El actuar del bisoño secretario de Gobierno de Tlaxcala, José Aarón Pérez Carro, mejor conocido en el círculo político como el hermano del orticista Margarito Pérez Carro, es erróneo, desubicado, sin sentido y a destiempo en lo que respecta a los conflictos que enfrenta, porque lejos de encontrar soluciones los alienta y fomenta al grado que debilita al gobierno del estado.
La debilidad y falta de carácter del actual gobierno estatal ya se percibe entre la clase política y poco a poco entre el imaginario colectivo, de ahí que cada vez surjan más conflictos en los ayuntamientos, en instituciones educativas y en la recién fracturada relación entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo.
El sonso actuar de José Aarón Pérez sólo ha retrasado y polarizado los problemas reportados en algunos municipios como Ixtenco, Xaltocan, Españita, Calpulalpan y Axocomanitla, donde según ese iluso funcionario no existen riesgos de ingobernabilidad, pero tampoco el talento y la voluntad de aplicar la ley.
El intrascendente ex procurador y ex empleado de la PGR asumió la Secretaría de Gobierno el pasado 9 de julio, por lo que tuvo tiempo suficiente para atender y resolver el caso de Ixtenco que la anterior legislatura sólo evadió y pospuso al suspender por 90 días al alcalde Miguel Ángel Caballero Yonca.
La recomendación que emitió Pérez Carro el pasado fin de semana a los nuevos diputados locales sobre la ausencia de condiciones políticas y sociales en Ixtenco para la reincorporación del presidente municipal careció de consistencia y su “extrema preocupación” sobre ese conflicto resultaron palabras huecas, porque lejos de mostrarse como una instancia imparcial optó por inclinar la balanza del lado de los regidores y habitantes de esa población que se oponen al regreso de su edil.
Eso alentó la protesta que ayer se registró en los accesos de ese municipio, cuando u reducido grupo de personas impidió la circulación de vehículos.
La carta que José Aarón Pérez envió a la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Luz Vera Díaz, a quien amablemente le pidió considerar la ampliación de 90 días más el plazo de suspensión del presidente municipal de Ixtenco dibuja claramente su parsimonia y desdén por desempeñar su cargo, pues «con todo respeto institucional» ahora sí pretende establecer «mesas de diálogo” entre las partes involucradas para evitar que se repitan los hechos tan lamentables como los registrados el 14 de marzo de este año.
Según el funcionario el máximo interés del Poder Ejecutivo es la protección de los derechos de los ciudadanos del estado, por lo que es necesario mantener la paz social del municipio de Ixtenco en beneficio de sus habitantes.
Lo malo es que pareciera que la protección de los derechos humanos de los tlaxcaltecas es selectiva, toda vez que esa postura no la percibe la mujer golpeada por personas cercanas al regidor del ayuntamiento de Españita, ni el niño que fue enviado al hospital por sus compañeros tras una agresión registrada en una escuela de Apizaco, ni el síndico de Axocomanitla que fue cacheteado por la furibunda alcaldesa Martha Palafox bautizada como “Mama Lucha”.
Tampoco ven esa protección los presidentes de comunidad de Calpulalpan que exigen la destitución de su alcalde Neftalí Gutiérrez Juárez, quien también estaría siendo acusado de golpear a una autoridad de un pueblo y de presuntos malos manejos financieros.
El secretario de Gobierno debe reconocer que su trabajo es malito por no decir pésimo, al grado que su jefe el mandatario Marco Antonio Mena Rodríguez decidió ayer interrumpir su traslado a Calpulalpan para conmemoran la anexión de ese municipio a territorio tlaxcalteca, debido a que no existían las condiciones para garantizar su presencia.
Al parecer las autoridades estatales no sólo tiene miedo de enfrentar el descontento social de los habitantes, sino el de los diputados locales que fueron tachados de mentirosos al hacer pública una llamada del enlace del gobernador Arnulfo Arévalo Lara para darles línea en la designación de los funcionarios de los órganos directivos del Congreso del Estado, pues según la postura del mandatario ese hecho nunca existió.
Es evidente que al interior de la actual administración estatal existe descontrol y sobre reaccionan ante ciertos hechos, como a los señalamientos realizados por el diputado petista Víctor Castro López en torno a la problemática registrada en los hospitales y clínicas de la entidad.
La denuncia que hizo el legislador del PT en la tribuna de Congreso del Estado no había logrado mucho impacto, pero gracias a la campaña mediática para satanizar a ese legislador ésta ya permeó y ahora enfermeras, médicos y el público busca más al diputado para denunciar las anomalías que pululan en ese sector.
Con ese comportamiento de los funcionarios estatales difícilmente se solucionarán los conflictos existentes.
Finalmente una humilde recomendación al farsante procurador José Antonio Aquiahuatl Sánchez.
Deje de usar a los policías ministeriales y a los agentes del ministerio público para tratar de indagar quién fue la persona que suele pasar información en torno a los malos manejos que existen al interior de la Procuraduría General de Justicia en el Estado y utilice esos esfuerzos de su personal para perseguir y detener a los criminales que actúan con total impunidad en Tlaxcala.
Tiene muchos pendientes. Los lamentables hechos registrados ayer como el asesinato de un comerciante en Zacatelco y el robo violento de un comando armado cometido contra ciudadanos dedicados a la venta de ropa requieren su urgente atención , por lo que mejor póngase a trabajar y deje su barato protagonismo.