Aunque se asume como el funcionario consentido del gobernador Marco Antonio Mena Rodríguez, el titular de la Secretaría de Educación Pública, Manuel Camacho Higareda, aprendió muy rápido el comportamiento priista y como si fuera un viejo militante de ese partido se ha dedicado a proteger y solapar a maestros acusados de borrachos.

camacho el omiso

Muy alto será el costo que tendrá que pagar Manuel Camacho Higareda en su prestigio y como responsable de la SEP en Tlaxcala al negarse a aplicar la ley a los maestros que son acusados de consumir bebidas embriagantes en una escuela pública.

Su actitud omisa para sancionar a los profesores José Antonio Rosete Bello, Luis Edgardo Luria Espíndola, Omar Sánchez Moreno, Lenin Santacruz Lima y Javier Rivas Morales, el junior del dirigente de la sección 31 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Demetrio Rivas Corona, que están involucrados en ese escándalo le pesará más de lo imaginado.

Los mencionados docentes de la Secundaria Técnica 35 ubicada en la colonia El Alto en Chiuatempan enviaron una carta aclaratoria a la redacción de e-consulta que ya fue publicada, en la cual no sólo niegan los hechos a los que se les vincula, sino que aseguran que no han sido notificados sobre ningún procedimiento en su contra.

Desesperados por limpiar su imagen, los maestros fueron desmentidos y evidenciados por José Dario Álvarez Díaz, supervisor de la zona 08, quien confirmó las acusaciones que pesan sobre los docentes y aseguró que por parte de las autoridades educativas de Tlaxcala ha existido una extraña omisión para aplicar las sanciones que establece la ley.

Ese funcionario señaló que los maestros involucrados mienten y que Manuel Camacho ha sido omiso sobre el caso, pues no sólo está enterado del problema, sino que ya recibió una instrucción de la Contraloría del Ejecutivo para que proceda y deje de evadir su responsabilidad, sin embargo esa disposición no ha sido acatada pese a que los hechos sucedieron hace más de un año.

Ese comportamiento que prevalece en la Secretaría de Educación Pública es replicado en la mayoría de las dependencias del gobierno del estado, de ahí los diferentes problemas de gobernabilidad que se están generando.

Si no existe voluntad ni interés por aplicar la ley a unos maestros que se emborracharon en una escuela pública, usted cree que las autoridades estatales harán algo para destituir al alcalde de Ixtenco Miguel Ángel Caballero Yonca que generó el caos en su población o que se trabajará para esclarecer el robo violento que sufrió en su casa el diputado perredista Alberto Amaro Corona.

Hay claras evidencias de que algo está fallando en el gobierno de Marco Mena porque los problemas lejos de solucionarse se complican.

A nadie le conviene que el gobierno del estado sea percibido como débil. Las autoridades estatales están ante la disyuntiva de empezar a aplicar la ley y mostrar liderazgo o seguir en esa actitud omisa que contribuye al desgobierno.

El gobernador tiene la palabra.