Nos persiguen por delitos que ya prescribieron, tal vez eso no lo tomaron en cuenta quienes nos dieron trato de delincuentes y nos aplicaron una fianza ofensiva.
Pasar a la Justicia por el arco del triunfo no garantiza sin embargo, una estrategia inteligente. Al contrario, en el caso de nuestra detención pone de relieve la superficialidad con la cual el gobierno actúa, sin reparar en las consecuencias.
Nuestra defensa ha comprobado que las denuncias por el delito de difamación -ya de sí muy cuestionadas- prescribieron desde hace seis a nueve meses en promedio.
Es decir, nos dieron el trato de delincuentes pero nunca se percataron que las acusaciones, ni siquiera estaban vigentes.
Las declaraciones del juez que ordenó nuestra aprehensión -consignadas por un video del portal Código Tlaxcala- nos parecen la indigna sumisión del Poder Judicial, pero en un flaco favor, pues ni siquiera el funcionario exhibido da muestras de estar convencido de su proceder.
El Artículo 79 del Código Penal de Tlaxcala, demuestra una clara consigna en nuestra contra. «La acción penal prescribirá en un plazo igual al término medio aritmético de la sanción privativa de la libertad que corresponda al delito, pero en ningún caso bajará de un año”.
La sanción por el delito de difamación va de un mes a dos años de prisión, según el artículo 79 del propio Código Penal vigente, es decir, para que nuestra detención no fuese ilegal tuvo que haberse dado antes de cumplirse un año y quince días de cometida la falta.
El contenido del artículo 249 es el siguiente: “Se aplicara prisión de un mes a dos años y multa de cuatro a cuarenta días de salario, al que comunicare a una o más personas la imputación que se hace a otra persona física o jurídica, de un hecho cierto o falso, determinado o indeterminado, que cause o pueda causarle deshonra, descredito o perjuicio, o exponerla al desprecio de alguien”.
Creo que las manifestaciones, lo mismo de compañeros del gremio que de legisladores, en el Senado, en la Cámara de Diputados, en el Congreso local, no son fortuitos.
Es la reprobación de una clara mayoría al autoritarismo de este régimen, funcionando incluso a contrapelo del Pacto por México y demás estrategias del Gobierno Federal para procurar un aire democrático, donde la diversidad se sobreponga a la tentación del garrote.
Tal vez nos ha tocado una especie de labor de sacrificio, pero en la otra parte de los escenarios creados por la propia autoridad, el atentado contra la Libertad de Expresión, es a penas la punta de un volumnioso iceberg de corrupción y violencia que, gracias a funcionarios como don Ubaldo Velasco Hernández, está hoy en manos de medios y organizaciones, nacionales e internacionales.
Las fechas de las columnas a las que hace referencia el funcionario del gobierno estatal son las siguientes: quince de junio del año dos mil once, quince de julio del año dos mil once, once de agosto del año dos mil once, diecisiete de agosto del año dos mil once y dos de septiembre del año dos mil once.
Apliquemos el artículo 79, “el término medio aritmético de la sanción”, tenemos la prescripción de los delitos con estos plazos respectivamente: “nueve meses con ocho días; ocho meses con ocho días; siete meses doce días; siete meses seis días; seis meses veitiún días”.
El delito de DIFAMACION por el que se me acusó, tiene una sanción de un mes a dos años de prisión, de tal suerte que el término medio aritmético del delito en comento es de UN AÑO QUINCE DIAS, atendiendo a la operación aritmética siguiente: (1 mes+ 24 meses= 25 meses/2= 12.5 meses)”.
Llamémosla claridad legal. Toda ella ha sido insuficiente para motivar la apertura de ojos a un sistema empeñado en volver la vista a escenarios enviados hace años a esa bodega de cosas ignominiosas, que nos causan pena y nos dibujan una imagen que no corresponde al tiempo que vivimos.
Justicia por consigna en un estado con múltiples pendientes.
Acallamiento de una voz crítica, como pensando que dichos pendientes se disiparán.
Hay que ver la reacción del gremio. El señor Mariano González y sus delicados funcionarios públicos, tuvieron frente a sus ojos el crecimiento espontáneo y exponencial de opinadores, reporteros, reporteros gráficos y directivos de medios.
Esa manera arrebatada de proceder hizo que todos seamos Martín Ruiz, lo expongo con la mayor humildad, pero seguro de que el agravio a la libertad de expresión del que fuimos objeto nos fue causa común para responder con entereza y dignidad a semejante atropello.