Un secreto a voces es que la mayoría de los expresidentes municipales saquearon impunemente los ayuntamientos. Se muestran confiados en que no les pasará nada porque en Tlaxcala nunca se ha procedido contra un ex alcalde, sin embargo los excesos fueron tan grandes que esa historia podría cambiar en este año.
La impunidad que prevalece en Tlaxcala para castigar la corrupción ya no puede seguir. Urge establecer el sistema estatal anticorrupción que frene los saqueos que se registran en las arcas estatales y municipales.
Después de las denuncias que los alcaldes hicieron el pasado lunes ante el gobernador Marco Antonio Mena Rodríguez sobre los excesos cometidos por los ex presidentes municipales, queda claro que el actual sistema de vigilancia y revisión que realiza el Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del estado no sirve de nada.
Resulta ilógico que los presidentes municipales en funciones se quejen y documenten presuntos malos manejos financieros de sus antecesores, cuando en la pasada legislatura se aprobaron varias cuentas públicas de algunos ayuntamientos que hoy están en crisis por culpa de los ex ediles.
Pero hoy todos forman parte de una gran simulación, pues ha pasado un mes y ocho días de que las nuevas autoridades asumieron sus cargos y prácticamente ningún miembro del gabinete de Marco Mena y ni un presidente municipal ha dado a conocer su declaración tres de tres.
Estoy seguro que el gobernador Mena Rodríguez también encontró anomalías financieras en algunas dependencias estatales, sin embargo evitará hablar de ellas para no hacer más tensa su relación con el ex mandatario Mariano González Zarur.
Tan es así que antes de optar por nuevos nombramientos de funcionaios en el gabinete ampliado, el gobernador de Tlaxcala decidió controlar las áreas administrativas de las dependencias más importantes y que disponen de mayor cantidad de recursos.
La lista de proveedores cambiará y ahora serán otras empresas las beneficiadas con las compras que realice el gobierno estatal. Esperemos que el titular de la Secoduvi Francisco Javier Romero no tenga prestanombres en compañías constructoras como sucedía con su antecesor Roberto Romano Montealegre o que el dueño de Providencia Rafael Torres siga vendiendo equipo de cómputo chafa a través de una comercializadora que le pemitió en la pasada administración hacer negocios millonarios.
Cuántos días más tendrán que pasar para conocer las declaraciones tres de tres de los miembros del gabinete, de los diputados locales, de los presidentes municipales y de aquellos funcionarios que por ley deberán hacer pública su situación patrimonial, su carta de conflicto de intereses y su declaración fiscal.
Si para cumplir con el anterior requisito se observa una enorme lentitud, no quiero pensar que pasará cuando los legisladores tengan que analizar reformas que permitan echar a andar el sistema estatal anticorrupción sobre todo porque deberán cambiar leyes como la de responsabilidades de los servidores públicos, la lde fiscalización y otras normas como el código penal.
Ojalá la prevención y el combate de la corrupción, la transparencia y rendición de cuentas no sean líneas discursivas de las nuevas autoridades que se queden en el papel, porque los ciudadanos exigen hechos concretos y sobre todo sanciones para aquellos que abusaron del poder y del dinero público.
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