cacique de pueblo, Millán López decidió imponer su ley y sus normas para empezar a dañar los derechos de los trabajadores y presumir que con ella se habían acabado los despilfarros.

Hasta antes de su llegada, era evidente que en el Cobat existían los recursos suficientes para cumplir con las prestaciones laborales que la Institución tenía con los trabajadores. Vaya hasta sobraban.

Para nadie es desconocido que en diciembre del 2016 el entonces director general David Flores después de cumplir con el pago de prestaciones a los trabajadores del subsistema entregaba abultados bonos a sus principales subordinados, demostrando la abundancia que tenían las finanzas del Cobat.

Sin embargo, algo pasó que en el 2017 que los directivos del Cobat no pueden esconder el desorden financiero que enfrentan y optaron por realizar descuentos indebidos en los aguinaldos y suspender el pago (debió cubrirse antes del 15 de diciembre del 2017) de los 16 días de salario convencional a los docentes que no hayan incurrido en faltas de asistencia, ni retardos injustificados durante ese año.

La nueva política administrativa tiene muy molestos a los trabajadores que exigen se respete las fechas de pago salarial en cada una de las quincenas y se actualice la retribución de la prestación de despensa a los docentes laboratoristas de inglés e informática, la cual por contrato a nivel nacional se debió homologar desde el 2008-2009.

Los docentes tendrían que ganar 900 y no 168 pesos que reciben actualmente por parte del Cobat.

Otra inconsistencia administrativa es la falta de pago de finiquitos de los jubilados, proceso que se adeuda desde el 2015 al 2017.

A lo anterior hay que sumar los adeudos millonarios que el Cobat enfrenta por el pago de laudos que la Institución se niega a cubrir a ex trabajadores que fueron despedidos injustificadamente y que cada mes crecen en su monto.

Al final de nada sirvió la llegada de una académica a la dirección general del Cobat porque es evidente que ese subsistema empeoró y está metido en un hoyo y en una crisis financiera que pronto podría convertirse en un dolor de cabeza para el gobierno del estado.

Vientos de cambio soplan en la rectoría de la UAT

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Al rendir su cuarto informe como rector de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, Rubén Reyes Córdoba se alista para dejar esa posición que es buscada por al menos ocho universitarios que estarían ligados al grupo de los Ortiz y al de los Vázquez Galicia. No sería raro que de un momento a otro se convocara al Consejo Universitario y se llevara a cabo el relevo del representante legal de la Institución.

rectoria uat

El cambio de rector en la UAT es inminente al grado que en el último informe del actual rector Rubén Reyes Córdoba se pudo percibir un ambiente diferente, pues los universitarios que aspiran a ese cargo se vieron muy sonrientes y con una actitud muy amigable, como si estuvieran en campaña.

Reyes Córdoba asumió el control de la Universidad a finales de diciembre del 2014, fecha en que Víctor Job Paredes Cuahquentzi decidió separarse del puesto de rector para tratar de conseguir la candidatura del PRD a una diputación federal para los comicios intermedios del 2015.

Aunque a Rubén Reyes le faltarían 10 meses para cumplir un periodo de cuatro años, al interior de la UAT cada vez es más insistente el rumor de un relevo en la rectoría, por lo que varios universitarios ya se mueven para tratar de conseguir esa representación.

Se dice que Rubén Reyes representa al grupo de los Ortiz y que en esta ocasión corresponderá elegir rector al clan de los Vázquez Galicia, sin embargo es un hecho que en la lista de tiradores hay miembros de ambos grupos.

Los que encabezan las menciones para llegar a la oficina principal de la Universidad son Ernesto Meza Sierra, Secretario de Autorrealización, Enrique Vázquez Fernández, Coordinador de la División de Ciencias Sociales y Administrativas y Edilberto Sánchez Delgadillo, responsable de la Secretaría de Extensión Universitaria y Difusión Cultural.

También se manejan los nombres de Antonio Durante Murillo, secretario Técnico, de Luis Armando González Placencia, Secretario Académico, de Elvia Ortiz Ortiz, Coordinadora de la División de Ciencias Biológicas y de Osvaldo Ramírez Ortiz, director de la facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Criminología, así como del eterno aspirante a la rectoría René Elizalde Salazar, encargado de la Fundación UAT.

Rubén Reyes ha sido un rector de bajo perfil que optó por la discreción a diferencia de Víctor Job Paredes que tuvo un papel más protagónico al interior y al exterior de la UAT.

Hace unos días la UAT dejó claro que no está conforme con el trato que recibe de la administración de Marco Antonio Mena Rodríguez, pues según el rector Reyes se mantiene la política de restringir los recursos públicos que legalmente le corresponde a la Institución, al grado que el gobierno del estado adeuda del 2011 al 2017 cerca de 300 millones de pesos.

No sería raro que los grupos de poder de la UAT opten por designar a un rector más aguerrido y con proyección para presionar al gobierno de Marco Mena a fin de lograr una negociación sobre ese supuesto adeudo millonario.

Es cuestión de tiempo para saber quién será el próximo rector de la UAT.