No lo cuente en voz alta, pero resulta que una decena de ex presidentes municipales han empezado a recibir notificaciones para resarcir el daño patrimonial que causaron a los ayuntamientos que mal gobernaron, por lo que aquellos que se opongan podrían enfrentar embargos en sus propiedades que están plenamente identificadas.
Desde hace unos días, el Órgano de Fiscalización Superior viene girando oficios a los actuales alcaldes en funciones por los cuales ordena iniciar los procedimientos administrativos contra sus antecesores, quienes al no justificar la correcta aplicación de los recursos públicos en los plazos establecidos en la ley, ahora tendrán que padecer embargos que garanticen el monto del daño patrimonial provocado a las arcas de sus ayuntamientos.
Los primeros ex alcaldes que se enteraron de dichos procedimientos son el de Ixtacuixtla, Totolac y se dice que también está el de Contla y Zacatelco. Aunque muchos pensaron que sus casos ya se habían olvidado por el tiempo transcurrido –más de dos años de haber dejado el poder-, la realidad es que las acciones legales para tratar de recuperar algo de lo que presuntamente se llevaron de manera ilegal van en serio.
Los casos que hasta ahora se tienen bien confirmados son el de Totolac, cuyo ex alcalde de Nueva Alianza Erasmo Atonal Ortiz dejó un desastre en el ayuntamiento, al igual que el ex priista que mal gobernó el ayuntamiento de Ixtacuixtla, Tomás Vásquez Vásquez, quien desapareció no sólo el dinero público, sino los vehículos oficiales y otros bienes del municipio.
No se descarta que el procedimiento al final termine con un asunto penal, pues se tienen suficientes evidencias contables y jurídicas para comprobar los abusos de los ex presidentes municipales.
Lo que es un hecho es que los mentados procedimientos ordenados por el Órgano de Fiscalización Superior han puesto más que nerviosos a varios ex ediles y a uno que otro alcalde en funciones, porque ya comprobaron que la protección que antes se ofrecía se extinguió.
La defensa perdida de las estancias infantiles
La intermitente diputada federal panista Adriana Dávila Fernández cumplió su ofrecimiento que hizo hace algunos días a las propietarias de las estancias infantiles de encabezar acciones legales para tratar de recuperar el beneficio económico que recibían del gobierno federal, sin embargo su defensa de ese programa es tan chafa como su enorme obsesión de llegar a gobernar un día el estado de Tlaxcala.
Engañando a las supuestas propietarias de las estancias, la señora Dávila firmó el recursos legal junto con los legisladores locales del PAN Leticia Hernández Pérez y Milton López Avendaño, quienes no tienen injerencia en el asunto porque simplemente no están siendo afectados por la decisión del gobierno federal que encabeza Andrés Manuel López Obrador de establecer nuevas reglas de operación, de ahí que es muy probable que su inconformidad sea desechada en un dos por tres.
Los panistas debieron pedir a los beneficiarios de ese programa que presentarán el recurso jurídico y quizá el caso si hubiera sido analizado y estudiado, aunque también su posibilidad de prosperar era remota porque ese beneficio del gobierno federal para apoyar a ciertas familias de escasos recursos económicos y con hijos menores de cuatro años existe y no se canceló como lo aseguran los legisladores del PAN.
Adriana Dávila necesita ser más ingeniosa y audaz para tratar de revivir políticamente, porque si su apuesta es criticar por todo a la administración de López Obrador para ganar reflectores es muy probable que pierda porque hoy en día su credibilidad está por los suelos.
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